11-09-2018 Durante la segunda ronda del Análisis del VI Informe de Gobierno en materia de Política Interior, los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias opinaron acerca de corrupción y violencia; agresiones a políticos; seguridad pública; libertad de expresión; paridad de género, y mecanismos para protección de defensores de los derechos humanos.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) subrayó que la inseguridad representa el principal problema del país, “y el Estado falló en la más importante de sus funciones”. La estrategia resultó un “completo fracaso”, pues el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Pública tampoco dio resultados, no se recuperó la paz ni la seguridad para los mexicanos”.

En la actualidad, dijo, el país está en ruinas; hay un cementerio de fosas clandestinas. “El Presidente miente a los mexicanos cuando dice que la violencia es un fenómeno focalizado en algunas regiones del país, la seguridad es un asunto nacional y la más clara evidencia de la fallida estrategia la demuestran las altas tasas de violencia e inseguridad”.

Mencionó que el actual gobierno dejo solos a los mexicanos y dejo a su paso muerte, dolor, miedo e ingobernabilidad. El país es más violento que cuando el jefe del Ejecutivo posesión de su cargo. La estrategia de combate contra la delincuencia organizada está muy lejos de favorecer la paz; se impulsó un ciclo de violencia que produjo su fortalecimiento y la creación de nuevos grupos criminales.

El VI Informe de Gobierno gotea sangre de culpables e inocentes, de víctimas y victimarios, además que la violación a los derechos humanos fue recurrente y sistemática en este gobierno; el Sistema de Justicia Penal presenta graves deficiencias. “En materia de seguridad, el problema más grave es la impunidad, a consecuencia de la ley que no impera en el país; es indispensable garantizar condiciones para una mejor convivencia social”.

Mario Mata Carrasco, diputado del PAN, dijo estar agraviado y lastimado por las acciones antidemocráticas y abiertamente ilícitas del último gobierno del PRI, y “su intervención contra el candidato del PAN, Ricardo Anaya, quedará inscrita para siempre en los añales de la infamia de la política de México, pues traicionó a la democracia”.

Puntualizó que hoy la imagen de México ante el mundo es de violencia, inseguridad y corrupción galopante. “El próximo gobierno y la bancada de Morena tienen que cumplir su compromiso contra la corrupción; cuenten con nuestro apoyo para ello, no aceptaremos, por ningún motivo el pacto de impunidad transexenal. Los que se van dejan muchos temas pendientes”.

Una muestra de que el próximo gobierno podrá cumplir lo que tantas veces prometió, de combatir la corrupción de manera frontal y a todos los niveles, “será no dar carpetazo a las investigaciones abiertas en los casos de corrupción y conflicto de interés”.

Exigió se ejecute la extinción de dominio a los miles de millones de pesos desviados por Javier Duarte, su familia y sus cómplices. “Requerimos al próximo gobierno su compromiso a favor de la ley y del derecho. “Hablamos de un gobierno corrupto y protector de delincuentes, y cuestionó si a ellos se les ofrecerá la amnistía, México si bien no quiere más violencia también quiere justicia; no a la impunidad”.

En representación del PRI, la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez precisó que en este sexenio se logró incorporar en la política interior el principio de paridad, lo cual ha permitido generar la igualdad sustantiva, la transversalidad de género en el Plan Nacional de Desarrollo, seguido de la atención a la violencia, la desigualdad y discriminación como temas centrales de la agenda política de México.

Durante esta administración se han realizado esfuerzos sin precedentes para visibilizar y atender la violencia hacia las mujeres que afecta a siete de cada diez, que atenta contra la libertad, el libre desarrollo sobre la personalidad y la dignidad humana.

Recordó que en estos seis años se consolidaron los Centros de Justicia para las mujeres; de siete que existían en 2012, hoy contamos con 40 en 27 estados, atendiendo a cerca de mil víctimas y sus familias de manera psicológica y económica. Aunque falta por hacer, debemos reconocer que existen avances en este tema.

“La verdadera transformación comenzó hace cuatro años con la consolidación de la democracia paritaria, como muestra, somos todas las aquí presentes”. Pidió sumar esfuerzos para reducir la brecha salarial, garantizar la educación y una vida libre de violencia, y que en la Cámara, las mujeres presidan el 50 por ciento de las comisiones legislativas.

Por el PES, el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, sostuvo que la democracia en México ha sido incipiente, puesto que, “si bien ha demostrado fortalezas, el pasado primero de julio fue un proceso electoral de alto riesgo y violencia, durante el cual se registraron más de 550 agresiones a políticos y candidatos y más de 130 homicidios”.

Mucho tienen que decir las autoridades de procuración y administración de justicia, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dado que, “incluso el de la voz, así como mi equipo cercano, sufrimos ataques a mano armada, agresiones físicas, amenazas y otros actos de violencia”.

Enfatizó que a estos hechos violentos hay que agregar un sinfín de irregularidades en la elección al gobierno de Puebla, aún sin resolverse, lo que ha propiciado una distribución injusta e inequitativa de nuestra democracia.

Por ello, precisó que la LXIV Legislatura tendrá que ser factor de cambio en la materia y dar batalla a la defensa de las libertades civiles, el crecimiento económico y los derechos humanos, al garantizar la gobernabilidad y dando bienestar a nuestra sociedad.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PT) indicó que este es el sexenio de más corrupción e impunidad en la historia moderna del México contemporáneo, donde las expectativas fueron muy altas y al final los resultados muy pobres.

Resaltó que el país vive la mayor crisis humanitaria por la violencia y el crimen organizado; en varias regiones de nuestro país los vacíos de autoridad colocan a la impunidad como una regla social no escrita, “el empoderamiento del crimen organizado pone en relieve que la estrategia de seguridad fue fallida”.

“Hoy, se registran enormes retrocesos en nuestro país ya que atraviesa por la más grande crisis de derechos humanos de su historia reciente, marcada por los grotescos casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales”.

Comentó que es indispensable direccionar el rumbo general de nuestro país para dar certidumbre a los ciudadanos dentro de un verdadero estado de derecho. “El pueblo de México está cansado de tanta violencia, corrupción, inseguridad e impunidad”.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) señaló que en los seis años del actual gobierno el principal problema fue la seguridad pública, resultando 2017 el año más violento de los últimos 20 años con 25 mil 339 homicidios dolosos, delito que se incrementó en 26 de las 32 entidades federativas.

Dijo que entre 2010 y 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas, y en el 95 por ciento de esos casos no hay un culpable sentenciado.

Manifestó que la corrupción no constituye una característica de identidad cultural, al contrario es un agravio que indigna y avergüenza a la mayoría de los mexicanos, quienes padecen sus nocivos efectos.

Se busca que la gobernabilidad se instituya a partir del combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y la autonomía de las fiscalías o procuradurías de todo el país.

A nombre del PRD, el diputado Héctor Serrano Cortes indicó que el 80 por ciento del VI Informe de Gobierno se concentra en temas específicos de seguridad pública y nacional, cuando la política interior debe concentrarse en la coordinación y respeto entre los Poderes.

Se pronunció por fortalecer el Federalismo y garantizar en todo momento la soberanía de los estados en la nueva etapa de renovación política y democrática. “Ojalá que el nuevo gobierno conciba a la política interior como el mecanismo para promover y garantizar la unidad nacional; los retos del Federalismo se resuelven con más pluralismo”. Sostuvo que la relación con el Poder Judicial debe conducir al acceso a la justicia cotidiana en apego a Constitución.

Resaltó que la sociedad requiere certeza en su relación política con sus representantes populares. “Todos estamos sujetos al escrutinio público y obligados a actuar con transparencia en la rendición de cuentas. Los electores que depositaron su confianza en el nuevo gobierno no aceptarán ni un solo error, si se comete no habrá complacencia ciudadana”.

Lo más importante es la relación abierta con los ciudadanos, el equilibrio y trato digno a la oposición suaviza los sentidos y motiva a la reflexión objetiva que facilita la aplicación de las políticas públicas mediante efectiva comunicación. Destacó la importancia de una política interior incluyente que promueva la participación de los diferentes sectores, que respete a las minorías y la libertad de expresión, que es el instrumento que orienta y rectifica decisiones.

El diputado del PVEM, Óscar Bautista Villegas, refirió que se han emprendido diversas acciones para garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, y aunque no es una materia terminada, en los últimos años se han conseguido avances muy importantes al incorporarlos en el marco jurídico, como la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley General de Víctimas, para incluir la protección integral con un enfoque garantista.

Indicó que se han desarrollado programas de capacitación impartidos a más de 44 mil servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en temas sobre derechos humanos y medidas para prevenir y eliminar la discriminación, fenómeno que prevalece y que motivó la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, mediante el cual se logró que en los primeros cinco años de la administración, los estados que aún carecían de leyes locales en las materia, diseñaran su propia legislación, con bases sólidas para garantizarlos.

Subrayó que se fortaleció el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, logrando atender, de diciembre de 2012 a junio de 2018, un total de 948 ciudadanos que han estado bajo protección.

Las recomendaciones emitidas para el gobierno federal se redujeron por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al pasar de diciembre de 2012 a junio de 2017, de 277 a 238, y de éstas se han resuelto en su totalidad 52.

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