Participan en la Mesa 10 de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, especialistas en seguridad y derechos humanos

12-01-2019.- Académicos, especialistas en seguridad nacional, del Sistema de Justicia Penal, Amnistía Internacional, defensores de derechos humanos y de la Red Nacional de Refugios, participaron durante la mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, en el último día de las audiencias públicas, llevadas a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La representante del Comité de Amnistía Internacional, Luz Marcela Villalobos Andrade, expuso que si la idea de la Guardia Nacional es un mando civil, no habría necesidad de hacer una reforma constitucional, pero si es jerárquica y operativamente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se tendría que hacer mediante análisis y evidencia comprobada.

“Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, el despliegue del Ejército y la Marina ha sido acompañado de un aumento de quejas por graves violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias”, indicó.

Las fuerzas armadas tienen un régimen y entrenamiento apropiado, quizá para eliminar a un enemigo, pero no para realizar funciones policiacas, como son la protección de civiles y el uso de la fuerza como último recurso, agregó.

Patricia Olamendi, de la Red Nacional de Refugios, afirmó que la propuesta de crear la Guardia Nacional no tiene ningún sentido, y hablar de militarización ha creado un clima político y de preocupación, parece expresarse la intención de establecer un régimen en el que no se garantizarán los derechos humanos.

El dictamen, estimó, borra del mapa la posibilidad de tener policías civiles. “No concebimos cómo el artículo primero constitucional, que precisa las garantías individuales, no fue la base e idea principal de la reforma que se quiere avalar”.

Subrayó la importancia de reconocer el concepto de seguridad humana y aplicarlo al contexto de violencia actual. “Se trata de entender cómo se pueden usar otros instrumentos para garantizar la seguridad poniendo en el centro a las personas, y posibilitar al Estado la toma de decisiones y conformación de políticas públicas”.

Tania Luna, consultora en el Sistema de Justicia Penal comentó que los integrantes de las fuerzas armadas están formados para abatir al enemigo, no para atender al ciudadano o cuidar su integridad; ni llevar una investigación criminal, por ejemplo de violación, como lo pretenden hacer con este dictamen de Guardia Nacional al darle facultades para investigar delitos del fuero común.

“No se debe seguir recurriendo al argumento de que la culpa es de las policías municipales ni seguirlas debilitando, por el contrario, se les debe fortalecer y profesionalizar por las condiciones infrahumanas en las que realizan y desempeñan su trabajo”, argumentó.

Javier Oliva Posada, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó la necesidad de analizar las políticas de género al interior de las fuerzas armadas, búsqueda y rescate, apoyo a la población en situaciones de desastre, actualización y adiestramiento y nuevos roles de los efectivos de la Marina y Ejército.

El abogado Conrado López Hernández expuso que la Guardia Nacional en cualquier parte del mundo está constituida por ciudadanos, no por militares; inclusive debe ser superior a sus propias fuerzas armadas, y servir de contrapeso para una amenaza de golpe de Estado.

Mayra Hernández Maciel, representante de Mesa Metrópoli Monterrey, consideró que la Guardia Nacional no implica el abandono de las policías estatales y municipales, por lo que señaló que estos niveles de gobierno no deben eludir su responsabilidad de tener mejores corporaciones.

José Alfonso Rodríguez Sánchez, representante de la Barra Queretana de Abogados, expuso que es primordial que, independientemente de la figura que se le quiera dar a este nuevo organismo de seguridad, se tendrán que atender los aspectos de la dignidad de quienes integran los cuerpos policiacos.

Julio Sabines Chesterking, especialista en Seguridad Nacional, afirmó que los niveles de impunidad y violencia requieren una acción improrrogable, por lo que las facultades de investigación que tendrá la Guardia Nacional reformulan completamente la manera en que el Estado atiende la impunidad.

Este nuevo modelo de seguridad, añadió, es respuesta innovadora a la ciudadanía y un avance del sistema de procuración de justicia; sin embargo, “es necesario un cuerpo policiaco de seguridad intermedia, que atienda temas específicos del fuero común.

David Peña Rodríguez, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó: no se puede negar que el efecto que ha tenido la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad, han aumentado las violaciones a los derechos humanos en el país.

“No se puede enfrentar la violencia pensando únicamente en el uso legítimo de la fuerza, sino se debe realizar una estrategia, donde la presencia del Ejército y la Marina esté acotada y que se fortalezca la participación de los entes civiles”.

Javier Hurtado González, presidente del Colegio de Jalisco, sugirió que el problema de inseguridad se debe enfrentar, por parte del Ejecutivo federal, con los instrumentos que se tienen, ya que “no hay necesidad ni de desaparecer la Guardia Nacional, ni crear una nueva”, sino hacer una policía de élite federal intermedia entre la de seguridad pública y la militar, capaz de responder contundentemente al crimen organizado y a la delincuencia.

Miguel Concha, director general del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, subrayó que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos, principalmente por el uso abusivo de la fuerza por parte de militares en contra de civiles. Consideró que la Guardia Nacional debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando.

Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, comentó que independientemente del nombre, la corporación que se cree debe actuar bajo los más estrictos protocolos de respeto a los derechos humanos y el control de la convencionalidad, de no hacerlo así, “no habrá organismo que pueda hacer frente a los delitos que tanto aquejan al país”.

Bernardo León Olea, especialista en policías y justicia cívica, indicó que es absolutamente indispensable que las policías tengan facultades plenas de investigación, porque no se puede entender la labor policial sin esas atribuciones.

Finalmente, la ciudadana María Mirta dijo que la disyuntiva no es un mando militar o civil; lo único cierto es que la Guardia Nacional como lo están planteando los diversos sectores no va a resolver el tema de la inseguridad, se está dejando fuera al actor central sin el cual no se superará la crisis de confianza, están dejando fuera a la comunidad.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) resaltó que se hicieron muchos comentarios respecto a si es necesaria o no una Guardia Nacional y una reforma constitucional, ya que el mando es civil, y de cómo la percepción del Ejército ha bajado a partir de su participación en tareas de seguridad, y que necesitamos tener muy claro que si hay agresiones sufridas para mujeres y niñas y trata, en ese sentido, ha sido precisamente con la intervención de cuerpos militares.

Agregó que algo que se tocó en todas las mesas, es que el dictamen sobre Guardia Nacional tiene que ser replanteado y señaló que se tomarán en cuenta todos los comentarios emitidos durante estas audiencias. “Esto va a ser parte de nuestro análisis y dictamen en el próximo periodo extraordinario”.

Del mismo partido, el diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) reconoció la realización de las audiencias, pues en las 10 mesas de trabajo “se escuchó desde gobernadores, presidentes municipales, especialistas y otras sectores. Ha sido un buen ejercicio. Decir que no se mueve ni coma de un dictamen es categóricamente falso; la primera versión del dictamen es muy distinto a lo que se discutirá en el periodo extraordinario”.

Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena, señaló que la Guardia Nacional busca una mayor capacidad numérica para combatir el crimen y establecer el orden del país, a través del profesionalismo policiaco. “Sin embargo, sabemos que no basta la capacitación en derechos humanos, sino que exista una evolución y planes de estudio con un enfoque de género”.

De la misma bancada, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río resaltó que la repetida acusación de que la Guardia Nacional implica la militarización del país y de que viola los criterios establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es falsa. Explicó que no es militarización del país porque tendrá un mando civil a cargo del presidente de la República y del secretario de Seguridad y la responsabilidad militar sólo será en materia de disciplina, formación y otros aspectos del ordenamiento.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, de la misma bancada, agradeció a los ponentes sus planteamientos, los cuales han sido importantes y productivos. Coincidió en algunos temas como la falta de una visión de género y violaciones de derechos.

Del mismo grupo político, el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses apuntó que la Guardia Nacional será con líder civil y, de esta manera, tenemos confianza que se aprobará este proyecto porque se han sumado voluntades.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) señaló que hay un grave vacío y una laguna en el dictamen que es cómo se va a policializar a los militares. “Yo lo que veo grave en lo personal, es que no está estableciendo en el artículo 21 una certificación donde los militares realmente estén capacitados en materia de prevención”.

El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) estimó que las audiencias públicas han sido muy útiles, y hoy nos vamos con una nueva ruta que parece abrirse. “Que hayan estado los secretarios de la Defensa y de la Marina, fue un acto inédito. También el trabajo con los senadores, deja ver mucho interés”.

Por el PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz afirmó que la creación de la Guardia Nacional es un esfuerzo integral, y no es la primera vez que se plantea. Tampoco es nuevo que no existan criterios que regulen la actuación de las fuerzas armadas en coadyuvancia de las instancias civiles, “lo que pasa es que en la realidad ni los gobernadores, ni los alcaldes han querido asumir la responsabilidad”.

Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, dijo que para problemas urgentes respuestas urgentes, y eso es la Guardia Nacional. “Se llegó con un dictamen y hoy se termina con otro, gracias a todas las opiniones recogidas, además, seguramente se modificará en el Pleno. Por eso nos vamos satisfechos”.

La diputada Julieta Macías Rábago (MC) pidió hacer las cosas bien, por lo que propuso que se conozcan las leyes secundarias que le van a dar sentido, como la Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso de la Fuerza y la General de Registro de Detenidos.

La senadora Patricia Mercado Castro, también de MC, destacó que el cambio anunciado ayer sobre el mando civil de la Guardia Nacional muestra que hay posibilidades de un cambio. “Estas audiencias se cierran con broche de oro, porque conocimos distintas visiones sobre la seguridad en nuestro país”.

El senador Omar Maceda Luna (PRD) dijo que se retomará gran parte de lo expuesto en las audiencias; el objetivo no es polarizar, sino resolver el problema de seguridad. “Lo que estamos viviendo actualmente en el tema del hidrocarburo es consecuencia de la inseguridad; busquemos todos juntos, legisladores, sociedad civil y académicos, una solución”.

Su compañera de partido, diputada Verónica Juárez Piña, aseguró que las propuestas han sido enriquecedoras; ya escuchamos ayer un avance sobre el mando civil, aunque nos parece insuficiente. Habrá que ver los alcances de la definición que se planteó. “Nos quedan dudas sobre si será mando civil, militar o mixto”.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) afirmó que si una población ha sido violentada en todos los órdenes, particularmente sexual, han sido las mujeres y niñas de las comunidades más pobres del país, y resaltó que en este foro no se contempló de manera integral el asunto de las víctimas mujeres asesinadas. Anunció que votaría en contra de esta propuesta de dictamen.

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