• Informa a diputados que existe solicitud de extradición de Karime Macías

• El caso de Javier Duarte no está cerrado, aún cuenta con carpetas de investigaciones pendientes, asegura.

31-10-2018 Diputados de la Comisión de Justicia se reunieron con Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) para expresarle sus inquietudes sobre la violencia en el país, la inseguridad, el robo de hidrocarburos, las denuncias de la ASF, los casos de los exgobernadores de Chihuahua y Veracruz, Odebrecht y el abuso sexual de menores del kínder Marcelino de Champagnat.

Elías Beltrán reveló que este mes de octubre se emitió la solicitud de detención provisional Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con fines de extradición a la cancillería inglesa.

Aclaró que la pena de nueve años de prisión y la multa que se le impuso a Javier Duarte, no indica que ya se acabó la investigación. “Siguen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y diversos procedimientos de extradición, es decir, no es verdad que se eliminaron todas las demás denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Son casos distintos. Hay 109 carpetas relacionadas con Veracruz. Seguimos trabajando para recuperar todo lo que se le quitó a sus habitantes”.

Respecto a la situación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, comentó que se tienen 15 solicitudes de atención formal de extradición, una de orden electoral federal y 14 de la fiscalía del estado de Chihuahua.

En cuanto al caso Odebrecht, indicó que se tienen 13 solicitudes de asistencia internacional y enfatizó que no se puede judicializar el asunto, porque no se posee toda la información; dio a conocer que no se llegó a un acuerdo reparatorio con la empresa, en el cual se solicitaba la entrega de tres veces el tanto del hecho de corrupción.

Aseguró que este asunto no quedará impune, ya que se realizó una investigación robusta, hay 25 entrevistas con funcionarios de Estados Unidos, Brasil y Pemex. “Nosotros no les vamos a dar a Odebrecht más obra”.

Elías Beltrán destacó que la PGR posee toda la responsabilidad de la investigación del kínder Marcelino de Champagnat, en la cual ya se logró la orden de aprehensión y su ejecución, para que fuera presentada la persona ante el juez para vincularlo a proceso.

Añadió que hasta al momento se tienen más de 25 denuncias correspondientes a 26 víctimas menores. “Podemos decir que es un caso de éxito, ya que de manera muy expedita pudimos actuar y sí estamos preparados para estos casos”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), mencionó que la administración cierra con dos mil 600 homicidios dolosos por mes. “En todo el país se registró un incremento del 30 por ciento, al pasar de 35 mil 940 a 46 mil 681, entre el periodo de 2014 y 2017. Este delito es uno de los indicadores más completos y precisos para medir la violencia.

Durante este sexenio, los delitos del fuero común se elevaron de 43 mil 937 a 53 mil 857 casos, del 2014 al 2017.

En materia de violencia contra las mujeres, subrayó que, a pesar de que esta administración destinó más 253 millones de pesos para fortalecer la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, el número de incidentes incrementó un 170.2 por ciento, del 2016-2018, mientras que el número oficial de feminicidios se elevó en un 106.5 por ciento, del 2015 a 2017.

Respecto al robo de hidrocarburos, Ortega Martínez sostuvo que en los últimos 10 años la venta ilegal de combustible creció 268 por ciento, de acuerdo con datos de Pemex, pues de detectarse una toma por día, ahora se localizan 20. Agregó que el robo al autotransporte en carreteras ha generado pérdidas por 92 mil 500 millones de pesos, tan sólo en 2017.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) pidió a Elías Bernal detallar por qué la PGR fue omisa en las denuncias de la ASF acerca del sobreendeudamiento y el daño patrimonial de Veracruz, que asciende a casi 100 mil millones de pesos, lo cual provocó que no se comprobara el delito de delincuencia organizada a Javier Duarte y se le condenará a nueve años de prisión, el decomiso de 41 inmuebles relacionados con el ilícito y al pago de una multa de 60 mil pesos.

Su correligionario, diputado Rubén Terán Águila, lamentó que el encargado del despacho de la PGR pase a la historia como alguien que no llegó a resolver prácticamente nada, ya que en la realidad del país están en la cárcel quienes no tienen dinero ni padrino político.

De Morena, el diputado David Orihuela Nava aseguró que “son una vergüenza los datos que presentó la actual administración en la materia. Enfatizó que la sociedad exige justicia en casos como “la verdad histórica” de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Cuestionó el motivo por el que la PGR fincó responsabilidades por un monto menor del que se le acusaba a Javier Duarte.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) dijo que “la red delictuosa de Duarte” no es menor, pero consideró que hay un acuerdo de impunidad. “No hacen falta reformas, sino sustituir todo el enredo institucional que provocaron agravio tras agravio, como parte del acuerdo de impunidad con el exgobernador”.

El funcionario aclaró que de los 990 días multa a Javier Duarte no es un regalo de la PGR, sino lo establecido en el tipo penal. Informó que se le ha quitado a la red de asociación delictuosa relacionada con este caso casi mil 400 millones de pesos.

Su compañero de bancada, Rubén Cayetano García, aseguró que la falta de titular “en esta noble institución” es una muestra de la impunidad que vive nuestro país.

Al dar respuesta, el encargado de Despacho de la PGR puntualizó que cuentan con 109 carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con el desfalco al erario de Veracruz. “Esa sentencia de nueve años es respecto de un hecho de 468 millones de pesos, aproximadamente; nosotros seguimos trabajando”.

La diputada panista Lizbeth Mata Lozano solicitó detallar las razones de la PGR para intervenir en el caso de triangulación de recursos públicos en Chihuahua, donde se vieron involucrados servidores públicos federales y líderes partidistas, para exonerar a Alejandro Gutiérrez, extesorero del PRI, y preguntó por el estatus que guarda la extradición del exgobernador César Duarte.

Sobre Alejandro Gutiérrez, sostuvo que no intervino directamente. Refirió que la fiscalía del estado judicializa y vincula a proceso a esta persona, pero la investigación arrojo que no existía vinculación y ningún daño, es decir, no se comprobó que recibiera recurso alguno.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) pidió al encargado del despacho informar sobre los desvíos de recursos hechos por el grupo encabezado por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, así como los términos del acuerdo de Procedimiento Abreviado, las actas y transcripciones de las audiencias públicas de este asunto. ¿Qué ganó el Estado mexicano con esta condena mínima?

El funcionario comentó que se logró entregar cheques de caja por 460 millones de pesos al gobierno de Veracruz y las dos terceras partes de un inmueble en el Estado de México. “Básicamente, la investigación no está cerrada, existen órdenes de aprehensión y procesos de extradición”. Precisó que las pruebas en materia de lavado de dinero han sido declaradas ilícitas, debido a la ausencia de control judicial.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) pidió al funcionario “una radiografía” sobre los cárteles, cómo afectan sus actividades, incluyendo las de extorsión, robo en trenes y de combustibles. ¿Qué medidas deben tomarse al respecto? hay complicidad de funcionarios; preguntó también por el número de homicidios y feminicidios, cuántos laboratorios de drogas se han desarticulado, y el número de personas arrestadas por siembra de droga, lo que, explicó, ayudaría a trabajar en nuevos modelos penales.

Elías Beltrán se comprometió a entregar el informe solicitado, una radiografía de la delincuencia organizada sobre dónde opera y qué ilícitos cometen, así como del robo a trenes y de huachicol, desde la intervención directa, a través de tomas y la cadena de valor, hasta los actos de corrupción dentro de Pemex, el comprador o las empresas.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) preguntó al funcionario si existe alguna investigación abierta en contra de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, y el por qué no se ha extraditado si se encuentra plenamente ubicada. Informó que presentará una iniciativa para que se homologue el servicio de asesoría técnica-jurídica a las víctimas de delitos, pues es una deuda histórica con estas personas.

Al dar respuesta, el funcionario explicó que la Fiscalía de Veracruz presentó una solicitud de procedimiento de extradición, el 9 de junio a la Cancillería de México. “Tenemos entendido, por un comunicado que nos envió esta dependencia, que se presentó ya en el mes de octubre la solicitud de detención provisional, con fines de extradición, a la cancillería de dicho país. Estamos en espera de que ellos inicien el trámite; posteriormente, como cualquier otro tipo de extradición, pasa al departamento de justicia de Inglaterra para que valore si cumple con los requisitos del tratado.

La diputada priista Ximena Puente de La Mora cuestionó al funcionario de la PGR sobre cuál será su intervención sobre el abuso sexual de menores del kínder Marcelino de Champagnat y cómo se asegurará a la población que esta dependencia está lista para enfrentar estos asuntos tan sensibles.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) pidió al funcionario, en el marco de la conferencia de procuradores fiscales, cuál es su opinión sobre el Nuevo Sistema de Justicia y cuáles son los mecanismos alternativos del sistema penal.

Además, solicitó al funcionario su opinión respecto al nuevo Sistema de Justicia Penal y de la frase “puerta giratoria”, así como de los medios alternativos para la solución de conflictos.

Señaló que se han emitido diversos acuerdos o protocolos de actuación, a fin de mejorar el papel de cada ministerio público. “Parte del problema era la capacitación, pues se daba de distintos ángulos, con diferentes enfoques y cada quien educaba como podía”.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) planteó: ¿cuál fue la clasificación legal en la audiencia inicial de Javier Duarte, y al momento que el juez resolvió la situación jurídica, con qué datos de prueba fue vinculado a proceso y quién realizó el cambio de clasificación?

Al dar respuesta, el funcionario puntualizó que la denuncia de la SHCP fue por delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita, con un desvío aproximado de 480 millones de pesos del erario de Veracruz, para la compra de 21 parcelas de Campeche; sin embargo, se determinó que no existían los datos de prueba para soportar el delito de delincuencia organizada.

Su compañera de partido, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, expuso que el robo de hidrocarburos se incrementó hasta un 790 por ciento, por lo que Pemex ha presentado más de 20 mil denuncias ante la PGR: en promedio, puntualizó se realiza una perforación cada 90 minutos. Preguntó: ¿cuál es el acuerdo de colaboración con Pemex, Policía Federal y el Ejército, y qué avances existen en el combate de este delito?

El funcionario reconoció que el robo de combustibles repuntó y se debería tener un mayor resultado, pues tan sólo se logró consignar seis averiguaciones previas en el 2018, deteniendo a 30 personas, mientras que en el sistema acusatorio se integraron 102 carpetas y se judicializó a 137 personas; asimismo, se ejecutaron 36 órdenes de cateo para 89 domicilios, asegurando más de un millón 390 mil litros de hidrocarburo, un millón 500 mil pesos, 272 vehículos, 26 armas de fuego, mil 500 cartuchos y 16 cargadores. “Lo que buscamos es atacar la cadena de valor desde la extracción hasta quién lo consume”.

Los diputados del PT, Ana Ruth García Grande y Alfredo Porras Domínguez, pidieron precisar cuántos homicidios dolosos tienen registrados y cuántos terminan con una sentencia.

Alberto Elías Bernal, explicó que se elaboró un modelo de tres pisos en los servicios de procuración de justicia, por lo que se da acompañamiento de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el centro es la víctima.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) mencionó que en el caso Odebrecht hay un sentimiento de impunidad, pues habiendo implicados no hay funcionarios detenidos. Preguntó si a un mes de cumplir con su función, ya cuenta con elementos para hacer justicia y si no quedará impune la responsabilidad penal.

Además, indicó que desde el 2007 se han encontrado mil 306 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado a cerca de tres mil 760 cuerpos o restos, mientras que en fosas comunes existen 35 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, por lo que lo cuestionó si se puede hablar de procuración de justicia, cuando no se logra identificar ni a homicidas ni a fallecidos.

Elías Beltrán aseguró que no quedará en la impunidad, el caso Odebrecht, pues se ha hecho una profunda investigación. “Brasil nos retrasa la entrega de información y no tenemos todo el flujo del recursos para poder determinar y tener elementos sólidos para solicitar una audiencia inicial”.

El encargado del despacho refirió que del 2013 a la fecha, la PGR ha intervenido en el procesamiento de fosas clandestinas en 15 estados, llevado a cabo 79 puntos de búsqueda; en lo que va del 2018, se estudian sitios en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca, en donde se han procesado 186 fosas; de éstas, se generaron 353 exhumaciones y se identificó 144 cuerpos. Además, se tomaron ocho mil 300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas.

En resumen, añadió que existen 829 averiguaciones previas, de las cuales han iniciado 114 por el delito de desaparición forzada, se realizó la búsqueda de mil 684 personas, localizando a 315, de estas 140 estaban con vida y el resto fallecidas y ahora se trabaja en generación de panteones forenses.

La diputada del PRD, Verónica Juárez Piña solicitó al funcionario informe por qué la PGR decidió no ejercer acción penal contra el exgobernador César Duarte por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal.

Preguntó sobre cuántos procedimientos ha iniciado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el despacho de la PGR y de estos cuántos siguen su curso y cuántos funcionarios se han presentado ante las autoridades judiciales y quiénes han sido vinculados a proceso.

Elías Beltrán dijo que en una investigación de 2014 se determinó el no ejercicio, pues no se encontraron elementos; sin embargo, existen otras investigaciones en su contra, una de ellas por delito electoral.

Subrayó que la ASF en lo que va del 2018 por temas vinculados a Veracruz ha presentado 22 denuncias que equivalen aproximadamente a 27 mil millones de pesos (mdp), de estas se han judicializado dos. Respecto a la Estafa Maestra, se realizaron 11 acusaciones por 2 mil 738 mdp, de las cuales se ha judicializado una, además, nueve corresponden a Sedesol, una a Sedatu y una a Sagarpa, es decir, en total en este periodo hay 37 casos que conjuntan cerca de 30 mil mdp, de las cuales cuatro se han judicializado.

Aprueba comisión su plan de trabajo

Previamente, la Comisión de Justicia aprobó su plan de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio, el cual está integrado por los temas propuestos por los integrantes de la comisión, entre los que destaca la revisión de la normativa de menores que viven junto a sus madres que cumplen condenas en prisión, corrupción en los tres Poderes, así como el seguimiento al caso Ayotzinapa.

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