04-09-2018.- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PES, Movimiento Ciudadano y PRI presentaron cinco exhortos a diversas dependencias en relación con eliminación de fuero, robo de vehículos, descentralización de dependencias y resoluciones electorales.

Uno de ellos, presentado por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), exhorta a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a que discutan y aprueben la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de la eliminación del fuero.

Precisó que el dictamen dispone que no se establecerán prerrogativas o tratos procesales especiales cuando se incurra en cualquier tipo de responsabilidad o en probable comisión de delitos a servidores públicos que desempeñen empleo, cargo o encomiendas estatales, municipales y demarcaciones de la Ciudad de México.

Asimismo, el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2018 y turnado al Senado el pasado 24 de abril, deroga el procedimiento político que impide el ejercicio de la acción penal contra servidores públicos, al sujetar la actuación del Ministerio Público a la previa declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados.

Exhortan a Presidente electo hacer públicos estudios técnicos sobre descentralización de dependencias

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) propuso exhortar al Presidente electo y a su equipo de transición, a hacer públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La petición, que se turnó a la Comisión de Gobernación, detalla que en términos económicos el Proyecto de Nación 2018-2024, que establece la descentralización de las dependencias, estima un costo total de 127 mil millones de pesos para que 400 mil personas se muden o cambien de residencia. “Esto va en contrasentido con la política de austeridad propuesta por el Presidente electo”, acotó la legisladora.

Muñoz Castillo enfatizó que tan sólo para arrancar una primera etapa del proyecto, se estima la utilización de 22 mil 805 millones de pesos empleados en rubros como el financiamiento de estudios sobre la viabilidad de las ciudades receptoras, el mercado inmobiliario local o de promoción y la difusión del programa.

Solicitan a TEPJF emitir resolución sobre elección de alcaldes de Monterrey y Guadalupe

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó un exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en ejercicio de sus facultades, emita resolución con motivo de las elecciones para alcaldes de los municipios de Monterrey y Guadalupe, del estado de Nuevo León, a fin de revertir la resolución del Tribunal Estatal Electoral del pasado 1 de julio.

Al argumentar el punto de acuerdo, el legislador dijo que la decisión de revertir los triunfos panistas no respondió a un asunto de carácter jurídico, sino político. “Esa resolución asienta un mal precedente que no conviene a la visión institucional democrática de contar con autoridades electorales imparciales y autónomas”, afirmó.

Sostuvo que el punto de acuerdo pretende hacer un llamado a la protección de los derechos político electorales consagrados en nuestra Carta Magna. Asimismo, solicita el restablecimiento de la democracia, el respeto al sufragio y a los principios rectores de la función electoral violentados por la autoridad jurisdiccional de Nuevo León. Se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis.

Piden condenar intromisión de gobierno de Puebla en proceso electoral

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) pidió que la Cámara de Diputados condene actos de intromisión realizados por el gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

Mediante una proposición con punto de acuerdo, signada también por legisladores del PT y del PES, planteó que el Instituto Nacional Electoral inicie de oficio un procedimiento de investigación al gobierno de Puebla, encabezado por José Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales.

Asimismo, que la Cámara de Diputados se pronuncie por reestablecer el orden democrático en el estado de Puebla, y las autoridades electorales competentes reparen la vulneración a la voluntad ciudadana en la elección de gobernador realizada el pasado 1 de julio.

Finalmente, propuso hacer un enérgico llamado al Instituto Estatal Electoral de Puebla y al Tribunal Electoral de la entidad para que se abstengan de emitir actos y resoluciones que contravengan los principios rectores en materia electoral de independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad que mandata la Constitución Política para toda autoridad en la materia. Se turnó a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

Exhortan a gobierno del Estado de México a intensificar operativos contra robo de vehículos

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) presentó un exhorto para que el gobierno del Estado de México, en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad y la Fiscalía General de Justicia, amplíe e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículos.

El punto de acuerdo, suscrito también por su homologo José Luis Montaño Luna (PT) y enviado a la Comisión de Seguridad Pública, refiere que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México es la entidad con el mayor registro de denuncias por autos robados al presentar un aumento de 80 por ciento de 2016 a 2017.

Destaca que se trata de un incremento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad, ya que el robo de vehículos con y sin violencia pasó de 42 mil 264, en 2016 a 47 mil 197 en 2017. “Ante este panorama es importante atender este problema, a fin de proteger el patrimonio y la certeza jurídica de las familias mexiquenses”, precisó.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 6 de septiembre, a las 11:00 horas.

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