09-04-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 155 de la Ley General de Víctimas, para establecer un plazo que permita efectuar la reparación integral y efectiva del daño, la cual deberá cubrirse de acuerdo con la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva de Víctimas.

El dictamen, aprobado con 420 votos a favor y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que la compensación debe efectuarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de la mencionada resolución.

Uno de los problemas recurrentes en el acceso a ese derecho es la falta de agilidad en los procedimientos. Las víctimas atraviesan por un proceso largo para ser reconocidas, por lo que es necesario establecer mecanismos para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y precisar un plazo máximo para el pago de la compensación.

Al fundamentar el documento, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), señaló la necesidad de hacer que esta figura sea otorgada con mayor celeridad a las víctimas del delito, en la comprensión de que el retardo y la dilación de las instituciones del Estado para compensar a las víctimas les afecta nuevamente y, en algunos casos más graves, implican la revictimización de la persona.

Mencionó que a partir de una iniciativa se planteó establecer una temporalidad para mejorar la redacción que actualmente tiene la disposición relativa en la Ley General de Víctimas en cuanto a esta compensación.

“No se establece alguna temporalidad, pero se precisa sí una para que la Comisión Ejecutiva de Víctimas, a partir de la solicitud de esta compensación, emita una resolución, pero no así para establecer cuánto tiempo tiene la Comisión de Víctimas para otorgar la misma”.

Con esta reforma, se establece una indicación puntual a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para que tenga el tiempo suficiente de hacer la entrega de la compensación a las víctimas del delito y no se genere dilación en el otorgamiento; es decir, “estamos poniendo un plazo máximo para que se genere”.

También se especifica la eliminación del criterio que establecía que las compensaciones fuesen otorgadas en moneda nacional. Las modificaciones, dijo, serán importantes en el anhelo de justicia de la sociedad y sobre todo de quienes hoy se han visto en la terrible posición de ser víctimas.

“Sabemos que tendremos que hacer mucho más para generar acciones contundentes para frenar la violencia, para evitar que el delito se cometa, pero también como Estado tenemos que estar preparados para la eventual comisión de delitos y, sobre todo, proveer las acciones materiales indispensables para apoyar a las víctimas”, añadió.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) señaló que hablar de víctimas en el país es referirse a millones de compatriotas que en los últimos años han sido afectados en su integridad física, en sus bienes o en sus derechos. De acuerdo con el Inegi, durante 2017, 12 millones 386 mil hogares tuvieron al menos una víctima de algún delito. Además, en el ámbito nacional se estimaron que 25.4 millones de personas fueron afectados.

“El gobierno de la Cuarta Transformación no será indolente con las víctimas. El acceso a la justicia ha sido un derecho acotado durante décadas. La vida, el patrimonio, la seguridad, la libertad, entre otros, con este dictamen lo garantizaremos. Los derechos humanos de las víctimas es lo primordial. Vamos a favor, porque nos ofende la injusticia”, añadió.

Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN, expresó que en la atención de víctimas de delito y de derechos humanos aún se ven insuficiencias y desinterés en muchos sectores y autoridades. “De manera poco sensible se ha ofrecido a integrantes del crimen esquemas de amnistía y perdón, sin considerar las necesidades y expectativas de decenas de víctimas, ofendidos y sus familias”.

Para hablar de justicia para las víctimas y del cumplimiento de la directriz constitucional de reparación del daño, aseguró, se requieren medidas concretas y verificables, en plazos oportunos. “La fijación de 120 días hábiles para la cobertura de la compensación nos parece una medida legislativa adecuada, que obligará a las instancias victimales a enfocarse con mayor eficacia en su labor”.

Del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, mencionó que cualquier acción afirmativa que se tome para crear igualdad o nivelar la posición de las víctimas en un proceso penal es bienvenida y debe ser aplaudida. “Cualquier postura entraña el mayor respeto a los derechos humanos”.

Se manifestó a favor de establecer una temporalidad en la que la víctima debe recibir, tras una determinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, su reparación. “Lo aplaudimos, porque si lo dejamos abierto estamos condenando a las víctimas a un calvario burocrático, aun después a una revictimización, pues ya fueron victimizados por la persona que les cometió el ilícito”.

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada del PES, destacó que incorporar en el artículo 155 el hecho de que se debe efectuar el pago de la compensación como medida de ayuda y asistencia en un plazo no mayor a 120 días hábiles, “se nos hace una medida adecuada en virtud de que hasta el momento la ley no cuenta con un plazo para garantizar la reparación integral del daño a víctimas y ofendidos”.

Indicó que en la actualidad hay procesos inconclusos de víctimas que no han sido objeto de la reparación del año que por derecho les corresponde. “El compromiso que como legisladores tenemos con la sociedad mexicana es de velar por los intereses de las víctimas, a efecto de que se repare el daño en un tiempo determinado y no haya dilación en el mismo. Justicia para todas las víctimas de México”.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez (PT) puntualizó que las víctimas del delito tienen la posibilidad jurídica de solicitar la reparación del o los daños causados. Sin embargo, aunque materialmente tienen derecho a ello, en el texto vigente del artículo 155 de la Ley General de Víctimas no se prevé un plazo para que la autoridad pueda cubrir la reparación pecuniaria.

Diversas estimaciones consideran que del 100 por ciento de delitos cometidos, aproximadamente 94 por ciento quedan en la impunidad porque no son denunciados. En el resto, los indiciados son absueltos en juicio porque el órgano acusador no fue capaz de probar adecuadamente la imputación, y muy pocas de las infracciones cometidas son sancionadas. “Las víctimas padecen una doble afrenta: la del delincuente y la de la incapacidad del Estado mexicano para aplicar la justicia”.

Por MC, la diputada Ruth Salinas Reyes argumentó que la reparación integral de las víctimas es una de las tantas tareas pendientes reales e inminentes que tiene el país con las víctimas y con la sociedad. “El Estado no ha tenido la capacidad de garantizar su desarrollo posterior al hecho, recuperar su forma de vida y de proporcionar una reparación integral que las incorpore con las mismas o mejores condiciones a la sociedad”.

Las víctimas son principalmente por desaparición forzada, homicidio, secuestro, trata de personas y lesiones. De acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas, se recibieron 10 mil solicitudes para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por compensación en 2018. De estos registros solamente se sustanciaron el 10 por ciento y se dio respuesta a un 50 por ciento.

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, lamentó que al mes de marzo únicamente tres entidades federativas habían armonizado su legislación local con lo establecido en la ley general y sólo 15 tienen asesores jurídicos para víctimas. “Esta situación debe ser corregida de inmediato, ya que, según la Comisión Ejecutiva, el 80 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos corresponden al ámbito local”.

El dictamen, dijo, soluciona uno de los mayores problemas que se presentan para el otorgamiento de compensaciones, de ahí la necesidad de establecer un plazo máximo de 120 días contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva. “Dado que hemos sido testigos de inaceptables dilaciones como las que han sufrido las familias, víctimas directas, indirectas y circunstanciales de hechos tan paradigmáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como los integrantes del equipo de futbol, Avispones, en 2014”.

El diputado del PVEM, Jesús Sergio Alcántara Núñez, expresó que los procesos burocráticos y la falta de un plazo determinado para que la autoridad cumpla con esta obligación ocasionan que las víctimas queden en incertidumbre por tiempo indefinido, postergando el proceso de iniciar una recuperación emocional y física que les permita librar su trauma.

La falta de un plazo y fecha ocasiona que se sigan revictimizando los efectos y el Estado, por su parte, se aleja de una función de tutelar los derechos de todos los que han sido víctimas. Por ello, “esta reforma se vuelve necesaria pues con ella se le da certeza sobre el tiempo de entrega de la compensación a la que tiene derecho”.

Al hablar a favor, la diputada María Luisa Veloz Silva (Morena) expresó que lo que se busca es garantizar el derecho a una pronta reparación del delito, lo que procura justicia y abona a la paz social por la vía de las instituciones. “Con esta reforma damos certeza y seguridad jurídica y ponemos un acicate para que las autoridades en materia de procuración de víctimas cumplan oportunamente con la reparación prevista en la ley”.

Del PT, la diputada Ana Ruth García Grande expuso que el dictamen es importante, pero se tiene que acompañar de otro tipo de medidas que apuntalen esta decisión. “No es la panacea la determinación que vamos a tomar hoy, pero sí es un avance indiscutiblemente. Estamos hablando de la reparación del daño a víctimas del delito de una manera subsidiaria”.

Lorena Villavicencio Ayala, diputada de Morena, señaló que el Estado de derecho debe ser capaz de resarcir los daños y de manera pronta como lo establece la Constitución. De otra forma, “no podremos lograr la pacificación del país. Apoyamos de manera contundente los derechos de las víctimas y la necesidad de fortalecerlos”.

Su compañera de bancada, diputada María del Rosario Merlín García, se manifestó a favor de exigir resarcir el daño y pidió que de manera inmediata se atienda el caso de David Vargas, “quien fue privado de su libertad y después de seis años fue liberado, y luego te dicen: discúlpame, nos equivocamos. Y a la fecha no le han atendido, él sufre del corazón, tuvo torturas severas durante varios días”.

En la sesión, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) notificó de diversos cambios en la integración de las comisiones ordinarias.

En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 10 de abril, a las 11:00 horas.

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