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Boletín N°. 1960 Se necesitan leyes más justas, incluyentes y que no omitan la educación indígena
  • Indispensable, incorporar en planes de estudios de todo el país la enseñanza de lenguas originarias: Adelfo Regino

 

 

  • Sin una Ley General de Educación congruente, quizá el próximo año no haya presupuesto para libros de texto: SEP

 

24-07-2019.- En el foro “La educación indígena y rural en las leyes secundarias de la Reforma Educativa 2019â€, diputados, funcionarios y académicos destacaron la necesidad de tener leyes más justas, incluyentes y que no omitan este tipo de enseñanza, pues ha estado relegada y olvidada, cuando la formación es una herramienta para la liberación y emancipación de los pobres.

 

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), expresó que, aunque en la Ley General de Educación se contempla la enseñanza a los pueblos indígenas, la interculturalidad y su financiamiento, “es importante encontrar una redacción en los articulados que están por aprobarse, a fin de devolver a las comunidades originarias el orgullo de ser hablantes de una lengua indígenaâ€, comentó.

 

Mencionó que hubo políticas públicas de olvido y discriminación, pues fomentaron que los indígenas fueran relegados por su lenguaje, repercutiendo en la pérdida de las culturas y tradiciones ancestrales.

 

El sistema educativo, dijo, se olvidó de incorporar textos en lenguas indígenas y generar infraestructura para estas comunidades, por lo que el Estado debe garantizar el derecho a la educación de las comunidades originarias, “porque existen regiones donde ni siquiera la enseñanza básica es impartidaâ€.

 

La organizadora del foro, diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), expresó que su propuesta de iniciativa para crear la Ley General de Educación Indígena Intercultural y Rural, busca garantizar el acceso universal a la enseñanza básica, media superior y superior pública y gratuita de los sectores más vulnerables, que son los casos de los pueblos indígenas y la población rural de escasos recursos.

 

Consideró necesario incluir a estas comunidades y combatir la desigualdad. La iniciativa, dijo, está basada en cinco ejes: académico, productivo, intercultural, deporte y político. El propósito es proteger y garantizar los derechos del personal docente y de estudiantes de educación indígena intercultural y rural, así como preservar la diversidad cultural y étnica, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales.

 

Ocampo Manzanares resaltó que con la aprobación de esta iniciativa, México se colocará a la vanguardia de los proyectos educativos que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y así avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia educativa. Además, dentro del magisterio, “es necesario poner atención a quienes enseñan a la niñez y a las juventudes más vulnerables, como son los pueblos afromexicanos y la población rural de escasos recursosâ€.

 

El cambio en el país, expuso, requiere del planteamiento del papel de la educación, rescatando experiencias exitosas. Hizo votos por recuperar a las escuelas normales rurales, para beneficiar a los rincones más remotos del territorio. “En la actualidad no existe un ordenamiento jurídico que respalde ese modelo pedagógico. Es importante la recuperación del normalismo rural y el impulso de la educación indígena interculturalâ€, añadió.

 

El titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, manifestó la necesidad de incorporar en los planes y programas de estudio de escuelas públicas y privadas de todo el país, la enseñanza de las lenguas indígenas y que no sea algo exclusivo de las regiones o pueblos originarios.

 

Subrayó que el gran desafío es que cada mexicana o mexicano tenga la posibilidad de aprender y hablar tres idiomas: la lengua indígena del lugar, español e inglés.

 

Afirmó que la lengua indígena tendría que ser materia de enseñanza y de estudio en las escuelas públicas y privadas; esto implica que cualquier alumna o alumno tendría que aprender ese lenguaje en sus cuatro funciones básicas: hablar, entender, escribir y leer. “No es algo imposible. Ha sucedido en Paraguay, Nueva Zelanda y Australiaâ€.

 

“Hoy la enseñanza de estos idiomas sólo se da en las regiones nativas del país, pero es muy difícil que en las escuelas públicas de Oaxaca, Ciudad de México o Chihuahua, se imparta el zapoteco, el náhuatl o el rarámuriâ€, comentó.

 

Regino Montes calificó de lamentable que la educación indígena se conciba fundamentalmente en el ámbito de la educación básica; es decir, sólo preescolar y primaria. “Es otro reto revisar el nivel de la educación media superior, porque se está reproduciendo una especie de discriminación institucional en el ámbito educativo, en relación con los pueblos originariosâ€.

 

Resaltó la coordinación que hay entre las diversas instancias del Poder Ejecutivo federal con la Cámara de Diputados para construir las reformas a las leyes secundarias que respondan a esta nueva realidad. “Es relevante para que tengamos unas leyes secundarias que realmente atiendan los justos y legítimos reclamos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenasâ€.

 

El director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, Javier López Sánchez, resaltó que de los 25 millones de indígenas, solamente cerca de 7 millones hablan un dialecto, lo cual ha sido “una grave consecuencia de la política mono-cultural homogénea neoliberalâ€. Precisó que la reforma educativa recientemente desechada permitió la entrada de muchos maestros en educación indígena que no hablan la lengua y el 60 por ciento ni siquiera conocen la cultura; además, el 43 por ciento de los que sí la hablan tienen dificultades para leerla y escribirla.

 

También, dijo, no hay metodologías claras para la enseñanza de las lenguas y culturas; el 60 por ciento de las escuelas indígenas son multigrados; es decir, tienen que ver con las telesecundarias, bachilleratos que no cuentan con los elementos indispensables para una educación oportuna. Destacó que la falta de pertinencia de una política educativa que tome en cuenta a los indígenas lleva a más deserción, reprobación y bajos niveles de aprendizaje.

 

Se pronunció por construir un currículo nacional altamente incluyente que incorpore la diversidad cultural étnica y lingüística del país; un sistema educativo que reconozca las particularidades de cada región y crear programas locales; contar con metodologías para la enseñanza y atender los grupos multigrado y mejorar infraestructura física de las escuelas.

 

Consideró que el artículo 3 constitucional señala claramente una educación bilingüe e intercultural con énfasis en las lenguas indígenas, pero si no se tiene una ley general de educación potente que sea congruente con esto, “entonces quizá el próximo año no tengamos presupuesto para libros de texto y formar a los maestrosâ€.

 

El secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), expresó que México está saliendo de un sistema opresor y de neoliberalismo que hizo todo lo posible para desaparecer la educación en México. “Tenemos el reto de proponer leyes más justas, incluyentes y que no omitan la enseñanza indígenaâ€.

 

Sobre el las escuelas Normales rurales, lamentó la pérdida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Hay una lucha constante en este sector; hemos alzado la voz y protestado por estas injusticias del Estado mexicano; es tarea de todas y todos construir un México diferenteâ€.

 

Consideró importante que el tema de la educación se eleve y pugnó por servidores públicos comprometidos, así como legisladores que entiendan que hay un sector que no se ha tomado en cuenta, como es el indígena, “debemos tener presente que ahora deben estar en la legislaciónâ€.

 

La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (Morena), señaló que esta LXIV Legislatura está comprometida con generar cambios e involucrar a cada indígena, y prueba de ello, son las reformas al artículo 3º constitucional, en donde se incluyó la interculturalidad, pluriculturalidad y lo lingüístico.

 

Lamentó que a las niñas, niños y adolescentes indígenas se les privatice de una educación integral, por las carencias que sufren las y los docentes. Se manifestó para que la instrucción intercultural sea a partir del nivel básico y se valore la formación del magisterio de los pueblos.

 

Martínez Aguilar subrayó que la educación indígena ha estado relegada y olvidada; los educandos tienen un bajo índice de acceso y permanencia en el sistema educativo; las condiciones de pobreza, marginación y discriminación provocan que el derecho a la formación no se ejerza; los docentes son los que menor sueldo perciben y los pueblos indígenas de México han experimentado exclusión y discriminación.

 

Idalia Reyes Miguel, diputada de Morena, integrante de la Comisión de Educación, señaló que el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de México es un paso necesario para abatir el rezago educativo que padece la población indígena. Recordó que la reciente reforma constitucional en materia educativa estableció que los planes y programas de estudio incluirán el conocimiento de las lenguas indígenas del país y contribuir a fortalecer el respeto hacia la diversidad cultural.

 

Comentó que la propuesta de Ley General de Educación, cuya discusión está en curso, establece la obligación del Estado de priorizar la atención a poblaciones en desventajas por condiciones económicas y sociales con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y aprendizajes para todos, en concordancia con las disposiciones constitucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

 

Estimó que el modelo educativo multicultural y plurilingüe conlleva a la reorientación del curso histórico general de la nación. Enfatizó que “la educación multicultural y plurilingüe en la Cuarta Transformación no está pensada para redimir al indígena; servirá fundamentalmente para redimirnos a nosotros mismosâ€.

 

El presidente de la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte del Congreso de Nayarit, diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT), indicó que el normalismo rural permite que los jóvenes se transformen y puedan cambiar sus comunidades; no obstante, estas escuelas se han sostenido por la lucha social.

 

La educación, subrayó, es una herramienta para la liberación y emancipación de los pobres. Agregó que las 16 normales del país necesitan presupuesto “para sus internados, comedores, unidades de producción, reabrir las escuelas que desaparecieron y generar nuevos institutos, ya que aún hay cinco millones de mexicanos que no saben leer y ni escribir; las normales deben tener presupuesto suficienteâ€.

 

Consideró necesario que en la reforma constitucional garantice el acceso a la educación superior y pidió que en la legislación secundaria se destine el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la enseñanza, y se invierta el uno por ciento a investigación científica, así como contemplar recursos para las universidades rurales y del medio indígena.

 

María de los Ãngeles Gordillo Castañeda, directora de las Universidades Interculturales de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, resaltó que la interculturalidad como principio de la educación en el país es sumamente importante, por lo que hablar de educación indígena también implica la filosofía de cada uno de los pueblos.

 

Resaltó que una de las propuestas es que no se hable de desarrollo y progreso, sino de bienestar y justicia social. Lo que hace falta señalar “es que el piso no ha sido parejo y que no está siendo parejo, que en los contenidos escolares no se está tomando en cuenta a las lenguas indígenas como portadoras de conocimiento e historia.

 

Estimó que falta que realmente se revindique el subsistema de las universidades, porque “desafortunadamente todavía pedimos permisos para incorporar los contenidos, los saberes de las comunidades indígenas por diferentes comités evaluadoresâ€. Destacó que debe existir una vinculación comunitaria; es decir, acercamiento de los diferentes actores, comunidades, alumnos y los maestros, a fin de llegar al bienestar y la justicia social.

 

El exrector de la Universidad de Guerrero, José Enrique González Ruiz, refirió que la reforma a la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación establece en el artículo Décimo Sexto Transitorio que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 de la Carta Magna, lo cual consideró que está bien.

 

Agregó que se señala que, con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Afirmó que volvieron a quedar cosas en la Constitución que ya no se van a poder cambiar en las leyes secundarias y algunos temas que son preocupantes.

 

El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, Alberto González Torres, aplaudió que en el gobierno de la Cuarta Transformación se contemple a la educación y se estén haciendo las reformas para avanzar en este tema.

 

Precisó que de las 36 normales que existían, en la actualidad sólo 16 están en funciones con condiciones poco favorables para seguir operando. La creación de las escuelas normales rurales, dijo, han significado el derecho y acceso a la educación para los jóvenes de comunidades indígenas y campesinas más marginadas del país.

 

El embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, señaló que de los once millones de los pobladores en su país, seis millones se reconocen como descendientes de indígenas. En los últimos 13 años su nación creció y su modelo económico se ha dedicado a resolver la pobreza en el área rural, particularmente en comunidades autóctonas.

 

Indicó que la pobreza extrema en Bolivia es del 15.2 por ciento y se espera que para el 2025 esté por debajo del 5 por ciento. En materia educativa, dijo que su país tenía el 13.3 por ciento de analfabetismo en 2001 y ahora es una de las seis naciones libres de ese flagelo, “pero esto se logró con inversión pública y cuánto del Producto Interno Bruto se pone en educaciónâ€.

 

Crespo Fernández subrayó que la lengua es la base del proyecto educativo en Bolivia, así como el reconocimiento de la diversidad y de la nacionalidad. Además, el currículum es regionalizado e incluye 36 lenguas. La autonomía de las universidades pluriculturales representa la reivindicación de las organizaciones sociales. Añadió que el 40 por ciento de las siete mil lenguas indígenas que se hablan en el mundo están en riesgo de desaparecer, “por lo que hay tomar medidas en elloâ€.

 

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