02-08-2019.- En la mesa de trabajo “Alerta de violencia de género”, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) destacó que es imperante garantizar que en México las mujeres vivan sin violencia, pues se tienen datos que del 2015 a lo que va del año han sido víctimas de feminicidio alrededor de 3 mil, siendo la entidad con mayor incidencia Veracruz, con 387 casos.

Apuntó que la Comisión de Igualdad de Género debe analizar por qué desde el 2015, con todos los recursos, las acciones, las políticas públicas y la legislación, la tendencia de la violencia en contra de las mujeres ha ido al alza.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), secretaria de la Comisión, dijo que la simulación se da en todos los estados de la República, lo que impide funcionar las alertas de género, mecanismo que se ha vuelto lucrativo para quienes sí les llegan los recursos, “muchas de esas personas sin compromiso ni conocimiento del tema”.

Propuso incluir como parte del proyecto de ley las sanciones para funcionarios o funcionarias “especialistas en que las cosas no funcionen por incompetencia”, porque son causa de que no haya resultados.

La diputada del PT, Clementina Marta Dekker Gómez, señaló que en Chiapas las mujeres han sufrido distintos tipos de violencia y no ha habido sanciones. “Diversos recursos se han asignado y etiquetado, pero los índices y estadísticas se han incrementado en lugar de disminuir; por eso, la preocupación para trabajar una iniciativa de manera conjunta con el Ejecutivo federal”.

Se requiere buscar las sanciones pertinentes; tan sólo en Chiapas en 2015 hubo violencia política y no hubo penas, y en las pasadas elecciones de 2018, 30 mujeres electas estaban siendo obligadas a renunciar, pero tampoco se castigó. “Debemos visibilizar estos problemas; darles herramientas y trabajar de manera conjunta”.

La subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Edna Liliana Sánchez Cortés, expresó que en su entidad existen resistencias en la aplicación de las medidas de emergencia derivadas de las alertas, dado que hay imprecisiones en el mecanismo.

Planteó establecer indicadores de seguimiento y evaluación mediante prevención, atención y acceso a la justicia y protección legal, además de contemplar la diferencia entre las acciones de emergencia y las estructurales.

Marisela Meza Enriques, vicefiscal jurídica de San Luis Potosí, señaló que la ley debe ser vinculante en el momento de ejecutarla si se quiere evitar simulaciones; además, se requiere una coordinación eficiente “sin tapujos ni egos levantados” entre las distintas autoridades.

Propuso que haya articulación entre la recabación de la información y las alertas de género, lo cual necesita ser en un máximo de tres meses, para que dé resultados. Advirtió que “el gran patio de los feminicidios son los delitos sexuales, las desapariciones y la falta de anotación durante la operatividad; todo lo que les falta a las fiscalías”.

Pablo Bastida, representante del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que para tratar de manera adecuada las alertas de género, es necesario definir la naturaleza jurídica de los casos y a partir de ahí determinar el procedimiento correspondiente a fin de atenderlos adecuadamente. “Se tiene que determinar si la alerta de violencia de género es un mecanismo de emergencia”.

Pidió adoptar medidas emergentes que puedan atender de manera inmediata los casos de violencia, como sería el caso de programas de seguridad en el transporte público, vigilancia en recorridos, rutas de escape y una coordinación eficaz con fiscalías.

Mariana Hernández Nolasco, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseveró que el organismo que representa trabaja en fortalecer el mecanismo de alerta de violencia de género e impulsar el involucramiento de los tres niveles de gobierno; asimismo, realizar acciones que garanticen la eficacia de este mecanismo.

Alejandra Soriano Ruiz, representante de la Red por la Paridad Efectiva de Chiapas, se manifestó por la incorporación de la modalidad de la violencia política, porque “el tema ha quedado en la congeladora”. Abarcaría a todas las mujeres que están en un cargo de elección popular o en la administración pública, en los partidos políticos y en el Poder Judicial. Además, aplaudió que se pretenda contemplar la violencia política como estructural.

Representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señalaron que se debe seguir trabajando en este tema para obtener mejoras. Asimismo, establecer mecanismos de trabajo continuo donde se pueda aterrizar lo que se está discutiendo, lo cual también es una herencia de la labor por parte de activistas que han venido arrastrando de años. “El avance de esta mesa es que se están haciendo esfuerzos reales para poder prosperar”.

Mayela García Ramírez, feminista y especialista en derechos humanos, opinó que la legislación en materia de alerta de género no puede eliminar las causas feminicidas, pues este término va más allá de los asesinatos, porque son todas las formas de muerte violenta de las mujeres.

Belegui López Blas, defensora de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, coincidió que en esta discusión se debe colocar en el centro a las víctimas de todas las modalidades de violencia, pues ello permitirá tener una legislación eficaz.

Laura Virilla Méndez, de Repare Chiapas, dijo que ésta es una gran oportunidad de definir la figura de defensoras de los derechos de las mujeres, lo cual otorgaría garantías para llevar a cabo su función.

Selene Olvera Nieto, de Mujeres Transformando, dijo que se tiene el compromiso de homologar la ley a favor de las mujeres; se están realizando acciones reales en diferentes estados, en contra de la violencia de género.

Ana María Flores, de la Fundación IUS-Género, planteó no otorgar prórrogas para detener la violencia feminicida y sugirió que las solicitantes de la alerta de género estén involucradas en todo el proceso. Advirtió que existe una profunda simulación en todas las autoridades de los tres niveles de gobiernos.

“Hay impunidad y una falta de voluntad para atender esta violencia generalizada; las mujeres reclamamos respeto y una alerta; no queremos medidas estructurales ni un sistema de capacitación general, sino que se detenga y erradique la violencia y los feminicidios”.

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