08- 05- 2019.- Ante diputados de la Comisión de Infraestructura, Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, afirmó que los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 en el sector, convertirán al sistema marítimo-portuario en motor de progreso costero regional y permitirán vincularlo con la prosperidad de ciudades, a fin de impulsar industrias que generen empleos, integren a los jóvenes y los arraiguen a su lugar de origen.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, durante la reunión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), propuso “no pensar en colores partidistas al tomar las decisiones, sino privilegiar la construcción de infraestructura del país. Dar el apoyo a los puertos es muy importante y necesario”.

Destacó la relevancia de que la SCT se vincule con el trabajo que realizan las comisiones de Infraestructura y de Comunicaciones y Transportes, con el propósito de coadyuvar en la definición de proyectos para involucrar a los diversos sectores empresariales y trabajar conjuntamente.

Se pronunció por priorizar la generación de empleo a través del desarrollo de los puertos del país, con apoyos efectivos a los municipios, cuyos ingresos provienen, en alto porcentaje, de las actividades portuarias. Resaltó la transcendencia del cabotaje para respaldar al sector portuario.

Por el PES, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, propuso realizar auditorías mediante un sistema de fiscalización permanente en las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), tanto federales como estatales, debido a que manejan montos financieros que “de repente se va de las manos y no se sabe en dónde quedó”. Pidió meter orden a esas asociaciones para definir cómo se reparten los recursos.

Por el PT, Armando Reyes Ledesma expuso su preocupación por el abandono y nula inversión en los puertos del país. Se pronunció en favor de que las APIs apoyen a los ayuntamientos en la construcción de infraestructura. Urgió a la SCT atender la flota atunera de Ensenada, Baja California, que enfrenta falta de rentabilidad al recuperar la mitad o menos de su inversión.

La legisladora Yolanda Guerrero Barrera (Morena) propuso que los recursos para promover los puertos los maneje la federación a través de la SCT en forma equitativa, a fin de garantizar el desarrollo de estos polos económicos. Sostuvo que sería “error garrafal” destinar los excedentes de las APIs a los ayuntamientos. Pidió analizar esta opción de forma integral.

De la misma bancada, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo consideró que es muy bajo 25 por ciento de los recursos de las APIs en los proyectos estratégicos de inversión en los puertos. Expresó su preocupación por la disparidad en la inversión a los municipios, porque no existen nuevas obras de infraestructura.

También de Morena, Samuel Herrera Chávez subrayó que es prioritario modernizar y fortalecer la marina mercante a través de las carreteras marítimas. Consideró que las APIs se crearon con una tendencia privatizadora.

La diputada Juana Carrillo Luna (Morena) afirmó que el PND presenta un proyecto integral para el desarrollo de los puertos y marina mercante que no había en muchos años. Pidió dar un voto de confianza a la SCT para impulsar las obras. Solicitó hacer auditorías a las APIs a fin de conocer el manejo de recursos y su funcionamiento para detectar actos de corrupción y sanearlas, de ser el caso.

Igualmente de Morena, Edgar Eduardo Arenas Madrigal pidió fiscalizar los recursos de las APIs y etiquetarlos de forma transparente para utilizarlos, además de que sean normados y ejercidos por la federación.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (Morena) propuso trabajar en una estrategia nacional que aliente el desarrollo regional equilibrado, sin mediar intereses partidarios. Resaltó la importancia de privilegiar la inversión en puertos como el de Salina Cruz, Oaxaca, y de Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo potencial no se ha aprovechado por la falta de instalaciones adecuadas para atender a los barcos. Lamentó el abandono en que se encuentra el sector frenando la generación de empleo y desarrollo económico.

Por el PT, Francisco Javier Huacus Esquivel demandó transparencia en el uso de recursos financieros de las APIs, mediante la SCT en los municipios de forma responsable. Por ello, propuso que la Cámara de Diputados ejerza su facultad de fiscalizar el ejercicio presupuestal para resolver de fondo los problemas.

El diputado de Morena, Francisco Javier Borrego Adame, exhortó a las autoridades portuarias a cumplir las normas de funcionamiento establecidas por la SCT, y evitar que el transporte público federal cargue exceso de peso, porque eso provoca el deterioro de las carreteras.

De la misma bancada, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo apoyó la búsqueda de alternativas de inversión que desarrollen la red portuaria y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las ciudades cercanas. Solicitó conocer el tiempo previsto para que los proyectos obtengan resultados.

Asimismo, la diputada de Morena, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, propuso privilegiar que las actividades portuarias se relacionen de forma armónica con las ciudades, a fin de propiciar el desarrollo integral, con la participación de pescadores, agentes aduanales, empresarios, fundaciones y gobiernos estatal y municipal. Con ello, respaldar el turismo en puertos como Manzanillo, Colima, sin atropellar los derechos humanos de las comunidades.

Por el PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas convocó a que, al margen de posturas partidistas, se colabore en un marco de respeto hacia las comunidades y se definan acciones que las beneficien. Reconoció el esfuerzo por alentar la inversión en el sector portuario.

En respuesta a los preguntas de los diputados de las comisiones de Infraestructura y la de Comunicaciones y Transportes, el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Héctor López Gutiérrez, informó que se realizan los programas maestros de los proyectos para definir el tiempo y forma transparente de la asignación de los recursos mediante un planteamiento operativo anual, cuya vigencia se estima en cinco años, con ajustes conforme avance.

El funcionario federal comentó sobre la disponibilidad de recursos, que el 80 por ciento de la inversión en el sector es de origen privado, a través de contratos de cesión parcial de derechos.

Refirió que las APIs se crearon como concesionarias del gobierno federal y quedaron obligadas a pagar una contraprestación por obtener beneficios de bienes públicos, como los puertos, y ceder parcialmente sus derechos para invitar a empresas que construyeran nuevas instalaciones y ofrecieran servicios.

Esa certeza jurídica propició que existan 684 compañías, cuyas ganancias se inviertan en las regiones. Apuntó que las APIs no tienen un sentido privatizador.

Aseguró que los nombramientos de los directivos de las APIs fue previa revisión de sus antecedentes con información de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República.

Sobre la distribución y cantidad de mercancías en el mercado nacional, indicó que se busca optimizarla para evitar costos adicionales a la economía de los consumidores. Por ello, se privilegia el uso de vehículos más grandes para eficientizar el manejo en los puertos. En ese contexto, consideró que la Ley de Puertos requiere una adecuación.

Luis Iván Gallardo Álvarez, director general de Fomento Portuario de la SCT, explicó que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la dependencia federal aprueba las inversiones y la Auditoría Superior de la Federación revisa las cuentas de las APIs. Están vigiladas por todos lados. Efectivamente hay que cerrar algunos candados que se dieron en el pasado. Todos los casos que se encuentren y merezcan investigar se hará”.

Anunció que para el próximo periodo ordinario de sesiones la SCT presentará a la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, para identificar de forma integral el esquema de desarrollo y generación de empleos en los puertos. La propuesta se vincula a incentivos fiscales a fin de dar certidumbre, porque el cabotaje requiere largo plazo para consolidarse.

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