• Se estima que al menos una niña es asesinada cada cuatro días por el simple hecho de haber nacido mujer

• La secretaria de Gobernación inauguró el foro “Diálogos hacia la igualdad y seguridad de todas”, en San Lázaro

05-04-2019.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que en México cada día son asesinadas más de nueve mujeres, víctimas de “detestables feminicidios” y la mayoría son menores de edad. De hecho, subrayó, se estima que al menos una niña es asesinada cada cuatro días por el simple hecho de haber nacido mujer.

Al inaugurar el foro “Diálogos hacia la igualdad y seguridad de todas”, recalcó que esa terrible situación demuestra que para construir un país en paz, las mujeres deben estar en el centro de las estrategias de seguridad.

El compromiso, dijo, es crear las condiciones para que todas las y los mexicanos puedan vivir en un entorno seguro. “Acabar con la violencia que existe en muchas regiones es una de las principales demandas justificadas de nuestra sociedad al nuevo gobierno”.

Al referirse a la Guardia Nacional, mencionó que el objetivo es que las mexicanas confíen en los integrantes de esta corporación, porque estarán enteramente dedicados a garantizar su seguridad y por ningún motivo a amenazarla.

Resaltó que, sin duda, habrá un proceso de capacitación y de sensibilización a la Guardia Nacional para que, en todo momento, actúe con perspectiva de género en la seguridad de las mujeres.

Sánchez Cordero señaló que la realidad es alarmante, porque más del 66 por ciento de las mexicanas declara haber sido víctima de algún tipo de violencia, y 3.2 millones de mujeres han manifestado haber sufrido agresión física o sexual por parte de su pareja.

“Todo esto demuestra que el miedo con el que viven las mujeres mexicanas de ser agredidas no sólo se manifiesta al salir a las calles, sino, en muchas ocasiones, se profundiza al permanecer en sus casas”.

Detalló que el gobierno actual implantó dos líneas de acción: primero, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres, promoviendo políticas públicas en todos los ámbitos de la vida nacional, que contribuyan a eliminar cualquier forma de subordinación entre géneros, ya que es un tipo de violencia estructural y cultural.

Agregó que gran parte de la violencia que sufren las mujeres, como la psicológica, física, económica, o hasta la discriminación en el ámbito profesional, en muchas ocasiones es invisible, y es más preocupante que se haya normalizado en la sociedad.

En la Secretaría de Gobernación, explicó, se fortaleció la coordinación con todo tipo de actores, desde los locales, como las autoridades municipales, hasta las internacionales, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la ONU.

La segunda línea de acción, comentó, se refiere a hacer visibles a las mujeres en la estrategia de seguridad. Es sensibilizar sobre perspectiva de género a quienes tienen la alta responsabilidad de velar por la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos.

Añadió: “soy fiel a mis ideales, acato la responsabilidad y las instrucciones del Presidente; seré una aliada permanente y decidida en la defensa y promoción de los derechos de nuestras connacionales”.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), expresó que ante un México que ha sido golpeado sistemáticamente por el crimen organizado, la impunidad, la corrupción y la simulación, se debe tener voluntad política para resarcir daños y actuar desde el fondo.

Dijo que éste es el momento de establecer compromisos a favor de la vida de las mujeres y niñas en entornos libres de violencia; es tiempo de evidenciar a los violentadores, dejar de normalizar las agresiones, gestionar la reparación del daño y el acceso a la justicia para las que están inmersas en esta realidad social y garantizar la no repetición de todos estos hechos. “Este tiempo de resolver ya; ésa es la exigencia”.

Briceño Zuloaga indicó que en muchas ocasiones se preguntó por qué las mujeres y para qué ellas querían acceder al ejercicio del poder y “hoy queda de manifiesto que es justamente para actuar con responsabilidad, impulsar rubros indispensables para el bienestar de la sociedad, reducir brechas de género, trabajar por la igualdad salarial y laboral, por la no criminalización hacia ellas, por decidir sobre nuestros cuerpos, la erradicación del trabajo infantil y de la violencia política de razón de género, así como la atención urgente a los feminicidios”.

Se requiere, afirmó, robustecer el marco normativo de la Guardia Nacional y trabajar en conjunto con el Ejecutivo federal en el Plan de Acción Emergente a favor de las mujeres. Además, celebró la responsabilidad histórica de aquellas que están en la función pública.

Hizo votos por tener un país en donde los símbolos de la histórica lucha feminista acompañen el sentido de justica social que hace falta y atender frontalmente la deuda de décadas que tiene el Estado con las mujeres, a fin de que “en México ser mujer no sea una tragedia”.

Aplaudió que a este esfuerzo se sumen distintas autoridades del Poder Judicial, como magistradas y juezas. “Vamos por leyes que fortalezcan las políticas públicas para garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres en esta lucha por restaurar, dignificar y crear nuevos espacios libres de violencia. Pugnamos por la paz social de México. Estamos en un punto clave en la historia de los derechos de las mujeres”.

La diputada expuso que para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y niñas en México, se requiere una acción articulada, así como una política y compromiso de Estado. “Vemos que hay claridad para asumirlo, a efecto de que ellas vivan libres de agresión, tengan acceso a la justicia, de participación política, cerrar brechas laborales y acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, y tener una agenda amplia que por años nos ha sido regateada”.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), puntualizó que hay muchos retos por cumplir: tres leyes secundarias dentro de la ruta para instaurar la Guardia Nacional.

Detalló que son tres las leyes secundarias que se deben concretar: las de la Guardia Nacional, la Nacional del Uso de la Fuerza y la Nacional del Registro de Detenciones. Son ordenamientos que definirán con una visión sistémica el esquema integral del combate a la inseguridad, mencionó la diputada.

“Esta instancia legislativa será aliada para darle celeridad al tema. Somos presidentas de comisiones importantes en esta Cámara y nos ha costado mucho. Saben que es imposible cambiar el paradigma en muchos aspectos y rubros; por ello, llamo al presídium para colaborar conjuntamente, gobierno federal, legislativo y judicial”, agregó.

Reflexionó que la violencia en el país parece que se ensaña en las mujeres; ante ello, el ámbito legislativo debe generar condiciones normativas para erradicar los feminicidios, crimen que se encuentra entre los delitos que más dañan a la sociedad. Desapariciones, violaciones, secuestros, trata de personas las golpean con mayor fuerza y frecuencia y rasgan el tejido social al romper el elemento cohesivo, que es la familia.

“Hacemos un llamado a la sociedad y a los diferentes niveles del gobierno a participar para no dejar solamente un marco normativo en papel; debemos dar resultados de lo que se necesita”, agregó.

Subrayó que en 17 entidades federativas se ha declarado la alerta de violencia de género, tan sólo en 2018 se presentaron casi 3 mil 600 casos de feminicidio “el reto es, evidentemente, de dimensiones monumentales”.

Puntualizó que la Guardia Nacional será una institución que permitirá recuperar la tranquilidad. El conjunto de herramientas que en las leyes secundarias se establezcan ayudarán a que las mujeres se sientan seguras en su vida cotidiana.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), dijo que es fundamental apostar a romper el paradigma del machismo y la misoginia desde las células familiares, para lo cual, aseguró, será muy importante la reforma educativa, que tendrá enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Lo que se busca, agregó, es que desde la primera infancia y durante su formación, las niñas y niños sepan que tienen las mismas capacidades y oportunidades de desarrollo. “Lo que queremos es que desde la escuela se vuelva a reconstruir el tejido social”.

Puntualizó que los menores son violentos porque viven en un entorno de violencia. “Rompamos de manera conjunta esta cultura y sólo será a través de la información, el análisis y la práctica cotidiana, para que no se quede en papel y se vuelva una realidad”.

“Por ello la importancia de este tipo de foros, en donde se conoce lo que se está haciendo desde el Poder Legislativo, y lo que se seguirá haciendo desde las instancias de gobierno por medio de las estrategias de seguridad”.

Mencionó que cuando se asesina a una adolescente o una niña, se comete un doble homicidio por el impacto que este hecho causa en madres y hermanas.

La diputada María Elizabeth Díaz García (Morena) resaltó que “las mujeres estamos viviendo una tragedia y una emergencia a nivel nacional”: de 11 feminicidios que se cometen todos los días en América Latina, 10 son en México. Subrayó que éste es un problema muy grave, el robo de niñas rebasa con mucho este flagelo.

Resaltó que 70 por ciento del robo de niñas es con fines de explotación sexual, otro tanto para tráfico de órganos y el resto está ligado a feminicidios. Por ello, consideró que se debe contar con una ley general contra el feminicidio y el robo de niñas y adolescentes, a fin de establecer acciones y frenar la violencia.

En tanto, la legisladora Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) destacó la importancia de erradicar el feminicidio en nuestro país y expresó que se requieren reformas en el mecanismo de la alerta de violencia de género. Consideró que “las políticas públicas sin presupuesto no sirven”, por lo que pidió cerrar filas para que el próximo año esté acorde con las necesidades de las mujeres en México.

Comentó que sus correligionarias llevan a cabo foros en los estados de la República, con el fin de recabar información en torno a una ley general para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio e incorporar un tipo penal único.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) enfatizó que si más de la mitad de la población “somos mujeres, tenemos que trabajar en beneficio de este país”, sobre todo de las niñas, en erradicar la violencia, ya que “nos queda muy claro que es un problema sistemático, estructural, cultural y machista y que se tienen que hacer muchas modificaciones”.

Destacó la importancia de que en el proceso educativo, desde el preescolar, se enseñe a la niñez los patrones de conducta con una perspectiva de género. Consideró que también se debe avanzar en las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que es un tratado internacional de las naciones unidas firmado en 1979.

La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, dijo que es urgente homologar el tipo penal de feminicidio para que los estados se adicionen al Código Penal Federal, porque aún hay entidades que no lo contemplan.

Consideró relevante crear o fortalecer las fiscalías y juzgados especializados, porque en los centros de justicia no está el Ministerio Público y no hay personal forense. Puntualizó que el Programa Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2018-2024 tiene que identificar las dimensiones, expresiones y evolución de agresiones a lo largo del ciclo de vida.

Es importante que la Conavim, las secretarías de Bienestar, Seguridad Pública y la Conago, trabajen en coordinación para restructurar el tejido social desde la familia. “Si no desarrollamos una política integral desde el municipio, estados y Federación no vamos a tener éxito. Necesitamos el compromiso de la administración pública federal en su conjunto, de la política estatal y municipal”.

Entregó a las diputadas propuestas de iniciativas sobre temas de alertas de violencia de género y del caso Atenco, “porque ni en la Ley de Tortura, ni el Código Penal Federal tenemos como figura la tortura sexual, por tanto, lo propongo a la Cámara de Diputados”.

Planteó también la creación de un mecanismo técnico de revisión ministerial de los feminicidios y las desapariciones; un sistema de auditoría para evaluar el cumplimiento de las acciones y el impacto en las víctimas; es importante supervisar la aplicación efectiva de modelos y protocolos de atención y homologarlos en el ambito nacional con el fin de fortalecer los centros de justicia.

Sobre las órdenes de protección, agregó, es necesario un protocolo para tramitar y tener un control de seguimiento, “porque es muy fácil expedirla, pero no hay ningún seguimiento por las autoridades”. Es relevante que en las corporaciones policiacas haya grupos especializados que sólo se dediquen a atender casos de violencia contra las mujeres.

Estamos viviendo una de las peores etapas de agresión, cada vez son más altos los índices de feminicidio, por ello, propuso trabajar en un Acuerdo Nacional por la Vida y la Violencia contra las Mujeres. “Queremos que los gobernadores firmen este acuerdo porque los primeros que tienen que defender, proteger y erradicar la violencia son ellos, además de los presidentes municipales”.

Dijo que siete de cada 10 mujeres han sufrido un incidente de violencia; las carpetas de investigación con las que cuenta Conavim muestran que en tres años aumentaron los delitos de feminicidio, de 407, en 2015, a 845, en 2018.

Comentó que son 11 municipios que la Secretaría de Seguridad Pública tiene catalogados como “focos rojos” por los altos índices registrados: Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, Chihuahua; la zona centro de Tabasco; San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ixtapaluca, estado de México; Guadalupe, Nuevo León; San Luis Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. “Son entidades que verdaderamente nos están preocupando”.

Subrayó que la política de Estado frente a la violencia de género tiene como prioridad la vida, integridad, libertades y seguridad de todas las niñas y mujeres. La atención y prevención requiere promoverse desde cambios estructurales y culturales. “Necesitamos cambiar la cultura misógina y patriarcal que vivimos todos los días”.

Nadine Gasman Zylberman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expuso que aunque la falta de seguridad es un problema de toda la población, son las mujeres y las niñas quienes sufren múltiples expresiones de violencias diferentes a los hombres, debido a las prácticas machistas, sexistas y misóginas que aún permanecen en la sociedad.

“Las mujeres tenemos menos recursos para protegernos y con frecuencia representan la mayor parte de las comunidades desplazadas y de refugiadas a causa de la violencia; además, tienen más probabilidad de sufrir violencia sexual, trabajo y prostitución forzados. Estas condiciones aumentan si se es indígena”.

Añadió que en el país, a consecuencia de la violencia generalizada a causa de la lucha contra el narcotráfico, la tasa de asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio incrementó de 1.9 en 2007 a 5.3 en 2017; es decir, en una década este delito se triplicó.

Aseguró que la creación de la Guardia Nacional es la oportunidad de salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de mujeres, pero enfatizó que se requiere incluir la perspectiva de género y derechos humanos en la capacitación de sus integrantes, así como en las tres leyes secundarias y en las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Consideró que restablecer el Estado de derecho y pacificar al país no será posible si no se atiende la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, por lo que se requieren políticas públicas, proyectos, estrategias y presupuestos que garanticen la vida, libertad y seguridad de las mujeres que son más de la mitad de la población del país.

Pidió a los diputados actualizar el ordenamiento del instituto, a fin de ampliar sus facultades y atribuciones como entidad rectora; se eleve al más alto nivel el funcionamiento del Sistema Nacional de Igualdad; asimismo se actualicen las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de garantizar que continúen siendo marcos eficientes que eviten la vulnerabilidad de los derechos del sector femenino.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, destacó que los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad mexicana. “Es necesario formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz y que deben ser multidimensionales, transversales e incluyentes”.

Indicó que no se puede concebir la pacificación de un país sin garantizar la atención de las desigualdades sociales que subyacen a esta violencia contra las mujeres. “No se puede hablar de una sociedad en paz, si en ella prevalecen las violencias contra la mitad de su población”.

A pesar de la poca disponibilidad de datos oficiales en México, dijo, hay evidencia de que las mujeres y niñas son especialmente objeto de agresión sexual: 10.8 millones de ellas fueron sometidas en 2016 a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. En 2018 se registraron 41 mil 480 delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

Las niñas y adolescentes representan la mayoría de las personas desaparecidas menores de 19 años. Se ha identificado que el desplazamiento forzado afecta de manera desproporcionada a las mujeres, particularmente, a las indígenas y rurales. En 2017 ocurrieron 3 mil 14 defunciones femeninas por presunción de homicidio en México, lo que implica que nueve mujeres fueron asesinadas al día; de ese total, 341 eran niñas o adolescentes.

Se manifestó por incorporar en todas las políticas y programas la perspectiva de género y alentar investigaciones sobre la paz, en donde participen mujeres. Añadió que se debe incluir como mínimo un liderazgo político al más alto nivel y una coordinación eficaz entre todos los agentes involucrados, así como garantizar amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobiernos asociados, donantes, mujeres y hombres.

Una política en materia de seguridad, dijo, debe ser integradora; garantizar que leyes y protocolos tengan en cuenta las necesidades específicas y reconozcan las desventajas que enfrentan las mujeres. “Una estrategia de seguridad sólo será efectiva en la medida en que se garantice el respeto de los derechos humanos, particularmente en el caso de las niñas y mujeres, quienes son las más afectadas”.

En su intervención, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, afirmó que es necesario revisar la legislación en la materia, porque “es considerablemente neutra y ajena al fenómeno de la violencia contra las mujeres”.

Dijo que los programas y políticas del sector “parecen ser intercambiables en cualquier momento y aplicables para cualquiera en cualquier momento y circunstancia, pero no hablar con claridad sobre la desigualdad no permite avanzar. El sector salud no puede permanecer en un halo de neutralidad y exclusión sobre su responsabilidad para eliminar la desigualdad y violencia contra las mujeres”.

Explicó que las violencias de género conforman un problema epidémico y endémico con impactos en todos los ámbitos de la salud y en la vida misma. Producen daños funcionales en el organismo e incluso en la salud mental, como depresión y ansiedad graves, trastornos de sueño y alimentario, que pueden conducir al suicidio.

Indicó que a pesar del conocimiento de esos daños, la violencia permanece desconocida o relegada y menospreciada de la óptica de la salud, por lo que se necesita ser reconocida explícitamente en el ámbito profesional y articular mecanismos para prevenir, proteger y rehabilitar a las víctimas, así como a los agresores, quienes también pudieron haber sido violentados cuando fueron niños.

Por su parte, Bertha María Alcalde Luján, directora general de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pública, reconoció que se enfrenta uno de los retos más grandes en la historia del país que tiene que ver con una gran crisis en materia de seguridad que impacta de manera específica a las mujeres: violencia sexual, violencia doméstica, feminicidio, entre otros. “Es por eso que en este gobierno, conscientes de esta crisis, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Explicó que se cambiarán los paradigmas en relación a la estrategia de seguridad que se han vivido durante los últimos años en este país.

Hace falta, dijo, diseñar políticas que ataquen específicamente los fenómenos de delincuencia que afectan a las mujeres.

En relación con la estrategia de seguridad, la funcionaria reveló que habrá formación que incluya perspectiva de género, no sólo de la Policía Federal, sino de todos los elementos de las instituciones de seguridad, como custodios, ministerios públicos, policías estatales, y lo que será próximamente la Guardia Nacional.

Subrayó que la estrategia establece la necesidad de revisar y generar nuevos procedimientos claros para los elementos de las instituciones, a fin de que la recepción de denuncias, atención a víctimas, médica, psicológica y en general se hagan con perspectiva de género.

“Se tiene que garantizar que los centros de internamiento no sean un doble castigo para las mujeres y se dignifiquen sus condiciones durante la ejecución de la pena”.

Dijo que se fortalecerá la justicia cívica, que es uno de los mecanismos más importantes de prevención de la violencia en general, pero sobre todo de la violencia doméstica.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Celia Marín Sasaki, refirió que un tema relevante es el acceso a la justicia para las mujeres, porque atañe a un derecho humano contemplado en el artículo primero de la Constitución, se trata de reconocer la dignidad humana.

Resaltó que la Carta Magna de la capital del país es un documento de avanzada, porque en su artículo 11 reconoce los derechos de las mujeres en el desarrollo de la ciudad. “Esto es el ejemplo para que todos los órganos del Estado apliquen la igualdad”.

Añadió que el Tribunal tiene que materializar el acceso a la justicia para las mujeres, mediante sus resoluciones, porque se debe hacer sentir al justiciable que se defienden sus derechos.

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