06-03-2019.- El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, sostuvo que lograr la construcción de un nuevo país, requiere reformar las leyes laborales con el propósito garantizar justicia a los trabajadores.

Durante la mesa 5 de las Audiencias públicas en materia de “Reforma laboral y sociedad civil”, el legislador enfatizó que los cambios legales respetarán la relación laboral del personal de confianza y trabajadores sindicalizados.

“El objetivo es mejorar la legislación en la materia, la cual, en visión de muchos especialistas, somos el único país en el mundo que está atrasado en el tema”, comentó.

Está claro que las juntas de conciliación por alguna razón dejaron de ser eficientes, pero en estos espacios hay personal profesional, se buscará darles certidumbre laboral y que estos entes sean eficientes en su operación.

La integrante de la Comisión, diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena), manifestó que estos ejercicios públicos tienen la finalidad de que las reformas en materia laboral se realicen con la mayor transparencia.

“Todos apostamos, el primero de julio, a una transformación del país, confíen en esta Legislatura, vamos por la transparencia en todos los ámbitos y porque los ciudadanos tengan un beneficio”.

Destacó que para lograr un verdadero cambio se requiere de la participación ciudadana, que actué de la mano con el Legislativo y así lograr políticas públicas eficaces.

Su compañero de bancada, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, aclaró que el Centro de Registro que establece el proyecto, no es una forma de control para los sindicatos, será un mecanismo de verificación de que realmente existe democracia y que los actos jurídicos de estos organismos tienen congruencia con la realidad.

“Hay que atender de qué manera se podrá llegar a una solución, donde se dé respuesta a la democracia dentro de los sindicatos y la no injerencia del Estado en estos asuntos”.

También de Morena, Ana María Rodríguez Ruiz, pidió saber la postura de los expertos respecto a los derechos laborales para las trabajadoras domésticas. También, si es posible retomar experiencias de otros países para poner en marcha los tribunales de justicia laboral.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macías (MC) preguntó sobre el tiempo estimado para la implementación efectiva de la justicia laboral, en virtud de que la iniciativa crea el centro de conciliación y tribunales de justicia en la materia.

En su participación, la magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Rosario Jiménez Moles, destacó que el trabajo dignifica y permite el desarrollo de las personas; sin embargo, en la actualidad no hay eficacia en la solución de conflictos, por eso se busca depurar todo aquello que no tenga que llegar a los tribunales laborales.

Reconoció que la iniciativa tiene algunas bondades, como la creación de una instancia prejudicial conciliatoria o de mediación que se plantea resuelva en 45 días, lo cual es positivo, porque hoy se tienen juicios que dilatan un año o más.

El magistrado del decimosexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado López, consideró preocupante que no exista estabilidad laboral, porque es la base de los derechos colectivos de los trabajadores. “En la reforma se tiene que prohibir la subcontratación, pues no otorga derechos de sindicato o de ir a huelga”.

Se debe refrendar que el registro sindical es un acto publicitario que existe cuando los trabajadores lo decidan y no el gobierno, como lo plantea la iniciativa. Otro punto relevante, indicó, es dotar de presupuesto suficiente a los tribunales que se creen, a fin de que puedan trabajar de manera eficiente.

Silvia Selene Sánchez Rodríguez, auxiliar de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, consideró que la reforma está orientada hacia una minoría, porque los trabajadores sindicalizados son los menos, aunque es un avance ante las injusticias en la materia.

Sugirió capacitar a más operadores del derecho laboral, pues debido a la precariedad laboral se atienden alrededor de 80 mil demandas al año; además, se debe entender que la Junta de Conciliación “no morirá cuando nazcan los tribunales”.

Hugo Arriaga Estrada, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Criminalística; Ciencias Jurídicas y Pedagógicas AC, mencionó que la reforma laboral que se analiza debe estar acorde a los nuevos desafíos; propuso que esta debe agilizar el funcionamiento de las Juntas de Conciliación, que en la actualidad tiene un procedimiento costoso y engorroso.

Subrayó que a pesar que la exposición de motivos expresa que para mejorar la operación de las juntas de conciliación se requiere del uso de la tecnología para el desahogo de exhortos y pruebas, este tema no es abordado dentro de la ley de manera específica.

Hayde Ortiz Trejo, representante de la Consultoría Médica Integral Metropolitana SC, expuso que independientemente de los instrumentos laborales que se realicen es necesario que sean vigilados constantemente. En el caso del gremio del sector salud, se requieren salarios competitivos y becas a los residentes y puestos justos para las mujeres.

Se requieren horarios más flexibles y mejores sitios de descanso, de lo contrario, se tiene el riesgo de cometer errores humanos por fatiga; asimismo, aumentar el número de médicos en las instituciones públicas, ya que el número de pacientes que atienden es enorme.

María del Rocío González Balsa, fundadora de Hijas de la MX, propuso que la reforma laboral contenga flexibilidad de horarios, cuyo resultado lleva a una mejor actitud y eficiencia en los empleados, impulsar el trabajo en casa, que durante el periodo de lactancia las mujeres puedan trabajar de manera remota o jornadas acordes a sus necesidades.

Por otra parte, solicitó a los legisladores no terminar con el programa de estancias infantiles; propuso generar un sistema de vales para que los padres elijan la institución de cuidado para sus hijos y pidió regular los sindicatos en el ramo de la construcción, pues estos no representan a los trabajadores.

Ana María Nolasco, integrante de la Campaña Trabajo Digno Derecho de las Mujeres, estimó que se debe construir un nuevo modelo laboral con perspectiva de género integral “La precariedad laboral ha afectado más a las mujeres. Siempre son a las que más fácilmente despiden”.

Precisó que ocho de cada 10 trabajadoras no tienen seguridad social; por ello, dijo, es necesario mejorar ese indicador. “Los derechos de las trabajadoras son los más vulnerados, y muy pocas tienen acceso a sindicatos”.

La delegada del sector de Jubilados del Sindicato de Telefonistas de México, Cristina Zaragoza Lemus, señaló los pocos recursos que reciben las juntas de conciliación, pese a la gran carga de asuntos por resolver. “Se tiene que destinar más dinero para que puedan trabajar en favor de los empleados”.

Propuso integrar una plataforma en la que los patrones también aporten recursos al aparato jurídico del Estado, porque ellos envían muchos casos. “Es un modelo que ya existe en algunos otros lugares, por eso consideramos que es viable”.

Natalia Juárez Miranda, secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, resaltó que las y los diputados pueden impulsar un modelo de legislación que garantice la justicia social que por años se ha negado a los trabajadores.

“Esta legislatura tiene que hacer una reforma integral y de gran calado pero con justicia real. El mundo laboral no puede cerrarse, sino escuchar a todos los involucrados”, añadió.

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