23-05-2019.- Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y la de Gobernación y Población, aprobaron tres dictámenes de las minutas sobre la expedición de las leyes de la Guardia Nacional, de la Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La minuta que expide la Ley de la Guardia Nacional fue aprobada con 29 votos a favor de cada comisión. Este dictamen permitirá la creación de una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta corporación tendrá el objetivo de realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

En el documento, las comisiones dictaminadoras sostienen que la violencia que enfrenta la sociedad mexicana ha alcanzado su punto más álgido en el transcurso de la presente década. Secuestros, narcotráfico y delincuencia organizada han convulsionado a toda la población y pese a los ajustes que se le han realizado a la estrategia nacional para atender este problema, los resultados son insuficientes para que la ciudadanía recobre la confianza en sus autoridades.

Indican que, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018, cerca del 30 por ciento de los municipios no tienen policía y 25 por ciento, cuentan con menos de 10 elementos, lo que representa que, en más del cincuenta por ciento de los municipios hay presencia mínima de policías.

Además, relatan que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), siete de cada 10 mexicanos mayores de 18 años tienen una percepción de mayor inseguridad en donde habitan, de ahí la importancia de crear una institución que atienda este flagelo.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), señaló que esta minuta busca establecer el cauce del mandato constitucional por el que se crea una nueva institución de seguridad pública que tiene como características fundamentales salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienestar, derechos humanos de las personas, preservar el orden público y la paz social, así como salvaguardar los bienes y los recursos de la nación y colaborar con las entidades federativas y municipios en materia de seguridad.

Subrayó que esta nueva institución será un cuerpo que resalta en el profesionalismo y disciplina, homologados en los esquemas contemplados por las fuerzas armadas; por ello, la Guardia Nacional recupera las competencias de lo que hoy es la Policía Federal, pero sumará a sus filas integrantes de la policía militar y la naval en un cuerpo de naturaleza civil y, por lo tanto, tendrá su propio régimen de disciplina, así como el catálogo de delitos y faltas como parte de la formación de sus integrantes.

Añadió que, por su carácter civil, esta institución está subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que contará con coordinadores territoriales estatales y unidades organizadas para dar cobertura a todo el territorio.

Asimismo, tendrá un órgano de coordinación cooperativa interinstitucional, integrado por las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina. Este órgano coadyuvará a la coordinación y colaboración estratégica entre las dependencias de la administración pública federal y la Guardia Nacional.

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

También avalaron en lo general y en lo particular, con 56 votos a favor y una abstención, el dictamen de la minuta que expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, donde se estipula que esta herramienta se empleará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.

Refiere que el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera: persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y muerte.

También se considera como amenazas letales inminentes: la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica en dirección a una persona; no soltar dichos instrumentos después de una advertencia clara; y poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante, entre otras.

Por otra parte, expresa que el uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo y señala que en este caso los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos.

El texto también refiere que por ningún motivo usarán armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos.

Cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles de fuerza establecidos.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), detalló que este dictamen tiene por objeto crear la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, a fin de regular y reglamentar las instituciones de seguridad pública del Estado y las fuerzas armadas cuando realicen tareas de seguridad pública.

Esto se realizará a través de la regulación del armamento oficial para el desempeño de las funciones de las instituciones comentadas, así como el señalamiento de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para sus integrantes.

Además, se establecerán las reglas de control y administración del equipo oficial; asimismo la coordinación operativa entre las diversas instituciones de seguridad para brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

Este ordenamiento estipula que el uso de la fuerza se dará con pleno respeto a los derechos humanos y especifica cuáles son las amenazas que requieren una determinada función por parte de las autoridades, así como los diversos procedimientos e instrumentos para ejercer el uso de la fuerza, estableciendo reglas y conductas observables por parte de los agentes de las instituciones de seguridad pública.

Subrayó que dos aspectos importantes de esta norma son establecer los parámetros de capacitación que deben tener las autoridades que ejercen el uso de la fuerza y el régimen de responsabilidades en que podrían incurrir si abusan de la fuerza.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Finalmente, avalaron con 28 votos a favor de la Comisión de Seguridad Pública y 31 de la de Gobernación y Población, la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de sustituir el actual Sistema Nacional de Información por el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, que unificará las bases y datos y los concentrará en una sola matriz.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), explicó que el nuevo Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública consolidará un conjunto integrado, organizado y sistematizado de datos que permita a las instituciones de seguridad y de impartición de justicia generar datos compartidos, lo que facilitará el cumplimiento de sus actividades.

Además, establece la obligación de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno de generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos, documentos y cualquier tipo de datos con que cuente en las bases informáticas.

Enfatizó que la reforma propuesta procura un ejercicio profundo de armonización y actualización de los siguientes conceptos: se deja de hacer referencia a los estados y al Distrito Federal para referirse a las entidades federativas y Ciudad de México; de igual manera se deja de señalar a la Secretaría de Gobernación, sino a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal.

También se deja de hacer referencia a la Procuraduría General de la República y modificarla por la Fiscalía General de la República y se soslaya el término salario mínimo para transitar a las unidades de medida y actualización.

En las consideraciones, las comisiones unidas destacaron que este sistema nacional estará a cargo de la Federación. Integrará datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad, Formulará políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos y determinará la participación de la comunidad, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.

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