• Diputados enfatizan que ningún hotel ni propietario de predios colindantes puede delimitar estas áreas

• Se declara en sesión permanente para iniciar análisis de la minuta que reforma la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales

25-04-2019.- La Comisión de Gobernación, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), avaló siete dictámenes, el primero plantea reformar los artículos 8, 127 y 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y acceso en todas las playas del país.

El dictamen, avalado por 23 votos a favor, sostiene que las playas mexicanas son públicas y deben permanecer accesibles a todo ciudadano que desee disfrutarlas; sin embargo, reconoce que hay casos donde algunos propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre incurren en atropellos y por medios extralegales establecen restricciones físicas para limitar el acceso.

Agrega que las restricciones van desde cercas semifijas, hasta construcciones permanentes, apoyándose incluso en efectivos de seguridad privada o personal hotelero a quienes instruyen a realizar actividades que violentan la ley.

Esta comisión advierte que el libre acceso es un derecho irrestricto de todas las personas, por lo que ningún hotel ni propietario de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre puede delimitar las playas, a pesar de contar con alguna concesión; es decir, dicha propiedad o concesiones no generan derechos sobre las playas.

Los diputados aprobaron con 20 votos a favor y dos abstenciones el dictamen con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Quintana Roo a presentar solicitud de declaratoria de emergencia por las afectaciones del sargazo a la economía estatal.

A su vez, solicita a las entidades federativas dañadas a establecer un plan conjunto de acción para mitigar el daño del sargazo en las economías estatales.

El texto del dictamen sostiene que esta magroalga impide un buen desarrollo del turismo al igual que el de los habitantes de estas demarcaciones limítrofes a las zonas marítimas, teniendo repercusiones sobre los empleados que laboran en dicho sector y ello deteriora la economía y es propensa a ir en deterioro cuando no se tomen acciones prontas.

De igual manera, se aprobó, dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de establecer que será facultad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ejecutar y no sólo promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano.

Además, permite a la Sedatu coordinarse con las entidades federativas y los municipios en la ejecución de tales obras, esto no sólo facilitará la fiscalización de recursos y rendición de cuentas, sino que promoverá una mejor conjunción interinstitucional que dé cohesión a los esfuerzos en los distintos niveles de gobierno para procurar un desarrollo rural y urbano ordenado, justo y equilibrado.

También se avaló con 24 votos el dictamen que reforma el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad con el objetivo de especificar que las personas que ingresen al país presentando un documento extranjero, serán consideradas de nacionalidad mexicana si éste expresa que su lugar de nacimiento es México.

La reforma permitirá a la persona mexicana que ingrese a territorio nacional, ostentarse como nacional, aun cuando no cuente con documentos oficiales que lo acrediten como tal.

Los integrantes de la Comisión aprobaron con 22 votos a favor y una abstención el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con el fin de incluir el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, que aprobó la Junta de Gobierno de este organismo.

La propuesta busca mantener actualizada la normativa en la materia, lo que facilita la optimización de los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en dicha materia.

Con 24 votos, se avaló el dictamen que declara la última semana de febrero de cada año como la “Semana Nacional de la Salud Auditiva”, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los servicios médicos especializados, así como en el uso de las herramientas tecnológicas para realizar acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de audición, toda vez que este padecimiento afecta alrededor de diez millones de personas.

Además, según datos de la Secretaría de Salud, tres de cada mil recién nacidos tienen algún grado de hipoacusia y uno de cada mil padece sordera profunda de origen congénito que requieren implantes cocleares. En zonas rurales se estima que alrededor de 66 por ciento no recibe tratamiento. En edad escolar, entre 30 y 50 niños por cada mil tiene sordera unilateral, por consiguiente, presentan dificultad mayor para localizar el sonido y tienen problemas para entender el lenguaje en ambientes ruidosos.

Se aprobó con 23 votos a favor, el dictamen que modifica el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para que el 19 de septiembre se conmemore los sismos de 1985 y 2017 y con ello promover la importancia de que la sociedad esté preparada ante la permanente posibilidad de un siniestro.

A su vez, avalaron con 21 votos a favor el dictamen que reforma los artículos 54 y 78 del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con la intención de incorporar la perspectiva de género en los datos que genera el Inegi y a la vez que considere estos resultados como interés nacional relativa a la igualdad sustantiva, la cual constituye la base científica para la generación de políticas públicas en aras de garantizarlas de manera efectiva.

Finalmente, la Comisión se declaró en sesión permanente, a fin de iniciar el análisis de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, la cual tiene como propósito eliminar la versión impresa para fines comerciales del Diario Oficial de la Federación pasando a un esquema electrónico.

La diputada Rocío Barrera Badillo explicó que esta modificación normativa beneficia a la ciudadanía, porque no tendrá que pagar por el Diario Oficial, mientras que a la hacienda pública se le reducirá los costos de su edición, pues la venta de los ejemplares no cubre los costos de producción.

Añadió que con la aprobación de este dictamen se podrán ahorrar cerca de 25 millones de pesos cada año, por lo que aún se puede ahorrar 11 millones de pesos, de ahí la importancia de su pronto análisis.

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