• Cuestionan al funcionario sobre manejo de los recursos y carencias sociales

• Falta mucho para superar el flagelo de la pobreza que daña el tejido social: titular de Sedesol

25-09-2018.- Diputados de los ocho grupos parlamentarios que integran la LXIV Legislatura cuestionaron al secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, sobre el combate a la pobreza, manejo de recursos, apoyo a migrantes mexicanos, programas para adultos mayores, discriminación y violencia de género y la llamada “Estafa Maestra”.

En el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, al comparecer ante la Cámara de Diputados, el titular de la Sedesol señaló que la presente administración entrega un legado social que se traduce en menos pobreza extrema y disminución de carencias sociales; sin embargo, reconoció, a pesar de los resultados positivos, “no podemos estar satisfechos”.

“Falta mucho para superar la pobreza, ese flagelo que daña el tejido social, mina el desarrollo y debilita las instituciones democráticas”, admitió.

Precisó que entre 2012 y 2016, el Coneval contabilizó que 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza extrema, y que 6.2 millones de personas cuentan ahora con servicios de salud, 3.4 con seguridad social, y 2.8 millones con acceso a alimentación.

Durante la primera ronda de oradores, la diputada Dulce Corina Villegas Guarneros (Morena) manifestó que el gobierno actual se vanagloria por la reducción del 2 por ciento de la pobreza; sin embargo, no mencionan que se tuvo que orquestar un cambio en la metodología de medición sobre las carencias para lograrlo. Calificó el Informe del Ejecutivo como “celebraciones falsas” que están en la imaginación de él y de su equipo, y que no tiene nada que ver con la realidad.

La Sedesol, dijo, tuvo la oportunidad de llevar a millones de familias hacia la posibilidad de tener una vida digna, pero no sólo no cumplió, sino que “es cómplice de avalar un informe lleno de falsedades. Esta administración no redujo la pobreza y nos presenta logros simulados”.

El secretario Pérez Magaña aseguró que “en ningún momento se ha tratado de cambiar la metodología de medición de la pobreza con el fin de incidir en los resultados de evaluaciones. “Según la Ley General de Desarrollo Social, el Coneval es el organismo con autonomía técnica para definir y calcular la carencia, a partir del ingreso y acceso a derechos sociales.

En su comentario, Villegas Guarneros señaló que según el Sexto Informe de Gobierno la carencia extrema se ha reducido, “pero eso es falso”. Además, se habla de 3.7 millones de empleos creados, pero el 50 por ciento del sector laboral está en la informalidad.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga (PAN) señaló que en el actual sexenio, la secretaría habrá gastado 584 mil millones de pesos casi 100 mil anuales para sufragar una política social que mantiene a 53 millones de mexicanos en la pobreza. Por ello, es necesario saber ¿cuáles serían los resultados de la estrategia social de este gobierno, si sus programas se hubieran aplicado sin mermas por corrupción?

Asimismo ¿Qué porcentaje del presupuesto total de la secretaria a su cargo se maneja en efectivo?, y si los manejos de los recursos de programas sociales cumplen con dos criterios básicos que son la transparencia y la honestidad. También ¿Cuáles son las reglas de operación, las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que autorizan a la Sedesol manejar partidas en efectivo y como se asegura la honestidad de dichos recursos?.

En respuesta, el secretario de Desarrollo Social dijo que han tenido la instrucción del presidente Peña Nieto para denunciar cualquier observación de acto de corrupción o beneficiarios.

Indicó que en el manejo de recursos en efectivo, la Sedesol tiene bancarizados la gran mayoría de sus pagos, y en regiones del país donde no se encuentra algún sistema como el caso de los pagos que son en cajeros automáticos mediante tarjetas bancarias, se cuenta con la contratación de Bansefi y Telecom en donde mediante ellos se busca transparentar el pago de los programas que se llevan a cabo.

Por su parte, el diputado Azuara Zúñiga señaló que buscarán darle seguimiento a los actos de corrupción en la secretaria, a los antecesores y que no quede impune el uso de la política social con fines electorales. “Necesitamos una fiscalía autónoma que no cubra las espaldas de nadie; ni silencio ni complicidad”.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) preguntó qué acciones ha emprendido la Sedesol para apoyar a migrantes mexicanos, además de las negociaciones y acercamientos con federaciones de paisanos en Estados Unidos, para aumentar recursos al Programa 3x1, que destina el uno por ciento de remesas y las convierte en colectivas para mejorar infraestructura y la oferta de servicios sociales en zonas de tradición migratoria.

Agregó que en 2017 los migrantes enviaron 28 mil 700 millones de dólares en remesas, los cuales se transformaron en educación, salud, vivienda, insumos productivos y bienes patrimoniales para los hogares receptores. “Los paisanos realizan un esfuerzo excepcional para ganar ese dinero del otro lado de la frontera en condiciones muy adversas y quieren que se traduzcan en condiciones de mejoría para sus familias y comunidades en México”.

El titular de Sedesol reconoció los beneficios del Programa 3x1 y solicitó que se fortalezca con un “presupuesto digno”. Señaló que ese Programa orienta remesas al desarrollo de comunidades con tradición migratoria. Indicó que también se invirtieron dos mil 500 millones de pesos en más de 10 mil proyectos. Por lo que hace a migrantes jornaleros agrícolas, dijo que 232 mil jefes de familia recibieron la Beca de Arribo; 152 mil menores de 18 años, la Beca de Permanencia en el Aula, y 313 mil menores de 14 años cuentan con apoyos alimentarios; se ejecutaron mil 300 proyectos de infraestructura de servicios básicos y se destinaron recursos para construir albergues.

El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia (PRI) dijo que el tema de la discapacidad debe ocupar un lugar central en la agenda social. Hay muchos campos, afirmó, en los que el Poder Legislativo debe trabajar para mejorar las oportunidades de ese sector y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sociales y humanos. “Más allá de las visiones partidistas, el tema debe unirnos a todos los legisladores, y en atención a la discapacidad conseguiremos acuerdos muy importantes”.

Por el PES, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández reconoció que esta administración ha incrementado el padrón de la pensión, llegando a 5 millones de beneficiarios; sin embargo, consideró que pudo haberse hecho un mayor esfuerzo presupuestal para elevar el monto del apoyo.

Este gobierno, apuntó, además de la pensión no contributiva, contó con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual ofrece tarjetas de descuentos en establecimientos comerciales, más no es claro qué más está haciendo. Preguntó ¿cuáles fueron las acciones implementadas en el Inapam para apoderar y dotar de suficiencia a los adultos mayores, y sus resultados?

El funcionario indicó que en este año el Inapam ha entregado 512 mil tarjetas que ofrecen trato preferencial y descuentos que generan ahorros de casi mil 500 pesos al año en total; se han entregado 6.4 millones de tarjetas en este sexenio. Se han otorgado más de 12 mil 14 servicios médicos; ha incorporado a casi 11 mil a alguna actividad productivas en los centros de atención integral. “Prácticamente todos los beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores cuentan con una tarjeta del Inapam”.

Reséndiz Hernández estimó que el tema del envejecimiento y su impacto en las décadas por venir debe tener una enorme prioridad, ya que prácticamente uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 65 años para el 2050. Se pronunció por la construcción de una agenda para la atención del envejecimiento con visión del Estado y perspectiva de largo plazo.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que será muy cuesta arriba volver a encender el motor de la política social en México, porque es un desafío muy grande quitarle el apellido del gobierno saliente que es: “corrupción”. Se habla de una política social que más bien parecía antisocial, agregó.

Enfatizó que es prácticamente un hecho público la corrupción al interior de su dependencia, la cual ha sido lacerante; por ello, cuestionó si está dispuesto a denunciar a las y los altos funcionarios que le antecedieron, sin que medie presión o acuerdos de por medio, y si ha recibido presiones para ocultar la deshonestidad.

El secretario Pérez Magaña expresó su disposición a todas las investigaciones y colaborar con las autoridades competentes para entregar toda la información y documentación que se requiera. Aclaró que durante su estancia en la Sedesol, no ha recibido una sola presión de nadie, ni siquiera sugerencia, para poder actuar de manera contraria que no sea apegado a la legalidad.

Robles Montoya comentó que en 2013 se tuvieron en el presupuesto 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, a fin de difundir la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre y, según la Auditoría Superior de la Federación, sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas. La inmensa mayoría de los esfuerzos impulsados por esta dependencia están marcados por la “corrupción”, reiteró.

Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, diputada de MC, manifestó que la lastimosa pobreza en que se encuentran millones de mexicanos ha detonado la implantación de programas de desarrollo social, cuya dispersión ha fragmentado un diseño de política coordinada por los tres órdenes de gobierno.

A nivel federal, estatal y municipal, explicó, el Coneval ha identificado seis mil 491 programas que atienden a niñas, niños, adultos mayores, mujeres indígenas y migrantes. Por ello, dijo, se requiere saber si se tiene identificado cuántos de estos planes operan con reglas de operación; cuántos son transparentes y tienen padrones de beneficiarios; cuántos tienen evaluación de impacto y cuántos federales se duplican con los estatales y municipales, y sí existe una política nacional de coordinación en esta materia.

Eviel Pérez Magaña precisó que el último inventario identifica a casi seis mil 500 programas sociales, de los cuales 150 son federales. En 2015, eran 233 pero se redujeron, a partir de la reorganización programática implementada por esta administración, y todos son sujetos a una evaluación externa. Apuntó que en Sedesol se cuenta con un padrón único de beneficiarios que, al día de hoy, consolida 267 padrones de 15 dependencias federales y de 16 entidades federativas, identificando a 80 millones de favorecidos.

En su réplica, Gómez Maldonado puntualizó que la verdadera riqueza de México está en su gente; por ello, subrayó, es fundamental contar con políticas sociales eficaces y eficientes, así como “hacer más utilizando lo menos posible, sin que ello se traduzca en irresponsabilidad. Hay que tener un manejo transparente y adecuado de los recursos públicos. Un gran reto del próximo gobierno, será el bienestar social”.

Por el PRD, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo cuestionó cuáles han sido los avances a favor de la igualdad de género y cuántos funcionarios han sido acusados o procesados por delitos o faltas de naturaleza sexual, por discriminación y violencia de género. Añadió que, en la actualidad, sigue habiendo más mujeres pobres y la feminización de la pobreza lacera en el hambre y desigualdad a esta población.

Externó su preocupación por el destino de los mil 88 millones de pesos que debían destinarse a combatir la pobreza y la desigualdad de México. Inquirió si la Sedesol ha realizado alguna investigación interna sobre la llamada “Estafa Maestra”, conducente a los esquemas de simulación de servicios que se ejecutaron aparentemente entre 2013 y 2014, y cuáles han sido los resultados.

Al dar respuesta, el funcionario precisó que ha sido una constante el tratar de garantizar e implementar la igualdad en la dependencia y dijo que no hay funcionarios procesados o acusados; por ello, e incluso las mujeres son las más beneficiadas de los programas sociales. Además, enfatizó que “su labor como secretario no es la de fiscalizar y ha colaborado con las autoridades competentes entregando toda la información requerida para que sean ellas las que determinen a quien hoy están siendo señalados por alguna irregularidad”.

Almaguer Pardo precisó que si hay tantos recursos y contralorías para fiscalizar, cómo es posible que a Sedesol se le haya pasado la “Estafa Maestra”. Se debe iniciar “una investigación de quien estuvo al frente de la dependencia y maquiló el robo de miles de millones de pesos que debieron ir a abatir la desigualad, y no eximir la responsabilidad penal”.

Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) mencionó que la Auditoría Superior de la Federación documentó que se desviaron recursos públicos por 2 mil 224 millones de pesos. Actualmente, existen denuncias por presuntas irregularidades presentadas ante la Procuraduría General de la República por la ASF y la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.

En este sentido, hizo referencia al caso de la “Estafa Maestra”, en el que la contratación de servicios a universidades en adjudicación directa que a su vez subcontratan para que empresas fantasma simulen realizar estos servicios por los cuales las universidades reciben recursos públicos. Al respecto cuestionó ¿qué ha hecho durante su gestión para aclarar estas denuncias relacionadas con la “Estafa Maestra” y si Sedesol continúa con la contratación de universidades públicas y en qué términos lo hace?

El secretario Eviel Pérez subrayó que se han instrumentado diversas medidas de control interno para supervisar la puntual observancia de este caso. “El compromiso, es, hasta el último momento de mi responsabilidad, cumplir con ello. La Sedesol ha colaborado con las autoridades competentes y ellas determinarán lo conducente de acuerdo al resultado de sus investigaciones”.

El diputado Puente Salas confió en que se sancione a los responsables por estos hechos de corrupción, si es que existen. Este asunto no ha terminado, las investigaciones siguen en curso; el manejo claro y transparente de los recursos no es ni debe ser exclusividad de un partido, y todos los servidores públicos tienen la obligación de cumplir. “La Cámara de Diputados debe estar pendiente de los resultados de dichas investigaciones para que la impunidad no selle la ilicitud de estas conductas reprobables”.

Al inicio de su intervención y luego de rendir protesta de decir verdad, el secretario de Desarrollo Social destacó que la política social desplegó sus resultados en un amplio territorio, que incluyó 29 estados del país, por lo que en 4 de cada 10 municipios se redujo la pobreza extrema. Además, en la mitad de las entidades de la República disminuyeron todas las carencias sociales.

Enfatizó la claridad del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Un instrumento muy eficaz para atender la emergencia generada por los sismos del año pasado.

Se han destinado, con la participación de los presidentes municipales, 937 millones de pesos a más de mil obras de reconstrucción en los estados afectados.

Agregó que debido a que la información es vital para la planeación y la toma de decisiones en la política social, la Sedesol, con apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, ha impulsado la creación del Sistema de Información Social Integral (SISI).

Se trata de un sistema único, abierto y accesible con datos de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de los programas operados por los tres órdenes de gobierno.

Con ello, aseguró, “entregaremos a la próxima administración una valiosa herramienta que facilitará la coordinación, evitará duplicidades y propiciará el uso eficiente del gasto social”. Además, “llevamos a cabo una transición ordenada con los representantes del gobierno electo”.

Puntualizó que se han puesto a disposición de las diputadas y diputados los datos necesarios para garantizar que no se interrumpan los apoyos que reciben los favorecidos con programas sociales.

Asimismo, que la dependencia federal instrumentó un riguroso blindaje electoral en los pasados comicios locales y federales. “Activamos las contralorías sociales y firmamos convenios de colaboración con la PGR y la Secretaría de la Función Pública”.

Además, se logró una sólida institucionalidad, así como programas que dejaron la lógica asistencialista y empoderaron a la gente.

Aseguró que se generó coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, y se construyó un sistema de información que facilita la planeación y el uso más eficaz de los presupuestos públicos. Aseguró que los avances logrados no pertenecen a un partido político ni a una sola administración.

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