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Boletín N°. 2858 Aprueba la Comisión de Transparencia expedir Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
  • Regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, entre los objetivos

 

04-12-2019.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción presidida por el diputado, Óscar González Yañez (PT), aprobó con 16 votos a favor, dos abstenciones y tres en contra, una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.

 

La ley que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

 

La iniciativa cita que la interpretación de esta ley, para efectos administrativos, está a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

 

Sobre la determinación de las remuneraciones, señala que ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá un salario o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el PEF.

 

Un servidor público sólo puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico cuando: desempeñe varios puestos, siempre que éste tenga el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales.

 

Lo permita expresamente el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; realice un trabajo técnico calificado, considerado así cuando éste exija una preparación, formación y conocimiento.

 

También, cuando tenga un trabajo de alta especialización, determinado así cuando el ordenamiento jurídico exige una experiencia para el desempeño de las funciones conferidas, la acreditación de competencias o capacidades específicos o el cumplimiento de un determinado perfil.

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) dijo que es más sencillo hacer una nueva ley que parchar la existente. Advirtió que no se permitirá que algunos funcionarios ganen más que el Presidente de la República, “la Constitución no lo permite, lo prohíbe”.

 

Mencionó que la Suprema Corte tomó una resolución y el Legislativo debe respetar y agregó: “espero que no tengamos ninguna suspensión por vía de controversia, que es completamente ilegal que una persona en la Suprema Corte, violando la ley, suspenda la aplicación de otra norma general, creo que no va a volver a ocurrir”.

 

Las diputadas Luz Estefanía Rosas Martínez y Beatriz Robles Gutiérrez de Morena, plantearon reservas a los artículos 8 y 16, así como al 4 y 15, respectivamente, a fin de dar mayor certeza jurídica y claridad al documento. Fueron aceptadas.

 

Iniciativas

 

 

Los integrantes de la comisión aprobaron reformas a las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre diversos rubros.

 

Una iniciativa modifica el artículo 15 de la ley Federal y 13 y 21 de la General con el objetivo de armonizar los dos ordenamientos con el artículo 7 de la Ley General, de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece la validez de las lenguas indígenas para cualquier asunto de carácter público, así como la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de dicho derecho.

 

La otra modifica el artículo 38 de la Ley General a fin de establecer que, para la integración de los órganos garantes, se tomará como base una selección de perfiles expertos, pero también que mantenga una designación encaminada a conservar el equilibrio y procuración de la paridad de género.

 

Una tercera, reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General para establecer que sujetos obligados de los poderes Judicial Federal y de las Entidades Federativas, deberán poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

 

Una más adiciona al glosario del artículo 3ro de la Ley General la definición de “gobierno abierto”. Detalla que se entiende como el esquema de gestión y producción de políticas públicas y prácticas innovadoras en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, con base en la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación; fortaleciendo la democracia, legitimidad de la acción pública, el crecimiento inclusivo y el bienestar social.

 

Otra modifica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a efecto de actualizar la denominación de la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y quitarle la palabra “gubernamental” a los artículos 2, 21 y 56 fracción F.

 

Puntos de Acuerdo

 

Durante la reunión ordinaria, también aprobaron tres puntos de acuerdo. El primero para exhortar al gobierno de Chiapas para que resuelva el conflicto social del municipio de Escuintla, y solicitar de manera respetuosa al Congreso del estado para que, a través de su órgano de fiscalización local, realice una auditoría sobre los recursos públicos ejercidos por la actual administración de ese municipio.

 

En el segundo, se pide al Congreso de San Luis Potosí realice una auditoría de los recursos públicos ejercidos por la actual administración del municipio de Zaragoza.

 

Finalmente, se exhorta al INAH a que revise y haga pública la información sobre el permiso otorgado a la empresa Gaya Sinergia Constructiva, SA de CV, para la construcción del proyecto Barrio de Santiago de Querétaro.

 

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