• No pensemos que ya vivimos en una democracia plena y que no hay abusos; ahí tenemos claros pendientes: Mario Delgado
• Estamos dispuestos a discutir una nueva reforma del Estado: senador Martí Batres
• A través del diálogo, sin prisas, pero sin pausa, se construirán consensos: Olga Sánchez
• La reforma electoral no debe improvisarse y mucho menos imponerse: Lorenzo Córdova
• Esperamos que en el próximo periodo de sesiones podamos tener ya un proyecto normativo: diputado Sergio Gutiérrez
• Después de diez reformas electorales, la regulación ha adquirido un mayor carácter técnico: Fuentes Barrera

11-06-2019.- El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que el tsunami de las pasadas elecciones presidenciales ocultó muchos islotes que todavía quedan en nuestro sistema electoral; es necesario repensar sobre el financiamiento, fiscalización, fraudes y fallos, porque tenemos un sistema extremadamente caro.

Al participar en el acto inaugural de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, manifestó que en julio pasado “demostramos que hubo una indebida transferencia de recursos de los ejecutivos y de los legislativos locales para inflar candidaturas, eso cuando menos en nuestro sistema de prueba que no obliga a nadie”.

Consideró que otro problema es el de las competencias. “Hemos llegado a la conclusión de que no son claras. Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) sí o no. Facultad federal, facultad nacional, ésos eran nuestros debates”.

Mencionó que hay tres grandes temas. Primero, la Reforma del Estado que dura mucho tiempo. Recordó que el último ejercicio que se hizo tenía 128 temas e incluía al Poder Judicial, y otras cuestiones.

Otro punto, continuó, es el sistema electoral propiamente dicho; el sistema representativo y el democrático. “Nos queda mucho camino que recorrer; quitamos una piedra, pero aparece otra, y lo que no se falseaba vuelve a falsear”.

Muñoz Ledo se refirió al sistema representativo y preguntó si “nos vamos a meter con él, con lista nacional; durante mucho tiempo jamás nadie se preocupó, mas que la oposición, de que se siguiera cometiendo el fraude, mucho fraude y bonita representación. Es la verdad histórica de las cosas”.

Inquirió qué se hará respecto de quedarse o no con los OPLE, y sobre las facultades del INE, que tiene autoridad sobre los estados, municipios, y todas las autoridades del país, aunque cuestionó si la puede ejercer o no.

Añadió que el sistema democrático es otro tema. “Nosotros tenemos una democracia representativa prevista en el artículo 49 de la Constitución, aunque también se tiene la representativa, la delegativa, la deliberativa; es decir, dónde queda el plebiscito, el referéndum o la democracia comunitaria, interrogó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo (Morena), expresó que la política no puede ser ajena a la austeridad republicana, por lo que se debe reducir el costo de los partidos políticos, y afirmó que en esta Cámara ya existe una iniciativa para disminuir, por lo menos a la mitad, el financiamiento a esos organismos.

También planteó revisar el costo de los órganos electorales, pues “damos por hecho que nuestra democracia es de las más caras del mundo y no cuestionamos si se puede hacer más con menos recursos; tiene que haber una optimización del costo de los órganos electorales en el país y debe haber una disminución en el costo de organizar las elecciones”.

Los temas para alcanzar una auténtica democracia, dijo, son austeridad en la política y en los procesos electorales; sancionar de manera efectiva los delitos electorales; impulsar una auténtica participación de la gente en la vida democrática; consulta popular y la revocación de mandato.

Se manifestó por combatir los fraudes electorales, el mal uso de recursos públicos y la compra de votos, si bien ya se hizo una reforma constitucional para que éstos sean delitos graves y se sancione con cárcel a quien violente la voluntad popular. “Nos toca aterrizar y tipificarlos para que tenga una aplicación eficaz y terminemos con esas prácticas. No pensemos que ya vivimos en una democracia plena y que no hay abusos y que no se ha utilizado la intervención del gobierno en el resultado; ahí tenemos claros pendientes”.

Delgado Carrillo puntualizó que se debe analizar la posibilidad del voto obligatorio para fomentar la participación y la corresponsabilidad ciudadana en las principales decisiones, así como revisar el número de diputados y senadores plurinominales; otro tema, aseguró, es el de la paridad.

Añadió que para vivir una democracia auténtica tiene que haber mayor participación de las mujeres. “Ya dimos un paso histórico al aprobar una reforma constitucional que garantiza la paridad en todos los espacios públicos, pero tenemos pendientes todavía que permitan el ejercicio eficaz de esos derechos. La violencia política de género es un gran obstáculo durante las campañas electorales y los procesos de los partidos para la participación de la mujer; tenemos que legislar de inmediato para evitarla y garantizar un ejercicio eficaz de los derechos de las mujeres”.

El presidente de Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, se mostró abierto a discutir una nueva reforma del Estado, con transformación profunda y que tenga en su esencia la idea de la mayor intervención de la sociedad en los asuntos públicos.

Resaltó que el mandato de las urnas del 1 de julio de 2018 fue transformar y el Congreso y esta Legislatura tienen el suficiente ánimo e ímpetu para hacerlo. “Ya hemos celebrado la reforma de paridad de género; es una buena muestra de la profundidad de las decisiones que se pueden tomar sobre la reforma del Estado”.

Dijo que hay otras ideas que están debatiéndose. Uno de los planteamientos es la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos en 50 por ciento, lo cual amerita una reforma constitucional, por lo tanto, “es deseable que se logre un gran consenso al respecto”.

Otro planteamiento, afirmó, tiene que ver con los temas de austeridad y, pasa por la idea de que sea el INE el que organice las elecciones, prescindiendo de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). “El balance que hay es negativo. Hay dificultades y conflictos. Es un tema que debe valorarse”.

Batres Guadarrama argumentó que otro asunto es el relativo a la revocación de mandato y la consulta. “Eso es reforma del Estado, es democratización, es intervención de la sociedad en la vigilancia, en el escrutinio y en el control del gobernante. Tiene que establecerse con toda claridad que puede haber plebiscito y referéndum, y facilitarse la realización de las consultas a la ciudadanía”.

Se manifestó por ampliar los periodos de sesiones o crear un tercero o uno anual de sesiones, que permita al parlamento realizar su tarea de contrapeso permanentemente, debatir los temas nacionales y realizar las reformas que requiere el país. También hay que incorporar en la legislación el tema del parlamento abierto y debe mantenerse la representación proporcional y analizar las fórmulas para reducir el tamaño del Congreso, “si es que se pretende hacerlo, pero combinando adecuadamente la representación proporcional y la mayoría relativa”.

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), expresó que esta legislatura tiene un reto. “No es menor; implica hacer un diagnóstico de estos temas, y trazar las rutas hacia lo que deseamos reformar”.

Indicó que se tienen que privilegiar los consensos con todas las fuerzas políticas para caminar en un mismo sentido. Los integrantes de este grupo “pusimos manos a la obra para iniciar el análisis de las casi 120 iniciativas que hay sobre la materia”.

Las premisas de austeridad y eficacia en el funcionamiento del sistema electoral son elementos esenciales que se deben considerar de manera destacada en esta reforma, porque el ambiente social demanda que el ejercicio de la función pública sea congruente, discreto, que optimice al máximo los recursos públicos y no exista duplicidad de funciones.

Precisó que la optimización de recursos del Estado mexicano pasa por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también corresponde a los órganos autónomos hacer lo propio. En estos debates, dijo, se analizará la necesidad de incorporar el concepto de austeridad como un principio constitucional que esté presente en todo el ejercicio de la función pública.

Gutiérrez Luna argumentó que la autocrítica constructiva y realista permitirá llegar a la Reforma del Estado y Electoral que México necesita. El reto es analizar el funcionamiento del sistema democrático y la meta es que, a través de estos ejercicios transparentes, se concreten consensos, para que, en el próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre, “podamos tener ya un proyecto normativo que siga el proceso parlamentario y que culmine con su aprobación”.

Afirmó que cuanto antes se tenga una reforma electoral, mejor será su adaptación y asimilación para su adecuada implantación en el siguiente proceso comicial. “Este inicio de los foros es un momento en el que podemos percibir que existe voluntad de todos para dialogar, escuchar, intercambiar opiniones, construir y ser incluyentes”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, argumentó que estos foros son el primer paso de los que habrán de darse para analizar, valorar y proyectar la trayectoria de las instituciones electorales y del sistema de partidos.

Indicó que será a través del diálogo, sin prisas, pero sin pausa, como se construyan los consensos hacia una eventual futura reforma electoral de la legitimidad que sustente su puesta en acción y su permanencia en el tiempo. “La historia reciente nos muestra que las reformas aprobadas por la fuerza del voto de la mayoría sin el respaldo de los demás partidos, fueron efímeras”.

Se manifestó por darle espacio y tiempo al diálogo para encontrar, con el mayor consenso posible, los mejores caminos, las soluciones para que el sistema electoral y sus instituciones se transformen en la dirección y sentido que reclama el México del Siglo XXI.

“Que sea la regla de 1994 la que guíe los trabajos que hoy dan inicio en esta Cámara; que sean el diálogo, la construcción de acuerdos, la búsqueda del consenso, las reglas que den dirección y sentido a la nueva etapa del cambio electoral y político en México, para que así, al llegar a la renovación completa de los poderes federales en 2024, contemos con reformadas y renovadas normas, instituciones y prácticas que sean producto de la suma de voluntades. Que de esa suma emerja un resultado en favor de la democracia”, añadió.

Sánchez Cordero precisó que gracias a los cambios constitucionales, pasaron a la vida legal antiguos partidos, nacieron otros y por las sucesivas reformas se transformaron las instituciones electorales. Los instrumentos y prácticas electorales también cambiaron. En 1990 se dio un paso decisivo con el Padrón Electoral, que se complementó en 1993, al expedirse la primera credencial para votar con fotografía, que es, hasta hoy, el documento de identidad más utilizado.

Añadió que la trayectoria y la historia del cambio político en México, de 1977 a la fecha, está indisolublemente vinculada al cambio en las leyes, instituciones y prácticas electorales. “Las reformas electorales son, en más de un sentido, una historia viva, por la dinámica y sentido del cambio, por la suma de voluntades, por la disposición al diálogo de todos los actores que en ellas han intervenido. Uno de los secretos de su éxito, en especial a partir de 1994, ha sido el consenso alcanzado por los principales partidos políticos”.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, propuso que estos foros sean el espacio de debate serio e informado para mejorar el sistema electoral y sean vistos no como un puerto de llegada, sino como el punto de partida hacia una deliberación pública que involucre a los mejores expertos en materia electoral. “Que sea el inicio de un auténtico proceso de parlamento abierto”.

La reforma electoral, afirmó, no debe improvisarse y mucho menos imponerse, porque conlleva las reglas para el juego democrático y la disputa civilizada del poder. “En esto se requiere, además de una profunda deliberación, un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. No entenderlo puede abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones, precisamente por causa de las reglas, algo que ya vivimos en el pasado”.

Mencionó que el sistema electoral funciona y funciona bien, pero sin duda es mejorable, y prueba de ello son las elecciones del 2018 y las del pasado 2 de junio. “Trabajemos juntos en ello, pues cambios mal planeados, mal procesados o claramente mal intencionados, pueden implicar una regresión antidemocrática, tengámoslo presente. Si algo nos enseña la historia es que a la democracia hay que cuidarla permanentemente, o si no, la habremos perdido”.

Córdova Vianello argumentó que el proceso de transición a la democracia en el país representa un caso de éxito a escala internacional, el entramado institucional que se configuró con las reformas político-electorales aprobadas desde 1977 a 2014, permitió transformar el régimen de partido hegemónico en un sistema plural de partidos y crecientemente competitivo. Ha garantizado condiciones democráticas, incluyentes, para que las mayorías y minorías participen en la toma de las decisiones y que cualquier fuerza política pueda triunfar o perder en las urnas.

Destacó que con cada reforma se han mejorado paulatinamente los procedimientos de la organización electoral y fortalecido el carácter democrático incluyente, plural y representativo. El centro de una posible reforma, dijo, no está en el funcionamiento del modelo, sino en el costo de las elecciones, pero si lo que se quiere es reducirlos “no necesitamos revisarlo en general, sino repensar algunos aspectos, como las fórmulas para determinar el financiamiento que se otorga a los partidos en el ámbito nacional y, sobre todo, en el local, así como impulsar el voto electrónico que abarataría consistentemente las elecciones”.

El titular del INE subrayó que nadie está en contra de medidas de racionalidad del gasto, ni de la austeridad, “pero lo primero en esta materia, en lo electoral, no nos equivoquemos, es cuidar la certeza en las elecciones. Si algo ha caracterizado a nuestra transición es la autonomía de la autoridad electoral, la consolidación de los mecanismos de inclusión y representación proporcional, la apuesta por fortalecer y recrear el pluralismo y el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos”.

Felipe Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mencionó que con estos foros queda de manifiesto la voluntad, disposición y determinación compartidas de escuchar ideas, planteamientos y propuestas de los diversos poderes, gobiernos y sectores de la sociedad. “Éste es un verdadero ejercicio de parlamento abierto. Nuestra participación es indispensable para contar con diagnósticos objetivos sobre las realidades y desafíos que vivimos”.

Resaltó que después de diez reformas electorales, la regulación ha adquirido un mayor carácter técnico, pues el marco legal es amplio, pero complejo para los propios operadores jurídicos, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional. “Si bien existen normas que están al día y han probado su funcionalidad, también hay otras que deben actualizarse y mejorarse para responder a las demandas actuales de la democracia mexicana”.

En el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expuso que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral data de 1996 y desde entonces “no ha sido alineada a las últimas reformas en materia electoral; por ello, este ordenamiento debe replantearse y actualizarse para crear condiciones adecuadas de acceso a la jurisdicción que además permitan el ahorro de recursos”.

Resaltó que se requiere utilizar los avances de la tecnología. Es un acierto la incorporación del juicio electoral en línea. “Esto debe valorarse como un beneficio a la ciudadanía, partidos políticos y candidatos que acudan al Tribunal Electoral en busca de justicia”. Además, hay tareas pendientes, pues el organismo se enfrenta al constante entendimiento de los artículos 134 constitucional, específicamente en sus párrafos séptimo y octavo.

En la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, dijo, se ha omitido realizar la adecuación correspondiente a la tutela indispensable a grupos vulnerables y su acceso a la justicia; las responsabilidades de los magistrados de los tribunales electorales Locales también están en el vacío legislativo; debemos apostar por el federalismo judicial electoral a fin de fortalecerlos.

“Un país con la pluralidad política como el nuestro no puede esperar ni aspirar a la uniformidad, ni a la unanimidad en la resolución de los asuntos públicos. Pero sí puede aspirar a la corresponsabilidad política de todos los actores y a la colaboración respetuosa entre poderes”, destacó Fuentes Barrera.

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