20-06-2019.- En la mesa “Derechos Indígenas y Representación”, como parte de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, diputados reconocieron que existe deuda con las comunidades autóctonas para que tengan mayor participación en el poder público.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló que un tema pendiente a legislar en el Congreso de la Unión es el de las candidaturas indígenas uninominales, e iniciar la obligatoriedad de las postulaciones de candidatos hombres y mujeres de estas comunidades en las listas plurinominales.

Otro tema, dijo, es el de la autonomía de los pueblos autóctonos en regiones libres, “pues esto no lo permite hoy la Constitución”.

Mencionó que se tiene una deuda histórica con estas comunidades después de la Conquista, y que si bien se ha recuperado parte de la tierra y las lenguas, “lo único que no se ha regenerado es el acceso de los pueblos indios al ejercicio del poder público, porque evidentemente la gestión municipal no se puede confundir con su acceso al poder; los municipios indígenas son meramente administrativos. Con esta reforma sí se puede recuperar este carácter”.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), expresó que es preocupante que en pleno Siglo XXI se esté discutiendo cuántos distritos se reservan para los indígenas, qué número de los 13 que hay se autoadscribieron como tal y cuáles cubren la cuota de género.

Ante el planteamiento de desaparecer los OPLE y la propuesta de que un consejo permanente emprenda esta función, preguntó si se podrá cubrir la tarea de atender a las comunidades que en la actualidad lo hacen los Organismo Público Local Electoral.

Consideró ridículo que de los 300 distritos electorales federales únicamente se reservaron 13 para comunidades autóctonas y sin considerar la paridad de género. Además de que se tenga que esperar la buena voluntad de los partidos para incluirlos en las listas.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) externó que es fundamental conocer opiniones sobre la reciente reforma respecto a la integración paritaria en municipios indígenas y, cómo se logra la participación de estas comunidades a través de los diferentes mecanismos de cuota.

Por el PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña sostuvo que es enorme la brecha y retos que se tienen para el reconocimiento de los derechos indígenas. Además, cuestionó lo que han hecho los OPLE en este tema y sobre los desafíos que se tienen a partir de la reforma constitucional en materia de género y los municipios que tienen organización diferente.

Ana Ruth García Grande, diputada del PT, preguntó si es posible y viable esbozar una forma legal para acreditar la autoadscripción indígena y evitar una eventual suplantación, pues “es tangible que no necesariamente quien se registró viene y representa los derechos y aspiraciones de estas comunidades”,

Su compañero de bancada, diputado Silvano Garay Ulloa, resaltó la necesidad de definir a los pueblos originarios y externó su inquietud sobre los usos y costumbres y la inclusión, dado que hay cuotas de género para los jóvenes y estas comunidades.

María del Carmen Alanís Figueroa, ex magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, afirmó que México está lejos de ser incluyente en materia de participación indígena en los órganos de toma de decisión. “A pesar de que es el país de América Latina con mayor presencia, no se ha tomado en serio la Constitución y las leyes en cuanto a representación política en el ámbito nacional y local”.

En este sentido, planteó un proyecto de reforma que tome en cuenta temas de cuota indígena para diputados, senadores de mayoría relativa, representación proporcional, Congreso federal y local y candidaturas independientes. “Si vamos a tenerlas hay que reforzarlas y si no quitémoslas”.

En materia de justicia electoral, la suplencia de la queja, carga de la prueba, competencias de las autoridades federales y locales, conformación de comisiones en congresos, modificar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y del Sistema de Medios de Impugnación.

Rita Bell López, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, puntualizó que la reforma tendrá que enfocarse en atender las necesidades de los indígenas, así como realizar una consulta previa, libre e informada, para reforzar las instituciones que ya existen donde se garanticen los derechos políticos-electorales conforme su cosmovisión, pluralismo y multiculturalidad.

“Todo cambio que se realice en el modelo electoral actual impactará en los pueblos y comunidades indígenas y ellos nos han enseñado que ningún avance será significativo si no están incluidos”. Destacó que los pueblos originarios son el corazón del Estado mexicano; por ello, respetar sus autoridades y métodos tradicionales de elección garantizan la plena convivencia entre todos.

Los OPLE se han enfocado en promover y garantizar en estos municipios la participación de las mujeres, mediar entre conflictos y verificar que en los procesos de terminación anticipada de mandato no se transgredan derechos humanos, aseveró.

María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que es prioritario que estas comunidades estén representadas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque solamente se pueden cambiar las políticas públicas si están en los lugares donde se toman las decisiones.

“Actualmente hay una incipiente participación en las estructuras gubernamentales, lo que genera que las decisiones se tomen sin su consideración, sin conocer sus necesidades y sin que sean consultadas”.

Eduardo Arana Miraval, ex magistrado electoral de la Ciudad de México, planteó la posibilidad de que los espacios de toma de decisiones para este sector se ocupen a través de la representación proporcional y no por medio de los distritos cerrados o reservados.

“En el pasado proceso electoral federal hubo 13 distritos reservados, por primera vez se rompe el sistema a través de una acción afirmativa indígena, la ley simplemente no dice que se deban de tener estos distritos reservados para alguna condición o grupo, sino simplemente el Instituto Nacional Electoral lo hizo dando los elementos objetivos para lo que consideró que debería de darse una candidatura indígena”, aclaró.

Nancy Paola Dávila Fissman, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que es muy poco lo que se hace por las comunidades indígenas, a pesar de que permiten una ciudadanía diferenciada. Llamó a respetar la representación por igual en el país, pues “cuando se va a los partidos nos damos cuenta que hay una complicación de los candidatos indígenas en estas instituciones y también existe la autoadscripción”. Además, dijo, es insuficiente y mínima la representación, ya que de los 300 distritos electorales sólo el 4 por ciento la logra.

El investigador de la UAM-Iztapalapa, Javier Santiago Castillo, argumentó que la representación de los pueblos indígenas en las últimas dos décadas ha tenido cambios sustanciales, desde la definición como entidades de interés público, pasando por el reconocimiento de su cultura y autogobierno, hasta la decisión de hacer obligatoria la postulación de candidaturas indígenas, “pero es de suma relevancia considerar el modelo del sistema electoral, a través del cual se van a ejercer esos derechos, ya que el diseño no es aséptico, sino es resultado de complejas negociaciones que conllevan compromisos”.

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