• Realizan en San Lázaro un foro para abordar esta problemática; participantes advierten de daños

18-02-2019.- Al inaugurar el foro “Violencia Política de Género”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), señaló la necesidad de avanzar hacia la correcta tipificación e incidencia jurídica, que permita garantizar la participación política de las mujeres en la vida pública del país.

“La violencia de género tiene raíces antiguas y profundas que parece normalizada en las prácticas, usos y costumbres, así como en los procesos electorales y la función pública”, dijo.

Destacó que en el ámbito municipal, es donde mayores agresiones de este tipo reciben las mujeres. Indicó que será objetivo de la comisión, amalgamar esfuerzos sin distingos de partidos políticos o ideologías para erradicar esta práctica.

“Este foro en parlamento abierto, permitirá mapear los esfuerzos legislativos realizados y ampliar la discusión, incorporando aquellos fenómenos asociados a la violencia política, como los relacionados con la salud física y emocional”, precisó.

Puntualizó que con el conocimiento que se comparta en este foro, se pretende fortalecer las propuestas legislativas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de todas las violencias.

La diputada perredista, Guadalupe Almaguer Pardo, subrayó que la violencia política es inenarrable; por lo tanto, es necesario que los hombres dejen de percibirse con mayor capacidad de dirigir. “A pesar de que esta legislatura es la de la paridad, las mujeres no tienen el poder”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) mencionó que este foro permitirá tener herramientas para elaborar propuestas orientadas a sancionar y erradicar las conductas de violencia política y acabar con la desigualdad hacia las mujeres. “Hoy sólo en los partidos, existen multas laxas para estos actos”.

Su correligionaria, Aleida Alavez Ruiz, consideró fundamental que se acredite la violencia política; “no podemos vivir denunciando, sino transitar en reformas, que atiendan este fenómeno y evitar que se repita lo de la pasada campaña electoral que fue la más violenta hacia las mujeres”.

La también diputada de Morena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez se pronunció por tipificar la violencia política y terminar con la impunidad, además, promover mayor inclusión de las mujeres en diversos ámbitos y que quienes se desempeñan en altos puestos, tengan una visión de igualdad de género.

Durante su ponencia “Impactos, daños y perjuicios en la salud integral de las mujeres víctimas de violencia política”, Mónica Rosado Toledo, integrante del Primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, advirtió que este tipo de agresión comienza con burlas, calumnias y daños en sus bienes, lo que ocasiona un deterioro en la salud.

Mencionó que algunos síntomas que se presentan son: migraña, vértigo, hipertensión, taquicardias, hiperglucemia o hipoglucemia; gastritis, colitis, infartos cerebrales o al miocardio, además provoca angustia, miedo, frustración, depresión. Físicamente se puede notar por la pérdida de cabello y de peso. “Cada caso es distinto y debe ser analizado en su contexto”.

En su intervención “Hallazgos sobre violencia política contra las mujeres indígenas en razón de género”, Lizeth Pérez Cárdenas, también integrante del Primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, señaló que el proceso electoral (2017-2018) fue complejo y dejó en evidencia la necesidad de una ley que sancione este tipo de violencia.

Por un lado, agregó, un número importante de mujeres indígenas recibieron mensajes discriminatorios y ofensivos a través de las redes sociales; tal fue el caso de María Jesús Patricio o “Marichuy”.

En su participación, Gloria Alcocer Olmos, directora de la Organización Fuerza Ciudadana A.C, señaló que es indispensable impulsar políticas de prevención y crear campañas de información sobre los derechos humanos y políticos de las mujeres. “Hay que involucrar en la solución a diputadas, senadoras, activistas, investigadoras y víctimas”.

Al presentar su ponencia “Mujeres jóvenes en procesos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Experiencia desde el acompañamiento y la incidencia”, Alcocer Olmos expresó que es necesario actuar desde la interseccionalidad, pues la violencia se da por diversas causas, por ser mujeres, indígenas, afro, de la diversidad sexual, feministas y jóvenes, y la solución del conflicto no tiene que ver sólo con el género.

Por ello, se debe abordar la problemática desde una visión de derechos a una vida libre de violencia y de participación política, en la cual los partidos políticos no pueden seguir siendo ajenos.

Enseguida, María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2006-2016, propuso trabajar en un nuevo modelo de acceso a la justicia integral, y una reforma estructural de procedimientos administrativos y jurisdiccionales que garanticen el acceso a autoridades administrativas y tribunales electorales.

Además, establecer acciones inmediatas y políticas concretas, facultar a autoridades y dotarlas de herramientas para ejecutar sanciones, así como dar medidas de protección a las víctimas para no ponerlas en más riesgo y erradicar la impunidad.

En su presentación “Las Iniciativas de ley y las posibilidades para una ley federal sobre violencia política, contra las violencias por razón de género”, señaló que existe una resistencia a reconocerlas en las leyes, y advirtió que si no se integra al marco jurídico, tanto federal como local, no se podrá sancionar, ni erradicar.

Reconoció que se ha visibilizado la violencia política en razón de género, pero no hay una conceptualización legal o procedimiento formal, para su prevención, sanción ni reparación.

Georgina Cárdenas Acosta, investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que las mujeres han vivido una exclusión sistemática en los ámbitos de poder, por lo que es urgente tipificar la violencia política, porque muchas la han padecido en algún momento de su ejercicio.

Subrayó que esta agresión no se debe constreñir al proceso electoral, sino a un concepto más amplio, porque muchas en la administración pública la están padeciendo. Resaltó que las mujeres en el ámbito local, municipal o en las alcaldías, son quienes en mayor medida sufren violencia por razón de género.

Por ello, estimó necesario que la administración pública capacite a todo el personal en temas de derechos humanos, perspectiva de género y violencia política, a fin de prevenirla y conocer las sanciones por incurrir en ella.

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