30-10-2018.- Legisladores de todos los grupos parlamentarios cuestionaron al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, sobre la implementación de la Reforma Educativa, el Servicio Profesional Docente, las condiciones del nivel de formación superior y la reconstrucción de planteles dañados por los sismos de 2017.

En su comparecencia, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno, el titular de la SEP recordó que la reforma nació del Pacto por México y fue impulsada por distintas fuerzas políticas; sin embargo, reconoció que en su ejecución “pudimos haber tenido mejores procesos de comunicación con maestros y padres de familia”.

También admitió que pese a los avances innegables de la política educativa, hay asignaturas pendientes; es decir, exhibe aciertos e insuficiencias. “Así como tenemos lecciones aprendidas, existen áreas de oportunidad”, precisó.

En la primera ronda de preguntas, la diputada Adela Piña Bernal (Morena) sostuvo que se vive una auténtica tragedia en todo el sistema de enseñanza, desde el nivel preescolar hasta el posgrado, y afirmó que la reforma no fue educativa sino administrativa y laboral. Consideró que “es momento de reconocer que ha sido un fracaso”. Además, cuestionó por qué se dice que es de calidad, cuando muchos planteles no cuentan con un baño, carecen de un espacio físico para biblioteca o su infraestructura es deficiente.

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade celebró a los maestros comprometidos con la educación de la calidad y señaló que se debe evaluar a todos los actores: autoridades, gobierno, padres de familia y docentes. “Nosotros no nos negamos a la evaluación; la exigimos, pero debe ser formativa y no punitiva. La Reforma Educativa va a ir a dar a la basura”.

En respuesta, Granados Roldán destacó que esta administración invirtió en el sector educativo 327 por ciento más que en los últimos dos sexenios, y hoy hay 149 mil escuelas con energía eléctrica y 150 mil con baños.

Por el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal destacó que existen carencias en la educación pública que requieren ser resueltas y consideró necesario implementar políticas públicas eficientes que permitan aprovechar la reforma. Preguntó sobre la evolución, los cambios y los logros alcanzados en el aprendizaje de los alumnos de educación básica en pruebas nacionales e internacionales y qué reforma requiere México para solucionar las deficiencias en este sector.

El titular de la SEP indicó que el área de oportunidad que ha abierto este proceso de cambio es que todos seamos corresponsables, junto con los maestros, las autoridades educativas locales y federales. “Necesitamos, como parte de esa construcción y de nueva gobernanza, un compromiso mucho mayor por parte de los gobiernos estatales para poder trabajar, y diseñar procesos de intervención de política pública educativa que puedan levantar a las entidades que hoy están rezagadas”.

Cynthia Iliana López Castro, diputada del PRI, advirtió que la abrogación de la Reforma Educativa implicará cancelar todos los programas impulsados en la materia, como las escuelas de tiempo completo, las Escuelas Al Cien, los programas de profesionalización continua y la existencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Preguntó por las implicaciones en el corto plazo ante una cancelación de los componentes de la reforma y qué consecuencias tendría y de qué manera afectaría a la educación de calidad.

Su compañero de bancada, diputado Ricardo Aguilar Castillo resaltó que el gobierno federal ha estado a la altura de lo que exige hoy el mundo: cambio pedagógico, equidad, inclusión, reflexión, aprendizaje, lengua indígena; materna, docentes con acompañamiento pedagógico, gobernanza educativa y formación profesional.

El funcionario expresó que con todos los ajustes, las mejoras y los cambios que sean necesarios, se tendrá una política en beneficio de las niñas y de los niños. Se pueden hacer ajustes, aclaró, “pero ahí hay una semilla que, a mí me parece, va a dar muchos frutos para la educación de México. La próxima generación de acciones educativas va a abrir una nueva área de oportunidad para las entidades federativas. Si interrumpimos un esfuerzo de esa naturaleza, vemos entre el norte y el sur del país una distancia en años de escolaridad y niveles de analfabetismo que no se van a corregir, sino a profundizar”.

Arturo Pérez Negrón, diputado del PES, pidió saber cómo se reorientaron los recursos del programa Escuelas Al Cien, a causa de los sismos del 2017. Además, cuál es el avance de ese programa y de qué manera se han atendido los planteles que resultaron severamente dañados.

El funcionario sostuvo que el Fonden es un mecanismo demasiado complicado y burocratizado para situaciones de emergencia. “Es otra área de oportunidad que hemos compartido con el equipo entrante de la SEP: explorar la posibilidad de crear un fondo exclusivamente educativo, que pueda reaccionar mucho más rápidamente, sin tanto papeleo, con transparencia y eficacia para atender situaciones de desastre”.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) expresó que la mal llamada Reforma Educativa se olvidó de los menores y los jóvenes. “Se asegura que se rehabilitaron 30 mil escuelas, pero lo cierto es que el Programa de Escuelas Al Cien posee un escándalo de corrupción”. Además, quiso saber en qué condiciones se deja el sistema de nivel superior y cuál es la deuda de estas instituciones.

Otto Granados mencionó que el Sistema de Educación Superior, en muchos sentidos, está entrando en serias dificultades, ya que, si bien la matricula creció 132 veces, de 1960 a la actualidad las escuelas superiores tienen serios problemas financieros. Añadió que tan sólo en diez universidades existe un déficit acumulado de 15 mil millones de pesos.

Explicó que ese panorama financiero se generó por el sistema de pensiones y jubilaciones, el cual, en gran parte de las universidades, se encuentra técnicamente quebrado; adicionalmente, se elevaron las prestaciones no reconocidas, entre otras causas. Agregó que en los pasados siete años se dotaron a las universidades de recursos extraordinarios por alrededor de 10 mil millones de pesos.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) señaló que los maestros viven una crisis en su desempeño, principalmente por no tener certeza laboral; además, la enseñanza entró en un proceso de burocratización de los métodos escolares. Los profesores realizan muchas gestiones administrativas, por lo que preguntó si es posible centrar el aprendizaje y la enseñanza en los alumnos, cuando se les da tal carga de trabajo.

El funcionario admitió que hay un exceso de obligaciones administrativas que deben cubrir los directores, pero se trabaja en la construcción de un nuevo sistema que permita hacer una plataforma muy robusta que les descargue ese tipo de actividades y puedan dedicarse centralmente a la gestión escolar.

Del PRD, la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez indicó que, de acuerdo con el Informe de Gobierno, en el proceso del servicio profesional docente hubo más de 205 mil participantes en el concurso de oposición para su ingreso, pero existen solicitantes a los que “no se les ha otorgado su lugar de trabajo, pese haber acreditado todos los requisitos”. Cuestionó si existe carencia de plazas educativas por motivos presupuestales; además, cómo se ha desarrollado el proceso de autonomía de gestión de la escuela.

Respecto a las plazas disponibles, el titular de la SEP negó que exista limitación presupuestal. Explicó que, a partir de los concursos de ingreso, hay aproximadamente 202 mil nuevos maestros en todas las escuelas del país; sin embargo, hay una asimetría de crecimientos de matrícula donde algunos estados tienen un incremento más veloz que otros. En la primera quincena de octubre, continuó, todas las entidades contaron con 136 mil plazas vacantes, por lo que podrían someterlas a concurso para que se pueda contratar a más maestros.

Mencionó que la SEP propuso a la siguiente administración, crear un banco nacional con las plazas disponibles conducido por la Federación en consenso con los estados, a fin de hacer una relocalización de espacios para las entidades que les faltan.

Por el PVEM, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez mencionó que la Reforma Educativa implicó crear un nuevo modelo formativo, con mejores condiciones para un servicio profesional docente, con el compromiso de incrementar la cobertura y poner a las escuelas al centro. Pidió conocer las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la elaboración de la Reforma.

El secretario aclaró que los cambios educativos que se produjeron en este sexenio no fueron derivados de una recomendación de la OCDE. Detalló que desde 1979, cuando se celebró en México la conferencia de la UNESCO sobre educación, se plantearon una serie de innovaciones, recomendaciones, no sólo para nuestro país, sino para todas las naciones emergentes, a fin de abordar con un nuevo enfoque lo que podría ser una política educativa pensada, diseñada, formulada y ejecutada para el siglo XXI.

En su intervención inicial, Granados Roldán manifestó que más allá de tener enfoques, políticas e ideas distintas, hay coincidencia en ofrecer enseñanza de calidad a los estudiantes y que, quienes asistan a instituciones públicas, tengan la misma o una mayor oportunidad que los que acuden a escuelas privadas.

El nuevo modelo educativo, aseguró, otorga aprendizajes clave que requieren los alumnos para salir adelante; es decir, forma a niñas, niños y jóvenes con competencias curriculares, habilidades socioemocionales y equipamiento intelectual para ser ciudadanos seguros, íntegros, preparados y felices. En lo fundamental, se han abierto posibilidades de mejor vida y un futuro promisorio para los estudiantes, que son los verdaderos beneficiarios.

No obstante, consideró que “tenemos un país diverso y desigual, que es uno y muchos a la vez, pues sobre el mismo suelo conviven regiones que pareciera que apenas salen del siglo XIX, con otras que ingresan al Siglo XXI”.

Apuntó que en la mitad de las 90 mil primarias que existen en el país, se concentra el 87 por ciento de la matrícula. Hay entidades donde la escolaridad promedio supera los 11 grados, pero en otros está por debajo de los ocho. Además, hay municipios con analfabetismo menor al 1 por ciento y otros que reportan casi 40 puntos porcentuales.

El titular de la SEP precisó que México tiene el noveno sistema educativo más grande del mundo, con 36.5 millones de alumnos, y dos millones 85 mil maestros que laboran en 258 mil escuelas, de las cuales el 86 por ciento son públicas.

La escolaridad promedio es de 9.5 grados y la tasa de analfabetismo de 4.1 por ciento, aunque se estima que para el final del sexenio quede en 4, para ser la más baja de la historia y que, de acuerdo a estándares internacionales, México sea un país plenamente alfabetizado.

La educación básica atiende a 24.4 millones de alumnos, lo que es una cobertura de 96 por ciento, para la población de 3 a 12 años de edad. La eficiencia terminal en primaria es de 97 por ciento, 86 en secundaria, 67 en educación media superior y 71.5 por ciento en superior. Agregó que el 30 por ciento de matrícula pública recibe 7.5 millones de becas.

Apuntó que hoy, en todas las modalidades, 4.5 millones de jóvenes estudian una carrera y, de ellos, más de un millón 100 mil provienen de sectores socioeconómicos rezagados. “Actualmente, uno de cada cuatro estudiantes desfavorecidos cursan la educación superior”.

Sobre el servicio profesional docente, indicó, han participado más de un millón 520 mil maestros de nivel básico y medio superior e ingresan uno de cada 4 aspirantes a la enseñanza pública. Unos “242 mil han obtenido una plaza o promoción de manera transparente por su mérito y capacidad”. Agregó que 133 mil perciben distintos incentivos económicos, por haber obtenido las calificaciones más altas en su desempeño.

En materia de infraestructura educativa, puntualizó, se habrá invertido hasta el final del sexenio, mediante distintos fondos y programas, casi 139 mil millones de pesos (mdp), el mayor monto en las últimas cinco décadas.

En el ciclo 2017-2018, operaban 25 mil 134 escuelas de tiempo completo en el país, en beneficio de 3.6 millones de alumnos y, además, son las que mejor desempeño muestran en los distintos indicadores. También destacó mejoras en las pruebas que evalúan el aprendizaje; Planea, entre 2015-2017, arrojó que 11 entidades incrementaron significativamente sus resultados. “Si se mantiene la tendencia, estimó, puede cambiar el panorama educativo de manera más rápida”.

Por otro lado, resaltó que con la creación del Fondo de aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo, ha sido posible lograr eficiencia y transparencia en el pago de los servicios de educación básica y normal en las distintas unidades. Además, se cumplió con obligaciones fiscales federales de 37 mil mdp adicionales de ISR en el primer año de operación, y 84 mil mdp en 2017. También se regularizaron 44 mil plazas, cuyo costo equivalía a 5 mil mdp anuales.

Granados Roldán reconoció que falta mucho por hacer y el camino es difícil, ya que la enseñanza es, por definición, una obra en construcción. “Toda transformación educativa es un proceso complejo que madura y se consolida a largo plazo, como se observa en los países que la han emprendido con éxito”.

Ofrecer educación equitativa e incluyente, concluyó, es un desafío institucional, político y presupuestal mayúsculo pero, sobre todo, un reto moral y ético; no obstante, tener logros de aprendizaje y mejores maestros, contenidos y escuelas, ha sido el horizonte que ha orientado las acciones educativas del Estado.

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