• En total fueron conocidas, en la sesión de hoy, 32 propuestas de reforma

27- 09- 2018.- Diputados de Morena, PT, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD presentaron, en una segunda ronda, seis iniciativas para modificar la Constitución Política y diversos ordenamientos jurídicos, a fin de que el Presidente de la República pueda ser sujeto de juicio político; el Infonavit cobre directamente los créditos vencidos o atrasados; se reduzca a 18 años la edad para ser electo diputado, y se dé atención geriátrica y gerontológica en hospitales.

Reformar Ley para poder ser diputado a los 18 años

Con el fin reducir la edad de 21 a 18 años para ser electo diputado, el legislador Jorge Luis Montes Nieves (Morena) presentó una iniciativa para modificar el artículo 55 de la Constitución Política.

Consideró que la integración de la Cámara de Diputados es el resultado de la expresión popular; entonces, el Estado debe garantizar que todas las corrientes de pensamiento estén debidamente representadas y se hace necesario escuchar también la voz de la juventud, que “desde luego tiene mucho que decir y más que aportar”.

Mencionó que la Constitución limita a los ciudadanos de 18 años a acceder al derecho pleno de la votación; es decir, se acota su derecho a ejercer únicamente el derecho activo, demorando el goce y disfrute del derecho pasivo hasta que alcance los 21 años de edad.

“Ante estas ideas del siglo pasado, hoy el Constituyente mexicano debe velar por la inclusión de todo ciudadano que tenga las aptitudes de ejercer el derecho a ser votado”, añadió. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Instalar y habilitar clínicas y hospitales con especialidad en geriatría y gerontología

El diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT) pidió reformar el artículo 27 de la Ley General de Salud, con el fin de garantizar la instalación y habilitación de clínicas y hospitales con especialidad en geriatría y gerontología para abastecer las necesidades de las personas adultas mayores.

Señaló necesario impulsar y promover especialidades en los centros educativos del país y fomentar las prácticas profesionales y residencias médicas en esta área en clínicas y hospitales, ya que el gobierno actual y los pasados nunca se preocuparon por atender verdaderamente a este sector poblacional como se requiere.

La iniciativa que se envió a la Comisión de Salud cita que la demanda de servicios de salud de esta población, es necesaria una extensión en la rama de geriatría. Los indicadores muestran que hasta 2012, en México había sólo 450 geriatras certificados. “Se considera urgente la instalación y habilitación de clínicas con esas especialidades, con el fin de que este sector tenga una atención pronta y eficaz”.

El legislador del PT afirmó que se deben considerar nuevos esquemas de política pública y prácticas en los sectores de salud, social, cultural y deportiva para los adultos mayores “ya que ahora resulta insuficiente el poder solo considerarlos dentro de los programas que otorga la Federación”.

Reformar Legipe para ampliar representación democrática de mexicanos en exterior

La diputada María del Pilar Rosario Mc Donald (MC) planteó reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley General de Partidos Políticos para garantizar la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en candidaturas a diputados migrantes de representación proporcional.

La legisladora puntualizó que ampliar la representación democrática de los mexicanos en el exterior, es una deuda que el Estado tiene y que no ha pagado.

“Con el objetivo de que los connacionales estén debidamente representados en esta Cámara, la circunscripción plurinominal contará con un diputado migrante de representación proporcional”, indicó.

Subrayó que con esto no se pretende incentivar la migración o premiar el mayor flujo de remesas hacia México. “Es fundamental que quede claro que el espíritu de esta iniciativa es ampliar la representación democrática de migrantes, porque son mexicanos y como tal se les debe tratar”. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para dar certeza jurídica

La legisladora del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, presentó iniciativa que reforma 10 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para fortalecer el derecho a una defensa adecuada, presentando un testigo, documentos, objetos o informes que resulten necesarios, a fin de otorgar mecanismos que faciliten el acceso a datos de prueba. También busca modificar las definiciones de dato de prueba, medio de prueba y prueba.

La propuesta plantea la obligatoriedad de grabar los testimonios de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en procedimiento penal, para evitar la revictimización, en caso de que volvieran a rendir testimonio. Propone sustituir el término tribunal de enjuiciamiento por órgano jurisdiccional, con el propósito de evitar confusión sobre la posibilidad de producir prueba en etapas preliminares o previas al juicio, para efecto de demostrar la pretensión del oferente.

Si la investigación complementaria no se concluye en el tiempo marcado por el juez, se procederá a sobreseer la causa, es decir, suspender un proceso por falta de elementos que justifiquen la acción de la justicia, lo cual fortalecerá la obligación del Ministerio Público de investigar diligentemente. Prevé que el delito de portación de armas de calibre de uso exclusivo del Ejército, no en todas sus modalidades, sea incluido al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

Sobre el desarrollo de la audiencia durante la etapa intermedia, se abriría la posibilidad de establecer el desahogo de medios de prueba. A petición de cualquiera de las partes, se podrán desahogar medios de prueba para demostrar la ilicitud de alguna de las ofrecidas por la contraparte. En la audiencia, el Ministerio Público podrá ofrecer pruebas, sólo con el fin de contradecir directamente las aportadas por la defensa.

Presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político

A nombre de la bancada del PRD, la diputada Claudia Reyes Montiel presentó iniciativa para reformar los artículos 108 y 110 constitucionales, para establecer que el Presidente de la República pueda ser sujeto de juicio político, así como los senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, legisladores a la Asamblea del Distrito Federal, jefe de gobierno de la CDMX, Fiscal General de la República y Procurador General de Justicia capitalino.

También estarían sujetos a ese proceso judicial los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, magistrados y jueces del fuero común de la CDMX, consejeros de la Judicatura de la capital del país; además del presidente, consejeros y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Propone que el jefe del Ejecutivo federal, durante el tiempo de su encargo, será responsable por violaciones a la Constitución Política y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. “Podrá ser acusado por delitos graves del orden común, por faltas administrativas graves, por actos de corrupción, por daño patrimonial al Estado y por conflicto de intereses”.

Reyes Montiel apuntó que la Presidencia de la República debe ser una institución democrática, no un espacio de excepción a la norma. Quien la detente es depositario de la confianza de los ciudadanos y tiene la responsabilidad de conducir y administrar los asuntos de los recursos públicos con honestidad y transparencia. “Debe ser guardián y garante de la integridad de los bienes del Estado y no cabeza de facción que hace de estos bienes botín”. La iniciativa se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proponen que Infonavit cobre directamente créditos vencidos o atrasados

Para garantizar que los trabajadores conserven su patrimonio familiar, el diputado del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez, impulsa iniciativa para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cobre directamente los créditos vencidos o atrasados, y que en todos estos procedimientos se respeten los derechos humanos de los titulares de los créditos.

En los casos en que el crédito otorgado al trabajador presente retrasos, el Instituto no podrá subcontratar a persona física o moral para realizar el requerimiento del pago ni hacer acuerdos a su nombre.

La propuesta turnada a la Comisión de Vivienda, para dictamen, adiciona el artículo 71 de la Ley del Infonavit, a fin de prohibir que el Instituto ceda, enajene o transfiera a personas físicas o morales los créditos otorgados, aun cuando estén vencidos.

A través de esta iniciativa, se garantiza que el Infonavit no desvirtúe el propósito por el que fue creado y privilegie que los trabajadores conserven su patrimonio familiar, ya que no fue concebida como un negocio sino como una prestación para acceder a una vivienda digna, donde la familia se desarrolle en condiciones adecuadas y plenas.

--ooOoo--