23-10-2018.- En la comparecencia de la secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno, legisladores de distintos grupos parlamentarios la cuestionaron sobre contrataciones gubernamentales, aplicación de recursos en las obras de reconstrucción por los sismos de 2017, y el nombramiento pendiente del Fiscal Anticorrupción.

La titular de la SFP reconoció que la falta del Fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados, son grandes pendientes para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción; “ellos tienen importantes tareas encomendadas y son elementos relevantes para combatir los actos deshonestos, pero son temas que corresponden al Senado”.

Constituye una gran expectativa que tanto el Fiscal como los magistrados especializados en la materia sean nombrados antes de que concluya el actual periodo de sesiones en diciembre próximo, apuntó.

Al iniciar la segunda ronda de cuestionamientos, la diputada Nayeli Fernández Cruz (Morena) preguntó sobre la actuación del testigo social que designó la SFP para la contratación de la obra conocida como “Paso Express”, toda vez que su testimonio debió analizarse de manera inmediata y obligatoria, cosa que no ocurrió, porque lo entregó días después.

En respuesta, Arely Gómez González indicó: se determinó la cancelación del testigo social en la obra del libramiento en Cuernavaca, y la SFP inició un procedimiento de investigación, lo cual no es menor, ya que fue la primera vez que ocurría. Dejó claro que la investigación del hecho está sujeta al escrutinio público; además, se abrieron más indagaciones sobre toda la obra.

Héctor Serrano Cortes, diputado del PRD, consideró importante que ante el cambio de gobierno se fortalezcan las instituciones, pues la confianza es necesaria para comenzar una relación cordial. Al respecto, inquirió qué se hará en las secretarías federales que tienen mayor número de procesos iniciados por actos deshonestos.

También del PRD, Estefanía Rosas Martínez comentó que la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización depende de todos los entes públicos, a fin de que las mejoras sean reales, pero consideró que hay ausencia de participación ciudadana, por lo que pidió a la titular de la SFP sentar las bases para dar más apertura en ese tema.

La funcionaria apuntó que en 2017, la Segob y la SEP fueron las dependencias con más servidores públicos sancionados, y eso obedece a que son entes públicos con plantilla de personal muy numerosa. “Se reprendió a trabajadores por negligencia administrativa, incumplimiento de presentación de declaración patrimonial, ejercicio indebido de funciones, violación de procedimientos de contratación”.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) estimó que la corrupción es un agravio que lacera a todos los mexicanos. Después de la reforma de 2014, se planteó una Fiscalía General de la República; a cuatro años esa entidad y su autonomía “sigue en el limbo”, igual que el Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados especializados. Preguntó si la falta del Fiscal y magistrados, han impedido el óptimo desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Arely Gómez dijo que a pesar de la ausencia de esas figuras, el comité coordinador entró en funciones desde 2017, y ha celebrado sesiones en las que se han presentado insumos que dan cumplimiento a lo establecido en las leyes de SNA.

Dionicia Vázquez García, diputada del PT, consideró que la SFP es responsable de que los servidores públicos realicen su labor apegada a la legalidad, y sancionar a quienes no lo hacen así; estimó que la SFP nunca se han pronunciado en contra de funcionarios señalados por actos corruptos; por tanto, pidió saber qué hace dicha dependencia y cómo trabaja en el caso de Odebrecht.

Arely Gómez puntualizó que la dependencia a su cargo es competente para conocer y resolver responsabilidades administrativas del caso Odebrecht. Se han investigado a 21 filiales y sancionado a 2 por contratos celebrados con Pemex, identificados como Tula 1 y Tula 2. Sostuvo que lo no investigado por la SFP obedece a que al momento de los hechos, la conducta de cohecho no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas; no obstante, se investigó lo que la norma permitía.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón (PES) cuestionó qué acciones se han emprendido en contra de casos de corrupción que, prácticamente, suceden en todas las dependencias del gobierno, entidades y municipios. Es un mal que aqueja al país, pero de la mano con el próximo gobierno “seremos implacables contra ese problema”.

En respuesta, la titular de la ASF puntualizó que la dependencia ha procurado la promoción y difusión de ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés. “Se han elaborado 220 materiales cuyo objetivo es promover principios de integridad que deben regir el desempeño de los servidores públicos". Resaltó que los 305 comités de ética están conformados por 5 mil 200 servidores.

Fernando Donato De las Fuentes, diputado priista, subrayó que la transparencia y rendición de cuentas son pilares de toda gestión pública eficiente, por lo que solicitó información sobre las acciones que la SFP ha realizado para vigilar la correcta aplicación de recursos en el proceso de reconstrucción por los sismos de 2017.

La diputada Marcela Guillermina Velazco González (PRI) estimó que la SFP ha sido parte importante en el proceso de reconstrucción, ya que ha dado certeza a la ciudadanía.

En respuesta, Gómez González indicó que se habilitó el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), con un apartado específico para evidenciar irregularidades relacionadas con las actividades de reconstrucción por los sismos. Además, se realizó una auditoría transversal para verificar levantamiento de censos, contratación de asistencia técnica y aplicación de recursos.

El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN) consideró que los ominosos casos de corrupción como la Estafa Maestra requieren investigación; pidió saber si se ha iniciado la revisión patrimonial de ex funcionarios como Emilio Lozoya. También preguntó si la SFP trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para detectar incremento en capitales de servidores como Rosario Robles. Además, inquirió si existen sanciones por el caso de cancelación del tren México-Querétaro.

Arely Gómez afirmó que sí existen verificaciones patrimoniales a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley están en etapa de aclaraciones, por lo que “respetando su derecho de defensa no puedo dar más información al respecto”. Por otro lado, comentó que no ha sido necesario solicitar datos a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque los expedientes se presentan ante la Procuraduría General de la República. Sobre el tren México-Querétaro, explicó que la obra se suspendió en 2015 y, en octubre de 2017, se pagó un monto por gastos no recuperables al consorcio que llevaba la tarea.

La diputada de Morena, Sandra González Castañeda, estimó que la SFP debe promover la cultura de la legalidad y sancionar las malas prácticas, lo que no ha hecho. Cuestionó si se juzgará a Emilio Lozoya, por caso Odebrecht, y cuáles son las implicaciones en contra de la empresa española OHL, cuyos directivos incurrieron en conflicto de interés con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En su comentario, la diputada de mismo partido, Lidia García Anaya, pidió saber cuál es el porcentaje de avance y si el gobierno entregará libros blancos y memorias documentales.

Finalmente, Arely Gómez González habló sobre la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, ratificada en México desde 1999, y es el único instrumento que está centrado en la corrupción.

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