16-01-2019.- El Pleno cameral conoció para trámite de publicidad el dictamen a la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política, para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: el mal uso de programas sociales con fines electorales; la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como el robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

El documento, que será puesto a discusión y votación del Pleno, modifica la minuta, al incorpora exclusivamente los tres delitos mencionados y no nueve, como lo contempló el Senado de la República.

En los transitorios, se faculta al Congreso de la Unión para que en un plazo de 90 días realice las adecuaciones normativas para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas en caso de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; uso de programas sociales con fines electorales; hechos de corrupción y robo de transporte.

Asimismo, se establece que los delitos en materia de corrupción correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones entrarían en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

La prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto mediante los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los de las entidades federativas.

Conforme al dictamen, se resalta que debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más una década, y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, es que el Estado debe contar con los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre.

Además, se busca disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para las víctimas o bien para las instituciones.

La Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminadora de esta reforma, dice estar consciente e informada de que diferentes organismos de la sociedad mexicana e internacional consideran que el incremento del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa afecta la esfera jurídica de las personas.

Desde esa perspectiva, esa tendencia es violatoria de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente.

El dictamen busca atender de manera eficaz la problemática de impunidad e inseguridad en las que está inmerso nuestro país, situación que ha generado millones de víctimas ante los delitos de corrupción, uso indebido de los programas sociales y robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin que haya algún castigo o sanción a los responsables.

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