• Todo aquel que cometió desvío de recursos, gasto irregular y daño al erario público, será castigado: Ramírez Cuellar

30-10-2018.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinó que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2016 e instruyó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continuar el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con esta cuenta, para que en su caso, sancione las faltas administrativas que le competan, en los términos previstos por la Ley General de responsabilidades Administrativas.

En reunión de trabajo del órgano legislativo, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), se avaló el dictamen respectivo, el cual señala que el Ejecutivo Federal ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, y que incumplió la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto en el ejercicio fiscal 2016, establecido en 3.1 por ciento, alcanzando solamente el 2.3.

Ramírez Cuellar explicó que esta Cuenta Pública no puede aprobarse “es una sanción a la forma en cómo se ejerció el gasto en ese año”. Precisó que la Comisión a su cargo quiere ejercer a plenitud su papel en materia de aprobación del gasto, pero también de fiscalización.

Al dar lectura al documento, el diputado Xavier Azuara Zúñiga (PAN), coordinador de la Subcomisión de Cuenta Pública 2016, señaló que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y no se cumplieron los objetivos de la política de gasto.

Destacó que durante ese año, la deuda bruta del gobierno federal ascendió a siete billones 447 mil 963 millones de pesos, que equivale a un aumento de 952 mil 884.7 millones de pesos más respecto al año anterior.

Mencionó que, de la fiscalización del ejercicio fiscal 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó recuperaciones operadas que ascienden a ocho mil 906.7 millones de pesos, con corte a mayo de 2018; sin embargo, faltan de aclarar 103 mil 377 millones de pesos.

Asimismo, indica que actualmente hay montos pendientes de aclarar por 98 mil 485 millones de pesos, de los cuales 84 mil 675 corresponden a Estados y municipios; para el Gobierno federal, incluyendo los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos, la suma pendiente asciende a 13 mil 810 millones de pesos.

Se registraron nueve mil 333.12 millones de pesos de recuperaciones operadas, la cuales corresponden en un 44.4 por ciento a estados y municipios.

Se realizaron ocho mil 69 observaciones y se instruyeron 10 mil 346 acciones. De las mil 865 auditorías realizadas, 687 correspondieron a municipios u órganos político administrativos del Distrito Federal; 632 a entidades federativas y Ciudad de México; 189 a dependencias del poder ejecutivo federal; 164 a entidades coordinadas sectorialmente; 90 a órganos desconcentrados; 42 a instituciones públicas de educación superior estatal; 25 a entidades no coordinadas sectorialmente; 23 a órganos autónomos; 10 al Poder Judicial y tres al Poder Legislativo.

Refiere que hubo irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y de los recursos transferidos a estados y municipios. De esos reportes, cinco mil 266 son recomendaciones preventivas; de las acciones emitidas por la ASF, 55.2 por ciento corresponden a la fiscalización de gasto federalizado.

Se acordó establecer que “la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública coordinarán una mesa de trabajo para atender y dar seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, relativas a las áreas clave con riesgo identificadas, con la finalidad de priorizar áreas de mejora normativa”. Además se revisará el estado que guardan todas las irregularidades sancionadas.

“No va a pasar lo que ha ocurrido anteriormente, de que se habla mucho de las irregularidades, pero nadie hace nada para que los responsables sean castigados. Nosotros sí vamos a ir a fondo, para que todo el que cometió el delito de desvío de recursos, gasto irregular y dañó el erario público, verdaderamente sea castigado”, advirtió Ramírez Cuéllar.

Durante la misma reunión, la instancia legislativa acordó integrar una subcomisión sobre el acuerdo por el que se convoca a la realización de una Convención Nacional Hacendaria de legisladores locales y federales, para abordar aspectos relativos a la necesidad de hacer un uso más eficiente y responsable de los recursos públicos.

Se busca llegar a una versión final para aprobarla en comisiones unidas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la de Hacienda y Crédito Público, y se prevé convocar para el martes a dicha reunión “a fin de que quede precisa la fase previa de noviembre de 2018, y la de abril de 2019”, que será cuando se tomen las decisiones trascendentales en concurso con los otros poderes.

Ramírez Cuellar explicó que se prevé realizarla en dos fases. La primera, para analizar solamente gasto y ordenarlo, será los días 23 y 24 de noviembre de 2018. “El próximo martes en comisiones unidas con la de Hacienda y Crédito Público, nos pondremos de acuerdo también con el Senado de la República, para que todos los legisladores del país, locales y federales, podamos avanzar, dar un paso más para acabar con la opacidad, la discrecionalidad y con el derroche del gasto público”.

Posteriormente, en abril de 2019 se unirán legisladores locales y federales, así como los ejecutivos federales y de las entidades federativas.

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