02-04-2019.- La Cámara de Diputados avaló con 442 votos a favor, el dictamen para reformar y adicionar los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de aumentar 30 por ciento el monto de las multas para quien haga mal uso de este recurso y fortalecer la prevención de la contaminación del líquido.

El documento señala que se busca incrementar los montos por faltas como: descargas de aguas residuales sin el tratamiento que mandata la normatividad aplicable; explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo; impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que realice “la autoridad del agua”.

Asimismo, por no cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga de aguas; ocasionar daños ambientales considerables que generen desequilibrios en materia de recursos hídricos, además de desperdiciar el agua, entre otras precisadas en el artículo 119 de dicha ley.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que se debe adoptar dentro de sus procesos la utilización de materiales biodegradables, siempre y cuando técnicamente sean viables atendiendo a las disposiciones reglamentarias en la materia.

Además, las faltas serán sancionadas administrativamente por la “Autoridad del Agua” con multas equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometa la infracción.

Lo anterior, independientemente de las sanciones estipuladas en las leyes General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales y la Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores Anguiano (Morena), señaló que se pretende que las industrias en sus procesos de descargas de desechos a los diferentes cuerpos de agua, utilicen materiales biodegradables, siempre y cuando sean técnicamente viables, porque los procesos que se emplean en la industria siderúrgica no son los mismos que en la refresquera o la cementera.

Dijo que se plantea elevar en 30 por ciento las multas establecidas en las diferentes infracciones a las que hace alusión el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, con la finalidad de que al imponer mayor rigurosidad las industrias y toda persona física que hagan descargas a diferentes cuerpos de agua, sean más cuidadosos y lo piensen dos veces antes de seguir contaminando.

Asimismo, adecuar la nomenclatura en las multas para que estas dejen de ser en salarios mínimos y se establezcan en Unidades de Medida y Actualización.

La diputada Leticia Díaz Aguilar (Morena) sostuvo que actualmente el cuidado que se tiene del agua es “insensato”, ya que cada año se vierten a los cuerpos receptores millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas de forma inadecuada o sin tratamiento alguno.

En México, dijo, 70 por ciento de los lagos, lagunas, ríos y otros cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación, lo que representa riesgo para la salud de la población, la seguridad nacional y fuerte pérdida económica. En 2015 se calculó dicha pérdida en 57 mil 403 millones de pesos, equivalentes a 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto. Por ello, se pronunció a favor del dictamen.

Por el PAN, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas indicó que la contaminación de los cuerpos de agua pone en peligro las riquezas naturales, la salud pública y el desarrollo pleno de la sociedad; por ello, se pronunció por emprender medidas para frenar este daño y que quien contamine sea castigado acorde al daño ambiental causado.

Resaltó que la preservación del equilibrio ecológico, la promoción de la sustentabilidad y de una cultura ambiental adecuada, así como la sanción a la violación de la norma ambiental deben ser prioridades para la sociedad y el gobierno.

En tanto, el diputado Juan Francisco Espinoza Eguia (PRI) enfatizó que el acceso al agua no es sólo fundamental para el bienestar humano, también es un factor determinante para el crecimiento económico y el bienestar social. El dictamen busca incrementar las multas por no acatar lo estipulado en la ley.

En la actualidad, dijo, “nos enfrentamos a grandes retos para garantizar el acceso y la disponibilidad del agua, no solamente para el consumo humano, sino también para mantener nuestras reservas hídricas en niveles adecuados para la conservación de la biodiversidad. El cambio climático constituye uno de estos retos, por ello es imperativo seguir fortaleciendo las medidas oportunas para el cuidado y el uso correcto del agua.

El diputado Héctor Joel Villegas González (PES) señaló que existen leyes y normatividades para que las empresas se hagan responsables de la contaminación que generan a los cuerpos de agua, “pero estas no se aplican debido a la alta corrupción que permea en nuestro país y que es un lastre para la sociedad”.

Consideró que el problema es mayúsculo y no únicamente pone en riesgo la riqueza natural sino también la salud pública; por ello, dijo, es urgente emprender medidas que detengan el daño que se causa y es necesario que todo aquel que contamine sea castigado de manera ejemplar y que las sanciones respondan al daño causado.

Del PT, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel refirió que las zonas metropolitanas del país demandan y expulsan altas cantidades de recursos hídricos, vertidos principalmente en cauces de ríos, hoy prácticamente muertos. Por ello, es necesario fomentar el uso de materiales biodegradables que tiendan a disminuir la contaminación y las afectaciones a los recursos hídricos y a los ecosistemas que en ellos se desarrollen.

Destacó que el acceso al agua potable es un derecho humano básico. Nadie debe ser privado del recurso ni hoy ni en el futuro. El agua nunca será una mercancía que puede ser privatizada ni ofertada al mejor postor. Por ello, pugnó por fortalecer las medidas legales e institucionales que permitan el uso racional, justo y sustentable.

El diputado Mario Alberto Ramos Tamez (MC) mencionó que se estima que de los 653 acuíferos que existen en nuestro país, 105 se encuentran en condición de sobrexplotación; mientras que en las ciudades se desperdicia alrededor del 40 por ciento por fugas en las redes de abastecimiento. Sumado a ello, el 70 por ciento los cuerpos de agua superficiales tienen un grado de contaminación que pone en riesgo los principales ecosistemas acuáticos y la salud de quienes la consumen.

El dictamen, agregó, pretende garantizar que las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores de agua están obligados a adoptar dentro de sus procesos la utilización de materiales biodegradables e incrementar 30 por ciento las sanciones para evitar conductas que ocasionen un daño o contaminación a los recursos hídricos y se acabe “la grosera impunidad” con la que se contaminan nuestros acuíferos.

En su turno, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) reafirmó su compromiso de defender la correcta utilización del agua y estimó necesario revisar temas como el vertido de desechos industriales y municipales sin tratamiento; el uso de pesticidas y fertilizantes, la contaminación por metales pesados producto de la actividad minera y por la producción de energía eléctrica, como en procesos termoeléctricos y arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua.

Se pronunció a favor del dictamen y enfatizó que éste es un precedente de futuras discusiones y decisiones rumbo a la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) señaló que con este dictamen se plantea establecer la obligación de adoptar procesos cuidadosos con el medio ambiente, así como incrementar el monto de sanciones económicas para quienes no cumplan con la legislación.

Dijo que esta ley tiene por objeto regular la explotación, uso, aprovechamiento de aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable, debido a que se evidenciaron afectaciones por derrames y altos índices de contaminación en diversas entidades federativas.

En la discusión, la diputada panista Nohemí Alemán Hernández destacó la importancia de las reformas porque buscan evitar la contaminación de acuíferos y endurecer las sanciones, ya que en México aproximadamente 102 de los 653 acuíferos están sobreexplotados y el 70 por ciento de los ríos tiene contaminación grave por descarga de aguas residuales.

En tanto, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) indicó que el dictamen permitirá avanzar en la modernización de una legislación y que sea punitiva contra aquellos que no tienen conciencia de lo que implica la necesidad de proteger a las futuras generaciones.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (Morena) indicó que el deterioro de la calidad de los recursos hídricos tiene repercusiones directas en la salud de la población y el dictamen busca proteger el agua para seguir disponiendo de ella de forma sustentable en cantidad y calidad adecuadas para el consumo humano, uso doméstico, el desarrollo de las actividades productivas y recreativas.

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