07-02-2019.- La Cámara de Diputados aprobó con 303 a favor, 111 en contra y 31 abstenciones, el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para eliminar las limitantes que restringen el derecho de toda la ciudadanía de acceder a puestos de dirección, coordinación y vigilancia.

Las reformas permitirán al sector paraestatal federal, un crecimiento más equitativo y mejor, al eliminar el lenguaje previo a cualquier opinión tendente a la discriminación por género, origen étnico nacional o de cualquier otra índole.

Con esta reforma enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, se da paso a la designación de personas en igualdad de condiciones de género, nacionalidad, ciudadanía y cualquier otro atributo de quien acceda u ocupe cargos de alto nivel decisorio en la administración pública federal paraestatal, sin más diferenciación que sus habilidades profesionales y dedicación laboral.

Se busca armonizar la ley en términos de igualdad y conforme a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, interpretación conforme y pro persona, garantizando la igualdad sustantiva, sin importar la condición social, política, económica, cultural y jurídica.

Los artículos que se modifican son: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 37, así como 40, 42, 43, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66 y 67 de la ley.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), expresó que se busca establecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la designación de integrantes y titulares de órganos de gobierno, de órganos centralizados, fideicomisos, instituciones de crédito del Estado, seguros y empresas de participación estatal mayoritaria, particularmente, estableciendo criterios de lenguaje inclusivo con perspectiva de género.

Mencionó que se elimina un elemento de exclusión que fue impuesto en 1998, el cual señala que los directores de las entidades paraestatales, tienen que ser necesariamente mexicanos por nacimiento.

La Constitución establece cuáles son los cargos que sí requieren que su titular tenga la nacionalidad por nacimiento: Presidente de la República, diputados, senadores, fiscal general, secretario de despacho, ministro de la Suprema Corte de Justicia o gobernador de un estado.

También los cargos que señala el artículo 28 como áreas estratégicas, para lo cual se entiende que quienes estén al frente deben ser mexicanos por nacimiento. Sin embargo, “muchos cargos que no están señalados en la Constitución tienen la restricción para impedir a los ciudadanos naturalizados ejercer un cargo directivo”.

Los ciudadanos mexicanos naturalizados, afirmó, no deben ser discriminados, menos aún considerando que históricamente han aportado a México conocimientos, experiencia, inteligencia y virtudes, al igual que los de nacimiento. Incluso, “hay naturalizados que han hecho grandes aportaciones a la ciencia, a la literatura, a la música y a la docencia”.

Barrera Badillo argumentó que la reforma permitirá que la determinación de las personas aptas para dirigir las instituciones públicas, se tome sobre un universo más amplio; a partir de la trayectoria de vida de la persona afín a un cargo dentro de la administración pública y de acuerdo con el perfil del puesto, pero sin sujetarse a disposiciones anticuadas y discriminatorias.

“Mexicanos por nacimiento o por naturalización, deben encontrarse en condiciones de igualdad jurídica; es decir, recibir el mismo trato que se da a aquellos que se encuentren con situaciones de hechos similares”, agregó.

En los posicionamientos, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) señaló que la reforma maximiza derechos políticos de los ciudadanos; por tanto, debería ser apoyada por todas las fuerzas políticas, además cumple con los tratados internacionales que México ha firmado y armoniza el texto legal con el artículo 1º de la Constitución.

“Las y los legisladores estamos obligados a salvaguardar el principio de igualdad y no crear leyes discriminatorias. De no haberse presentado esta reforma, los órganos jurisdiccionales federales tendrían todos los elementos para inaplicar el texto de la actual Ley de Entidades Paraestatales, por lo que resulta ocioso no aprobar una reforma que armoniza la legislación con la Constitución y con los tratados internacionales”, añadió.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado del PRD, mencionó que en las sociedades modernas, “ya se habían tardado en hacer esta reforma, construir esta reforma legal, porque no es posible que por temas de nacionalidad, no pueda tenerse una responsabilidad pública y alguien sea rechazado y excluido”.

Sin embargo, recalcó que no se puede atender una reforma para una persona, ni se pueden hacer cambios con dedicatoria. “No se pueden constituir ordenamientos con un beneficio particular pero, a título personal, tampoco se puede excluir a ninguna ciudadana y ciudadano que tenga nacionalidad mexicana para que cubra un cargo de administración pública en cualquiera de sus órdenes”.

Por MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González indicó que el objetivo es visibilizar, con un lenguaje incluyente, la participación de las mujeres en los órganos descentralizados en fideicomisos públicos y en las entidades paraestatales, lo cual “consideramos necesario y justo”.

“La redacción propuesta es correcta, ya que la expresión actual viola derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo, lícitos y principios pro persona. Se violentaban diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Es una obligación del Estado, el evitar toda manifestación de discriminación e intolerancia”, afirmó.

El diputado del PT, Santiago González Soto dijo estar a favor de que se eliminen de los textos legales, requisitos que son discriminatorios, más aún, “estamos a favor del principio pro persona, que consiste en que las normas jurídicas sean interpretadas de la manera más amplia posible en favor del gobernado”.

Abundó que esta Cámara de Diputados, dará un paso adelante para materializar el principio de igualdad y no discriminación en la vida pública del país. “Siempre hemos criticado el trato que se da en otros países del mundo a nuestros connacionales y aquí asumimos una actitud xenófoba en contra de quienes han decidido naturalizarse e integrarse a la vida pública y política del país”.

José Ángel Pérez Hernández, diputado del PES, dijo que la minuta tiene un objeto claro y es apegada al marco normativo. “Es nuestra obligación, como representantes de la ciudadanía, responder a cabalidad y con alto sentido de responsabilidad, para garantizar a cada hombre y mujer los mismos derechos, sin ningún sesgo de discriminación”.

Expresó su apoyo a reformas que garanticen la igualdad, la equidad y la paz social, tan necesarios en estos momentos en nuestro país. Por ello, coincidió con el dictamen, en que toda persona tiene el derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de igualdad de oportunidades, que permita construir una política nacional, basada en el progreso humano y social.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho enfatizó que el dictamen reforma 25 artículos, de los cuales 24 están relacionados con la incorporación de un lenguaje incluyente; es decir, “son solamente de forma. La igualdad de género como pretexto”. Sin embargo, la modificación de fondo recae en el artículo 21, la cual pretende eliminar dos requisitos específicos, que en la actualidad deben cumplir los titulares de las entidades paraestatales, como el que tiene que ser mexicano por nacimiento, y contar con conocimientos y experiencia en materia administrativa en puestos de alto nivel decisorio.

Resaltó que está reforma no es sólo la posibilidad de que los mexicanos por nacimiento o por naturalización sean directores de paraestatales, sino también mexicanos que tengan doble nacionalidad. “No estoy prejuzgando el sentido de la respuesta, si esto es bien o mal, lo que estoy diciendo es que este tema, que es el verdaderamente de fondo, no está debatido en este momento”.

Por el PAN, la diputada Jacquelina Martínez Juárez expresó su inconformidad en transitar a “leyes hechas a modo y con dedicatoria”. Lamentó que una reforma cuyo objetivo y contenido puede ser calificado de saludable, “haya sido objeto de oprobio, burla y manoseo por parte del Ejecutivo”.

Señaló que la designación de responsables en tareas públicas sin los atributos necesarios para cumplir cabalmente con dichas funciones, tendrán como resultado consecuencias negativas. “En el PAN decimos no a la ley con dedicatoria personal. Sí al trato republicano y al respeto de poderes”.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) aseguró que la reforma tiene por objetivo garantizar un lenguaje incluyente, de manera que se logre visibilizar y reconocer la contribución y el trabajo de las mujeres en los organismos paraestatales, así como eliminar la discriminación, ambos derechos consagrados en la Constitución Política.

El dictamen, dijo, establece claramente la ampliación del derecho a ocupar cargos públicos, que actualmente restringe el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, al discriminar por origen nacional. Consideró que no debe existir distinción entre mexicanos por nacimiento para ocupar un cargo público, ya que hay ciudadanos mexicanos naturalizados, que han hecho grandes aportes al país en el deporte, la cultura, la ciencia y el medio ambiente.

En la discusión, la diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) señaló que se habla del futuro del proyecto editorial del Fondo de Cultura Económica a cargo del director general, quien tendrá que elaborar un proyecto que aglutine y haga compatible su trabajo con el de otros profesionales, crear sinergias con gestores editoriales, escritores diversos, traductores e, inclusive, con los responsables del marketing y “al momento no se conoce ninguna estrategia al respecto”.

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputado Sergio Mayer Bretón, dijo que la reforma busca eliminar un candado impuesto en 1998, para que los directores de las entidades paraestatales cumplieran con el requisito de ser mexicanos por nacimiento. Con la aprobación de estas modificaciones, estimó, se cumple con lo establecido en la Constitución, que prohíbe toda discriminación por origen étnico y de nacionalidad.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) enfatizó que su grupo parlamentario no está dispuesto a acompañar una reforma que debiera ser atendida con mayor profundidad. “Esta legislación se queda corta frente al escenario de realidad social y consideró que se está confundiendo con claridad la enorme responsabilidad que debe tener una persona al frente de una entidad”.

Por el PT, el diputado Silvano Garay Ulloa puntualizó que es tiempo de legislar para incluir a más mexicanos, y esta reforma beneficia no sólo a una persona, sino a miles que no han nacido en el país; por ello, destacó, el Partido del Trabajo apoya este dictamen.

Del PAN, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez afirmó que votarán en contra, porque hay razones políticas de peso para no aprobar una ley a modo. “Los dichos que lastiman al pueblo nos obligan, por lo menos, a levantar la voz y dar un voto en contra de este nombramiento”.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena) dijo que el grupo parlamentario votará a favor porque la ley que se pretende reformar, establece, hasta este momento, una forma de discriminación por el origen nacional, que consiste en tratar a una persona de manera desfavorable por no ser ciudadano mexicano por nacimiento. “En el partido luchamos contra la discriminación y los discursos de odio que atentan contra la dignidad de las personas”.

Del PRI, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez, consideró que la discusión de fondo está en revisar si un funcionario es eficiente y tiene los requisitos para que sea eficaz “porque la ineficiencia es una forma de corrupción. Lo que se va a aprobar es una reforma incongruente”.

De Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez dijo que votarán a favor, porque con esta reforma se manda un mensaje contundente; se propone igualdad de oportunidades para todos, anteponiendo capacidades y pericias profesionales ante condiciones de género o nacionalidad. “Es tiempo de unir esfuerzos en pro de la igualdad de oportunidades y el pleno respeto a los derechos humanos”.

El diputado del PAN, José Elías Lixa Abimerhí puntualizó que las leyes son generales y han de tener una motivación fundamental en que se aplique para todos y nunca con un principio de excepción en sus modificaciones. La única justificación que encuentra una ley para ser cambiada por una persona, es el dolor mismo y para que no sea repetido. “Hoy se hace por la ignorancia, la bravuconería, provocación e insultos de un personaje, esa es la verdadera motivación de esta ley”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, comentó que no se puede permitir atacar a un mexicano ejemplar “a un hombre cultísimo, que ha leído más libros que muchos y, además, conoce la historia de este país como pocos”. Consideró que es importante erradicar la violencia contra las mujeres y la hipocresía “porque aguantaron a Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación, quien fue español nacido en Madrid, hijo de padres, abuelos paternos y maternos españoles y no dijeron nada de esa violación a la Constitución Política”.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) expresó su preocupación por que se diga en la tribuna que un escritor no es idóneo para estar al frente de una editorial cualquiera, “decir eso es dejar de considerar que las editoriales son las casas de los escritores”.

María Rosete, diputada del PES, resaltó que deben ser cuidadosos de la soberanía nacional y de las decisiones que deben competer única y exclusivamente a los mexicanos. “No podemos hacer leyes a conveniencia de nada ni de nadie; nuestro país está intelectual y laboralmente a la altura de cualquier nación.

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