24- 05- 2019.- El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, planteó convocar al subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Horacio Duarte Olivares, para conocer los avances, límites y candados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de enriquecerlo y garantizar su éxito.

Aclaró que la convocatoria al funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se debe a que “preocupa el programa porque nosotros autorizamos un presupuesto y queremos la buena aplicación del mismo. Tenemos que ser vigilantes para garantizar que el destino de los apoyos llegue a los beneficiarios de forma responsable. Que no se convierta en un programa electorero”.

La instancia legislativa también avaló la opinión respecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. En términos generales contiene temas relativos al sector laboral que se complementan con las nuevas disposiciones legales aprobadas en la reforma en la materia, cuyo objetivo es ampliar y proteger los derechos humanos de la clase trabajadora.

Baldenebro Arredondo expresó su disposición para considerar la situación de los ciudadanos que laboran en el sector informal, porque “un trabajador no nada más es el que tiene un patrón; estamos convencidos y estamos en esa misma visión”.

La diputada Margarita García García (PT) propuso convocar a una reunión con las titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y del Bienestar, con el propósito de que aclaren el manejo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y demás estrategias en apoyo a otros sectores.

Dijo que no hay reglas claras que definan cómo va a operar y evaluar el trabajo que realicen los beneficiarios. Con los estudiantes se requiere conocer los parámetros precisos para definir la manera en que se otorgarán las becas.

Afirmó que las personas que atienden a los beneficiarios de los programas no están preparados. Pidió saber los parámetros que se utilizaron para contratarlos. “No queríamos que se contrataran a amigos y compadres, que sean imparciales y no hagan proselitismo político”. Además, las tarjetas bancarias no llegan y registran muchos errores en los nombres de los titulares.

De Morena, Manuel Gómez Ventura consideró oportuno que los integrantes de la comisión se reúnan con funcionarios de la Secretaría del Bienestar, a fin de tener información de los alcances de los programas en beneficio de la población que más lo necesite.

Además, solicitó que los delegados y coordinadores regionales vigilen la aplicación de programas, porque de eso depende que se cumplan cabalmente los proyectos.

Solicitó vigilar que las tarjetas de cobro de los programas, contengan el nombre del beneficiario, y en caso de no ser así, la institución bancaria debe cambiarlos y no exija la firma del contrato, para evitar malos manejos de los recursos. “No es un favor el apoyo que reciben, es un derecho que debe defenderse”, aseveró.

Sostuvo que las ayudas son federales y no de partido. Sugirió no ligar las actividades legislativas con la entrega de beneficios para evitar que se considere como un lucro.

De la misma bancada, Edgar Arenas Madrigal propuso convocar a empresarios y comerciantes para que se incorporen al programa de los jóvenes. Lamentó que no se realice un censo en cada colonia sobre los negocios susceptibles de incluirse en ese proyecto.

También de Morena, Olegaria Carrazco Macías se pronunció por no utilizar la entrega de tarjetas de apoyo a jóvenes, discapacitados y adultos mayores como “bandera electorera”, porque muchos delegados federales las distribuyen y hacen propaganda con presidentes municipales y estudiantes.

Agregó que se requiere dialogar con estos funcionarios para que haya transparencia y congruencia en las actividades públicas. “Estamos hablando del no mentir, no robar y no traicionar, pero en los municipios se está viendo lo contrario. Es preocupante lo que se ve en los estados con la complicidad de los delegados federales, también (necesitamos) saber cuál es su función, porque prácticamente son dueños de todo el estado”, advirtió.

Respecto al PND, la diputada de MC, Martha Angélica Zamudio Macías refirió que carece de indicadores de desempeño. Por ello, “no coincidimos positivamente en torno a la opinión de la comisión”, subrayó.

Por el PT, José Luis Montalvo Luna comentó que este plan tendrá carácter histórico porque marcará el fin del neoliberalismo y debe distanciarse de él de manera clara y tajante. Implica, en primer lugar, la restitución de los vínculos entre las palabras y sus significados.

Resaltó el deslinde del lenguaje oscuro y tecnocrático, que lejos de comunicar los propósitos gubernamentales los escondía. Recoge el cambio de paradigma en el concepto de desarrollo. Es una nueva visión para dar rumbo al país.

La diputada María Rosete, del PES, afirmó que en el PND ni en ninguna comisión legislativa se considera al sector informal. Prevalece una deuda histórica con los ciudadanos que trabajan en este segmento, a los cuales se les ha criminalizado, perseguido y excluido. “Es el momento de reconocerlos como un contrapeso y una válvula de escape”.

Apuntó que este sector debe tener voz en el Congreso. Adelantó que construye una iniciativa para incluir en el artículo quinto constitucional la figura del trabajador en el espacio público, donde hay personas de todos los niveles económicos y géneros, en particular mayores de 50 años, a quienes ya no se les otorga ni se les considera para tener un empleo formal.

Además, en este sector informal hay madres solteras y profesionistas de nivel que, ante la carencia de oportunidades, la única opción que les queda es sumarse a esta actividad para complementar el gasto familiar.

Solicitó tomarlo en cuenta y que en la legislación se les incluya en otro esquema laboral porque generan una economía. Su exclusión significa discriminación, aseveró.

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