04-03-2019.- Al inaugurar el Foro “Violencia política de género”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), dijo que es urgente tipificarla como delito a fin de erradicar este obstáculo democrático en la Federación y los estados, así como obligar a los partidos políticos a incluirlo como tal en sus estatutos.

La legisladora afirmó que es primordial llevar a cabo acciones de prevención y “los institutos electorales deben cambiar las sanciones para obligar a los partidos políticos a tipificar la violencia en su normatividad interna y detener estas conductas, porque muchos de ellos la siguen legitimando y naturalizando”.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), secretaria de la Comisión, manifestó que en todos los espacios donde existe poder hay agresión política contra las mujeres; por ello, dijo, es importante escuchar a las víctimas y ampliar la visión sobre este problema.

Aseguró que la complicidad en las instituciones políticas generaliza la violencia de género y sucede porque “los hombres se protegen unos a otros en toda la estructura”.

Señaló que ante la ausencia de un catálogo de sanciones y que no hay tipificación para este tema, es necesario actualizar la ley y construir lo necesario desde la Comisión de Igualdad de Género.

“Todos los instrumentos legales deben centrarse en la prevención pero también en sanciones, porque tenemos leyes, pero sin dientes. No podemos hablar de igualdad sustantiva si el camino para alcanzarlo está minado”, expresó.

Subrayó la importancia de denunciar actos indebidos; sin embargo, muchas mujeres no identifican la violencia política, por lo que resulta indispensable darle visibilidad al asunto en municipios y ciudades. “Se tiene que notar que la LXIV Legislatura es de la paridad de género”.

Es relevante traer experiencias locales desde los municipios, porque es ahí donde inicia la violencia política contra las mujeres. “No debemos legislar sin el acompañamiento de expertas, representantes de organismos internacionales y, bajo ninguna circunstancia, sin las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó.

El diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre (Morena) se pronunció por plasmar en las leyes todo lo que se expone por expertas y organizaciones de la sociedad civil. “Tenemos que comprometernos para que esto no sea un muro de los lamentos, sino aterrizar acciones concretas, pero sin llegar a ser la Inquisición”.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, puntualizó que es necesario tipificar la violencia política hacia las mujeres por razón de género, porque “no hay claridad de quiénes pueden cometer estos actos y tampoco existe una catálogo de sanciones fuertes que verdaderamente inhiban estas conductas”.

Al hablar sobre la experiencia en el INE en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, aportes y retos enfrentados expresó que es importante establecer qué sanciones corresponden a quien cometa este delito. Consideró que podría establecerse que si se detecta que un precandidato incurrió en esta conducta se le niegue la candidatura, y “si ya se le dio, cancelarla. Sólo así vamos a inhibir este tipo de conductas”.

La también presidenta de la Comisión temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación, subrayó que estas agresiones son el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres al ejercer sus derechos políticos.

“Lo peor es que no nada más afecta a las directamente violentadas, generando una especie de autocensura para que sigan compitiendo, también se manda un mensaje claro a otras mujeres para que no participen en la vida pública”.

La consejera afirmó que el INE tiene el reto de otorgar sus derechos a quienes tienen alguna discapacidad y se postulan para un cargo político, por lo que es necesario establecer acciones que promuevan su inclusión. “Se debe normar en la legislación que no se puede atentar o vulnerar el principio de paridad de género para incluir a un grupo en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminado”.

La inclusión de las personas trans, es otro tema a resolver, agregó; se tiene que otorgar su derecho a postularse, para lo cual requieren demostrar con un documento que se han ostentado socialmente con un género distinto al que se les asignó al nacer, que alguna organización defensora de derechos los reconozca o que su expresión de género en la comunidad sea reconocida.

Agregó que es primordial sentar las reglas en los casos de renuncias y licencias masivas de mujeres: Consideró que para ello se tendría que establecer que cuando algunas de ellas renuncien a un cargo público, su lugar debe ser ocupado por otra mujer. “Esto se tiene que establecer expresamente en todas las legislaciones”.

Belén Sanz Luque, representante de la organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres en México, destacó que después del pasado proceso electoral, el país se posicionó como la tercera nación en el ámbito global en representación de mujeres, con 49.2 por ciento en el Senado de la República y el cuarto lugar en cuanto a la Cámara de Diputados, con 48.2 por ciento.

No obstante, uno de los desafíos es la violencia política de género. De acuerdo con un estudio realizado por este organismo, la principal violencia política que presentan las postulantes ocurrieron al interior de sus partidos, durante el proceso de selección, donde sufrieron acoso y violencia sexual, incluso, afirmaron que las candidaturas eran otorgadas a cambio de transacciones sexuales.

Asimismo, dijeron que no denuncian estos actos porque asumen que tendrían repercusiones negativas en sus carreras políticas y si lo hacen, quienes lo llevan a cabo no tienen gran consecuencia, advirtió.

Además, indicó que hay desventaja en las decisiones políticas, ya que se llevan a cabo en lugares no institucionales y fuera del horario laboral; por ello, sostuvo que no se puede avanzar en una democracia incluyente, sin reconocer la plena diversidad de las mujeres que participan en política.

Señaló que de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique este acto y los bajos niveles de enjuiciamiento de los actores de estos hechos, disuaden a las mujeres de participar en las elecciones, principalmente, en el ámbito municipal”.

Sanz Luque mencionó que es preciso una regulación integral que garantice la plena participación de las mujeres en los distintos órganos de decisiones que determinan las políticas públicas y deciden los recursos. “No es suficiente sancionar, sino que se instituyan mecanismos para que, una vez que son ocupados los espacios de decisión, las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y con ello evitar la violencia.

Marta Martínez Gómez, consultora especialista en derechos políticos de las mujeres y democracia de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), resaltó que los desafíos que se presentan para la aprobación de leyes en esta temática se deben a que los parlamentarios tienen miedo a que sean un fuero de protección para el sector femenino.

Explicó que la Comisión Interamericana de Mujeres trabaja en una Ley Modelo Interamericana que erradique la violencia de género en la vida política, la cual es el resultado de un proceso participativo de autoridades políticas, magistrados electorales de diversas naciones con el propósito de que sea un documento útil para elaborar legislaciones óptimas en la materia.

Detalló que en este marco normativo se busca la protección más allá del ámbito electoral, desde la prevención, atención, sanción y reparación del daño, “no sólo establecer la vía punitiva, sino crear un vínculo entre paridad y violencia, pues no es un tema de acceso a los cargos políticos, sino a las condiciones en el ejercicio de los derechos”.

De igual manera, planteó que dentro de la Ley Modelo se contempla restringir el acceso de los agresores al lugar de la víctima, proveer escoltas, realizar análisis de riesgo, retirar las campañas violentas contra las mujeres, suspender del proceso electoral al agresor e inhabilitarlos de cargos públicos.

Martínez Gómez manifestó que un marco legislativo en materia de violencia política necesita contener mecanismos de sensibilización, desde la primera infancia, sobre la igualdad de género, así como a los partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, medios de comunicación y redes sociales.

Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que para tipificar la violencia política por razón de género falta un catálogo de simulaciones y manifestaciones de la violencia, que permita determinar en qué casos y de qué manera se ejerce y construir indicadores claros que digan en cada etapa si lo que pasa es violencia o no. “Cuando lo tengamos podremos tipificar y sancionar de manera adecuada”.

En su ponencia “Revisión general y recomendaciones puntuales sobre avances legislativos en violencia política de género”, propuso que ésta debe tener costo para los agresores y hacia los partidos que los postulen, como no poder registrar una candidatura a cargo de elección, que se le retire o, bien, si ya está en funciones, se le destituya, y focalizar la atención en el costo político, partidista, administrativo y electoral. Planteó incorporar la nulidad de una elección por violencia de política en razón de género.

Rita Bell López Vences, consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, refirió que no bastan las sanciones penales para estas conductas, “¿no sé qué tan correctas sean? Sí debe estar tipificada, y hay casos graves, pero tienen que ver más con otros delitos del fuero común, como amenazas, lesiones, etcétera”.

Al presentar el tema “Violencia política contra las mujeres en razón de género en sistemas normativos indígenas y régimen de partidos políticos” indicó que en aquella entidad se aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal que obliga a que la suplente de una mujer en cargo de elección popular sea alguien del mismo género, empero, “cuando pensamos que se superó algo, con un candado o algo, encuentran la forma, porque la resistencia existe. No quieren a las mujeres”.

Para impulsar un cambio contundente y ver resultados en lo político y en todos los niveles, se requiere hacer una catálogo de medidas de apremio graduales y acordes a la gravedad; fortalecer el Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia; fortalecer un sistema educativo igualitario; sensibilización a pueblos originarios desde una perspectiva multicultural; implantar políticas públicas transversales con perspectiva de género; aplicar protocolos que existan; fortalecer procesos democráticos incluyentes en partidos políticos; brindar facilidades para las mujeres en sistemas normativos indígenas; trabajar con respeto e igualdad.

Alma Delia Eugenio Alcaraz, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, resaltó que la falta o insuficiencia de la regulación de la violencia política contra las mujeres se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos-electorales; por ello, es necesario legislar y tomar como base la ley modelo interamericana adoptada por el comité de expertas del mecanismo de seguimiento a la aplicación de la Convención de Belém do Pará.

Es imprescindible agregar en la legislación el concepto y regulación de la violencia política en razón de género, incluyendo facultades claras y competencias para las autoridades, instituciones, órdenes de protección, medidas cautelares, acciones de prevención, sanciones y reparación integral de daño.

Asimismo, concientizar que la promoción del liderazgo y participación política de este sector de la población fortalece la democracia. Consideró que se deben armonizar las legislaciones civiles, penales, electorales y los procedimientos federales y de las entidades que se vinculen de manera directa e indirecta con los derechos humanos de las mujeres. También es preciso crear políticas públicas sobre la prevención de esta agresión, lo que conlleva a construir conciencia de género.

Lizbeth Victoria Huerta, presidenta municipal de Nochixtlán, Oaxaca, afirmó que la violencia política de género afecta el derecho de las mujeres a ser electas para algún cargo público. “Existe la clara violación a garantías individuales reconocidas por instancias internacionales, nacionales y estatales”, en parte, agregó, por la educación machista en buena parte del territorio nacional.

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