11-05-2019.- El aumento del delito de feminicidio no sólo es en una entidad o comunidad determinada; es un fenómeno que se está viviendo a nivel nacional; por ello, es necesario fortalecer el marco jurídico en la materia y armonizarlo en toda la República.

A través de una iniciativa, legisladores de Morena y PVEM plantearon lo anterior y pidieron reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo es uniformar el tipo penal a nivel nacional tomando como base la definición establecida en el artículo 325 del Código Penal Federal que señala: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y las circunstancias por las que se consideran estas.

Plantearon adicionar un Capítulo V Bis de Feminicidio a la citada ley para adecuarla al Código Penal Federal y se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien cometa el delito de feminicidio. El sujeto activo perdería todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de no acreditarse el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil quinientos días multa; será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

La iniciativa refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero 2015 a 2017 se registraron 5 mil 118 mujeres víctimas de homicidio doloso; en enero de 2018 hubo 272. En 27 entidades federativas se ha solicitado declarar alerta de género (84 por ciento del territorio nacional).

El informe anual del Inegi respecto de la mortalidad de los habitantes, señala que en 2017 se registró un aumento de 18.1 por ciento de homicidios de mujeres en México; la cifra pasó de 2 mil 813, en 2016, a 3 mil 324, en 2017.

En un marco comparativo entre el 2016 y 2017, 24 entidades federativas registraron una alza en homicidios de mujeres; el estado con más casos fue Baja California Sur con un incremento de 81.8 por ciento. El Estado de México tuvo mayor índice de feminicidios, con 98 registros de carpetas de investigación en el Ministerio Público, seguido de Veracruz con 90, ambas cifras de 2018.

Las demás entidades federativas también registraron el aumento en el porcentaje de homicidios de mujeres y son muy pocas las entidades que presentaron disminución.

Los legisladores consideraron necesario que este tipo penal se establezca en el catálogo de delitos de dicha ley, de tal forma que tenga aplicación en todo el territorio nacional y se cumplan los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos y conforme a la Constitución Política.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Igualdad de Género, señala que para que el feminicidio sea tipo penal en todo el territorio nacional en grado de jerarquía, la norma idónea para realizarlo es la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ser de aplicación en todo el país y tratarse de la materia en mención.

Resalta la necesidad de reforzar este ordenamiento porque en la actualidad se encuentra en mayor desproporción por la falta de protección a nivel federal y estatal, porque no es suficiente que la Ley General contemple los tipos de violencia en contra de las mujeres si esta no señala un medio de control para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

La propuesta está suscrita por las diputadas y los diputados de Morena, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta De La Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Humberto Pedrero Moreno.

Asimismo, por los legisladores del PVEM, Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcántar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo y Jesús Carlos Vidal Peniche.

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