05-03-2019.- La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Subcomisión de Examen Previo, informó que hay 385 denuncias de juicios políticos activas, de las cuales, 356 vienen de la LIX a la LXIII legislaturas; 29 son de la actual.

La legisladora detalló que en esta LXIV Legislatura se han recibido 35 denuncias, de las que 29 fueron ratificadas; además, están en ejecución tres juicios de amparo, que deberán abordarse de manera prioritaria, “toda vez que nos solicitan la aprobación del acta de instalación y de la primera reunión de trabajo”.

Durante la presentación del informe de asuntos turnados a la subcomisión se explicó que la Secretaría General de Servicios Parlamentarios entregó a esta instancia 356 juicios políticos activos, correspondientes de la LIX a la LXIII legislaturas.

De igual manera, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por conducto de Servicios Legales, remitió las denuncias de juicios políticos recibidos a partir del 1 de septiembre de 2018 a 24 de enero de 2019, que abordan 25 asuntos. En el mismo lapso no se ratificaron seis denuncias, por lo que no fueron turnadas.

Asimismo, se hizo del conocimiento de los diputados integrantes que a partir del 24 de enero a la fecha fueron recibidos cuatro juicios políticos más.

En resumen, la Subcomisión de Examen Previo tiene en su encomienda un total de 385 denuncias de juicios políticos que, luego de hacer una revisión de los documentos, generó un libro de gobierno electrónico e impreso para mejor manejo, control y desahogo de los juicios.

En la reunión se avaló el acuerdo de trabajo de los asuntos turnados, que establece las reglas para resguardar, consultar y resolver los expedientes de juicio político.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), quien asumirá la presidencia de esta subcomisión en el segundo año de ejercicio, expuso que el análisis y resolución de las denuncias de juicio político serán divididas en tres etapas, por única ocasión, y sin causar antecedente vinculante en relación con el resto de los asuntos presentes y futuros, a fin de priorizar el desahogo de aquellas que a la fecha se encuentren en la fase de cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

Apuntó que en la primera fase serán atendidos y desahogados los asuntos correspondientes a los juicios políticos que a la fecha de aprobación del presente acuerdo de trabajo tengan dictada sentencia ejecutoria de amparo.

En la segunda se desahogarán los asuntos correspondientes a las legislaturas LIX a LXIII, de acuerdo con la carga de trabajo de esta subcomisión; conforme a los extremos de cada caso y su naturaleza, esta instancia presentará su resolución a partir de la tercera reunión de trabajo.

En la tercera etapa serán analizados los asuntos correspondientes, por turno y oportunidad, y llegado el caso, proceder a la acumulación de juicios políticos correspondientes a la LXIV Legislatura.

Mencionó que la subcomisión procurará que los juicios políticos que versen sobre denuncias evidentemente improcedentes, reiterativas, de molestia o inverosímiles se resolverán a partir de la tercera reunión de trabajo, a fin de atender los principios de economía y celeridad procesal.

La subcomisión contará con 30 días hábiles a partir de la fecha en que se apruebe el orden del día correspondiente para el desahogo de juicios políticos, plazo que podrá ser modificado acorde con la carga de trabajo y agenda de reuniones de la subcomisión y sus integrantes.

Una vez discutidos los proyectos de dictamen puestos a consideración de la subcomisión, procederá a emitirse una resolución, a través de lo dispuesto en el artículo 45 numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo no previsto en la normatividad aplicable será llevado a cabo en acato al acuerdo adoptado por mayoría absoluta de los integrantes.

Finalmente, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) propuso una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política para atender el rezago de los temas turnados y que en el libro de gobierno se tenga un registro que acredite la hora y la persona que consulte los expedientes, a efecto de tener un control, porque esta información es reservada.

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