12-02-2019.- En la sesión de hoy, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM presentaron 15 iniciativas que reforman diversos ordenamientos legales en materia de partidos políticos, salud, instituciones de crédito, consulta popular, equidad de género y participación ciudadana, entre otros temas.

Que partidos políticos se abstengan de presionar para que cualquier autoridad electa o en funciones renuncie al cargo

La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN) propuso reformar y adicionar diversas disposiciones a las leyes generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, para obligar a estos organismos a abstenerse de ejercer presión para que cualquier autoridad electa o en funciones renuncie a su cargo.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Gobernación y Población, también plantea que las legislaciones locales garanticen que, en caso de renuncia de cualquier integrante del ayuntamiento o diputado electo por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, el cargo sea ocupado por alguien del mismo género al que fue electo. La diputada enfatizó que para tener un Estado más democrático y plural, “no basta hablar sobre igualdad, es preciso preverla en las leyes y hacerlas realidad en el terreno de los hechos”.

Consejo de Salubridad General envíe informe semestral al Congreso de la Unión

En su turno, la diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI) planteó adicionar un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Salud, con el objetivo de que el Consejo de Salubridad General envíe al Congreso de la Unión un informe semestral sobre las disposiciones generales que emita.

Señaló que con esta adición se fortalecerá el mecanismo de rendición de cuentas y control por parte del Congreso de la Unión, respecto de una instancia de carácter constitucional no autónoma, dependiente del Ejecutivo federal. Se canalizó a la Comisión de Salud.

Prohibir que empleados en sucursales de instituciones de crédito utilicen dispositivos de comunicación

La Comisión de Hacienda y Crédito Público analizará la iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil (PES) que reforma el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de prohibir el uso de cualquier dispositivo de comunicación a los empleados que atiendan a los usuarios en ventanillas de sucursales de las instituciones de crédito.

Precisó que la reforma busca que, “aquellos individuos que no se manejan con honestidad e informan a los delincuentes sobre las posibles víctimas de sus fechorías, no puedan hacerlo de manera tan sencilla y protejamos así a los usuarios”. Asimismo, planteó que las instituciones de crédito, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Procuraduría Federal del Consumidor, establezcan medidas de seguridad y que estas no sean inferiores a las aplicables en sus países de origen.

Reducir porcentaje de ciudadanos para solicitar consulta popular

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) presentó una reforma al artículo 35 de la Constitución Política, a fin de reducir el porcentaje de 2 por ciento a 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, que se requieren para convocar a consulta popular y que la solicitud que formule el Presidente de la República para consultar a la ciudadanía, sea aprobada por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso de la Unión.

La iniciativa, suscrita también por el diputado Benjamín Robles Montoya (PT), propone que la consulta popular se realice anualmente y corresponda al Instituto Nacional Electoral determinar la fecha. En el año en que haya jornada electoral federal la consulta aplicará el mismo día. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las solicitudes de consulta popular, deberá privilegiar el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones de las cuestiones públicas. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que política migratoria incluya perspectiva de género

La legisladora María Libier González Anaya (MC) planteó reformar la Ley de Migración y establecer que la política en esta materia incluya la perspectiva de género en las acciones públicas, a fin de garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres migrantes.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, propone que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de gobiernos de entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Definir la participación ciudadana como principio de la planeación nacional

Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada del PRD, propuso modificar la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana, para definirla como principio de la planeación nacional, establecer la obligación de una plataforma de seguimiento y garantizar los mecanismos específicos.

Esparza Márquez dijo que se pretende que la legislación incluya tecnologías de información y comunicación en los procesos de participación. “Con esta iniciativa se avanza con uno de los principios y acciones de la alianza para el parlamento abierto en México”. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Quien nazca en reclusión, su domicilio se asentará en la entidad federativa correspondiente

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (PVEM) propuso reformar el artículo 58 del Código Civil Federal, con el propósito establecer que si el nacimiento de un menor ocurriere en un establecimiento de reclusión, se deberá asentar como domicilio la entidad federativa donde hubiere tenido lugar.

La legisladora dijo que la actual redacción del citado artículo genera condiciones de discriminación en relación a ciertas circunstancias en las que se da el nacimiento. Agregó que con esta reforma se evitará cualquier tipo de discriminación y generará sentido de pertenencia y arraigo. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Regular explotación de parcelas escolares

Con el fin de regular la explotación y administración de parcelas escolares, el diputado Jesús Fernando García Hernández (Morena) pidió modificar el artículo 70 de la Ley Agraria.

La iniciativa establece que las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desarrollarán una plataforma electrónica para conocer el estado que guardan las parcelas escolares a nivel nacional, así como para el seguimiento de las cuestiones de financiamiento y producción. El diputado dijo que la propuesta pretende reactivar este tipo de parcelas para favorecer la educación, a fin de que el campo sea productivo y haya seguridad alimentaria. Se turnó a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Registro de nacimientos

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) presentó una iniciativa de reformas a los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal, a fin de brindar mejores instrumentos normativos que hagan efectivo el derecho a la identidad de niñas y niños. Propone que instituciones de salud o educativas, pública o privada que tengan conocimiento de que un menor no tiene acta de nacimiento, deberán dar aviso al Juez del Registro Civil, en las 24 horas siguientes y que “la omisión de esos avisos será sancionada administrativamente”.

Pese a los esfuerzos por facilitar el registro, existe violación del derecho a la identidad. “No tener este documento es una barrera para el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y niños a salud, educación, desarrollo social e, inclusive, en un futuro, el derecho al voto”. Plantea que las embajadas y consulados mexicanos extiendan actas de nacimiento y que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Se envió a la Comisión de Justicia.

Presupuesto para estancias infantiles

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (PRI) propuso adicionar el artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que la Federación, estados, municipios, Ciudad de México y alcaldías de sus demarcaciones territoriales incorporen una partida presupuestal para proyectos que permitan la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

La propuesta, remitida a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que de acuerdo con el Inegi, en México, tres de cada 10 madres son solteras y la Encuesta Intercensal 2015 arrojó que 7.8 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años ya eran madres. Estos servicios constituyen una herramienta eficaz en beneficio de padres de familia, madres solteras y sus hijos, por lo que es necesario ampliar el acceso a instancias infantiles y favorecer la participación económica de este sector de la sociedad.

Reinserción social de adolescentes

A su vez, la diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena) propuso reformar el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a fin de que durante la suspensión condicional del proceso de un joven, el juez le pueda imponer la condición de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

Se debe construir una política eficiente de reinserción social para adolescentes. Dijo que, según el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, 63 por ciento de la población consumidora de alcohol son personas de entre 12 y 24 años de edad y que, datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de 2014, 5.5 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato consumieron alcohol de manera excesiva “y el mismo estudio revela que niños de primaria, de 11 y 12 años, también la han tomado en exceso”. Se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen y a la de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

Salud física y mental con el deporte

Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, sugirió reformar el artículo 7° fracción IX de la Ley General de Educación, con lo que se fomentaría la educación en materia de nutrición y promover la salud física y mental a través de una instrucción física de calidad y del deporte.

Indicó que proveer a niños y jóvenes de, al menos, tres horas de educación física a la semana, tiene beneficios académicos, de inclusión, seguridad, prevención del delito y salud, pues el sedentarismo, dijo, causa entre 6 y 10 por ciento de las muertes causadas por enfermedades relacionadas con obesidad, padecimientos cardiacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Se mandó a la Comisión de Educación, para dictamen.

Proponen modificar el nombre de la Comisión de Cultura y Cinematografía

El diputado Mario Ismael Moreno Gil (Morena) presentó la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Consiste en renovar las nomenclaturas de Comisiones de la Cámara de Diputados para que la de Comisión de Cultura y Cinematografía quede como Comisión de Arte y Cultura y que la de Radio y Televisión se llame de Radio, Televisión y Cinematografía.

Es una iniciativa, explicó Moreno Gil, en donde se reforma el numeral dos del artículo 39, consideró que la industria cinematográfica se le debe ubicar, por su íntima relación a junto con las industrias de la radio y la televisión, ya que se caracterizan por su impacto masivo, uso de herramientas tecnológicas, constante desarrollo y vanguardia. Esta modificación permitirá homologarla con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, concluyó. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.

Proponen que municipios tengan a su cargo limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos

La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó una Iniciativa de Ley al artículo 115 de la Constitución Política, para establecer que los municipios tengan a su cargo la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos para garantizar la protección del medio ambiente y reducción en el impacto del cambio climático.

Explicó que la importancia de los servicios públicos municipales se refleja en la buena marcha de la administración y responde a las demandas planteadas desde la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, porque representan el fin último y el medio para una estrategia de imagen gubernamental. La Iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Castigo hasta con 6 años de cárcel a quien cometa delito de violencia familiar

Por su parte, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) presentó modificaciones al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, e incluir lo siguiente: “Comete el delito de violencia intrafamiliar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica hacia personas con las que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja o fuera del dominio familiar”.

Así, a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrían de 12 meses a seis años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia así como también la guardia y custodia tratándose de menores. La Iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para Dictamen.

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