28-05-2019.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, apuntó la importancia de incorporar la competencia económica en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y diseñar nuevas reformas legales con el objetivo de incentivar el crecimiento para que las familias accedan a mejores precios, mayor calidad en los servicios y se beneficie, sobre todo, a los más pobres.

Al inaugurar el taller de discusión “La competencia económica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”, el legislador destacó la prioridad de luchar contra las prácticas monopólicas y por el bienestar de los consumidores en un mercado nacional que tenga mayores niveles de competencia.

Se pronunció por perfeccionar el sistema de licitaciones en la contratación de la obra pública y en el proceso de adquisiciones, pero también que sea parte fundamental de la política de gobierno, con el propósito de transparentar muchos procesos, hacerlos equitativos, generar mejores precios y mejor calidad.

Afirmó que “el precio de los alimentos se ha convertido en un foco rojo en las conclusiones y en las investigaciones realizadas por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y es un tema poco explorado”. Se observa enorme concentración en la venta de insumos, en los sistemas de acopio y de comercialización, situación que “exige mayor regulación y nuevas alternativas para beneficiar a las familias con menores recursos económicos”.

El mercado de los alimentos, por su repercusión directa en el porcentaje de gasto de las familias, tiene que atenderse con mayor detalle, así como el precio del gas LP.

Para combatir la pobreza, indicó, se han aprobado, desde hace años sumas multimillonarias tratando de resolver las carencias de ingreso de las personas más vulnerables, pero pocas veces se voltea a ver los precios de la comida, gas, energía, costos de los servicios financieros y otros factores que inciden en la compra y venta de productos, donde prevalecen altos niveles de concentración, dominancia y prácticas monopólicas que dañan severamente a los consumidores.

Respecto de las comisiones bancarias, más que legislar para poner topes se requiere mayor competencia en el sistema bancario y financiero, a fin de que las comisiones tanto en los sistemas de ahorro como entre los usuarios de servicios bancarios, tengan mayor equilibrio y permitan acceso y beneficio a una población más amplia que no puede acceder a este sector.

El presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), señaló que por primera vez en la historia y de acuerdo con las reformas constitucionales de la pasada administración federal, el PND debe estar sancionado por esta Cámara.

Indicó que esa reforma que derivó en una Ley de Planeación establece ciertos objetivos y requisitos. Debe considerar los principios de la agenda 20-30 para el desarrollo sostenible en la elaboración del PND; tener un Sistema de Transparencia y Seguimiento en la Ejecución del Plan y de sus programas, y por primera vez, requiere incluir las partidas y montos presupuestales estimados para implantar las líneas de acción que establece el Ejecutivo federal.

“Esto es exactamente lo que la Cámara de Diputados tiene que valorar si cumple o no, o pedirle al Ejecutivo que lo modifique para que se cumpla con lo establecido en la Constitución y lo dispuesto en la Ley de Planeación. Tenemos que revisar que estén enmarcados los objetivos e indicadores claramente en el documento que presentó el Ejecutivo y que estamos analizando en todas las comisiones”.

Subrayó que este foro plantea discutir acciones legislativas de política pública que contribuyan a facilitar la competencia en los mercados. “Todos sabemos que la competencia económica es la base para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos; la competencia económica disminuye los precios y tenemos claro qué acciones legislativas y ejecutivas sí tienen repercusiones inmediatas en la disminución de los precios”.

Galindo Favela explicó que se llevó a cabo una reforma en telecomunicaciones que ha permitido reducir de manera significativa los precios que paga la ciudadanía. Tan sólo, la larga distancia nacional se redujo en cien por ciento y la telefonía celular en 40 por ciento. “Ahí están reflejadas las políticas públicas de manera tangible; estas decisiones y acciones se tienen que ver reflejadas en los distintos mercados”.

Se manifestó por mejorar la competencia económica y generar los incentivos para que haya acciones en el gobierno federal, entidades federativas y en los municipios. El PND es la ruta que debe seguir el Ejecutivo, los poderes autónomos y los gobiernos de las entidades federativas. Cita que las licitaciones públicas serán eje fundamental, pero “esto se tiene que ver reflejado en la realidad o de lo contrario no habrá mejores condiciones económicas para el país ni óptimos servicios por parte del gobierno federal”.

Los trabajos de este foro, subrayó, serán importantes y llegan a tiempo, “porque debe ser modificada la propuesta que nos envió el Ejecutivo, para que se mejore de manera sustancial, la calidad de vida de las y los mexicanos”.

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, enfatizó que la competencia económica es fundamental para atender los padecimientos que hoy sufre México, como la desigualdad, informalidad laboral y pobreza.

Sostuvo que hay más de 53 millones de mexicanos que viven en pobreza, y 9.4 millones en pobreza extrema. “Esa cifra lastima”, por lo que es uno de los objetivos de atención prioritario en el diseño de políticas públicas.

Añadió que en los últimos 25 años el crecimiento del país ha sido muy bajo, sólo apenas del uno por ciento en promedio a tasa anual, pero además, este ha sido desbalanceado en términos regionales.

“Por ponerles un ejemplo, de 2003 a 2017 solamente seis entidades federativas tuvieron un crecimiento per cápita superior al 2 por ciento; me refiero a Aguascalientes con 2.5 por ciento; Ciudad de México, 2.4; San Luis Potosí, 2.3; Querétaro, también 2.3; Chihuahua, 2.2; y Guanajuato 2.1 por ciento; el resto de las entidades crecieron a ritmos más bajos”.

Apuntó que existen entidades como Tlaxcala, que disminuyó 0.7 por ciento; Chiapas, uno por ciento; y Campeche, 6.4 por ciento. Este caso en particular es por la crisis que padece la extracción de petróleo y las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos.

Dijo que las pérdidas económicas y sociales debido al ejercicio de poderes monopólicos o oligopólicos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son significativas, con pérdidas elevadas y un componente regresivo; es decir, aquellos deciles de la población con menores ingresos padecen más los efectos de la ausencia de competencia económica.

Argumentó que la competencia no sólo protege los derechos de los consumidores, sino que es fundamental para que una economía pueda crecer, ampliar la diversidad de servicios y tener precios más competitivos.

Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), indicó que el Plan Nacional de Desarrollo ubica el bienestar de las familias como el centro de la política pública, lo cual repercutirá directamente en el bolsillo de los mexicanos y en la competencia.

Destacó que el documento incluye medidas para el rescate del sector energético, a fin de que se logren mejores precios de los combustibles, lo cual es un esfuerzo muy importante, pues este ramo es transversal.

Resaltó que el documento también cita la creación de caminos rurales para conectar al país. Aquí lo que encontramos es que en las 5 mil 877 rutas que son atendidas, en el 76.8 por ciento sólo hay un agente operador, por lo que la Cofece estima que la entrada de agentes podría reflejar una disminución del precio promedio por kilómetro de traslado en 40 por ciento, lo cual podrá beneficiar el 95 por ciento de los usuarios que se trasladan por autobús.

Destacó que para cumplir con las metas del PND en materia de corrupción es necesario crear una Ley General de Contrataciones Públicas, para que a las empresas que han participado en colusiones; es decir, que han vendido al gobierno con sobreprecios, se les inhabilite, ya que aunque las sanciones administrativas de la Cofece son relevantes, “en realidad a las empresas que le roban al erario público, hay que decirlo con todas sus palabras, lo que más le duele es la inhabilitación pública”.

En esta ley, añadió, se podría incluir a los proyectos relevantes de obra pública para que estos sean revisados por otras instancias del Estado. “Esto acotaría a las empresas que ganan una licitación y luego subcontratan, pues es justo en este proceso donde se da la corrupción, si nosotros exigiéramos a las empresas que le venden al Estado hacer público a quién van a subcontratar se cerraría esa pinza indebida e ilegal”.

Recomendó que deben hacerse reformas al autotransporte federal, leyes de puertos, de ferrocarriles, de medicamentos, a fin de fomentar la competencia, la cual es un importante motor de crecimiento, pues cuando las empresas comienzan a ser más eficientes mejoran las condiciones de precio y calidad.

Afirmó que la falta de competencia en las contrataciones públicas puede alimentar actos de corrupción entre particulares y funcionarios, porque cuando un servidor favorece a un participante en lo particular y le entrega ventajas indebidas, como información privilegiada a cambio de un soborno, las empresas generan ganancias extranormales.

En este sentido, consideró que se deben cerrar filas, para atacar estos casos de corrupción y colusión. La Cofece ha sancionado a empresas que ya fueron nombradas por el Ejecutivo federal, donde se detectaron casos de colusión y ahí podría haber de manera paralela investigaciones a funcionarios.

Enfatizó que otra razón por la cual puede faltar competencia en los mercados tiene que ver con barreras regulatorias que dificultan la entrada de las empresas más eficientes o que limitan la intensidad con la que compiten.

Expresó que de acuerdo con un estudio elaborado por el doctor Andrés Aradillas, se estima que los hogares mexicanos gastan en promedio 98 por ciento más por sobreprecios. Es decir, por la falta de competencia de mercados en productos como tortilla, pan, huevo, medicamentos, transporte, entre otros.

“Esto implica que alrededor del 15 por ciento del ingreso de las familias mexicanas se destinan al pago de sobreprecios, los cuales, si existiera competencia, se podría destinar a la compra de más bienes y servicios”.

El auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, consideró de suma relevancia abrir canales de comunicación con los legisladores para promover reformas e incidir en la mejora del diseño e implantación de políticas públicas, así como instrumentar medidas preventivas que minimicen la concurrencia de actos irregulares.

“Para nadie es desconocido el costo económico y la oportunidad que implica la corrupción y las malas prácticas en los procesos de contrataciones del sector público; se perjudica la imagen del país hacia el exterior; se inhibe la inversión privada; se incrementan los costos de transacción, y además, se limita la incursión de nuevos competidores, sobre todo de las pequeña y mediana empresas”, añadió.

Mencionó que México es un país que tiene prácticas monopólicas y monopsónicas (estructura de mercado donde existe un único demandante o comprador). Agregó que en la fiscalización muchas veces se piensa que solamente se debe sumar y restar el enfoque contable de la auditoría, y obviamente “para nosotros es importante lo que se logra recuperar de dinero mal usado, mal gastado o robado; es importante que logremos sanciones efectivamente eficaces que tengan resultados”.

Colmenares Páramo externó su interés para aportar o ayudar a la revisión y discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. “Es evidente que tenemos que tener ese enfoque, cómo podremos a través de las auditorías de desempeño, que es lo que llevamos, un mayor peso y hagamos propuestas realmente sensatas porque hay que mejorar, acabar con la pobreza y abatir la desigualdad, pues son lugares ya comunes; tenemos que hacer propuestas muy concretas”.

Resaltó que si la Auditoría se limita sólo a incrementar el número de revisiones de manera indiscriminada con miras únicamente a acrecentar los montos observados y el número de acciones emitidas, no tendrá un gran impacto.

“La eficacia de la fiscalización va de la mano de que las acciones derivadas de las auditorías se acompañen de la identificación de la causa, raíz de los problemas observados, y que éstas se traduzcan en propuestas correctivas concretas en materia de control interno”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación manifestó que México tiene la estructura tributaria más concentrada, mucho más que países centrales o unitarios como Chile, el 95 por ciento del poder tributario se concentra en el nivel central o federal, y se congratuló con la propuesta de una ley general de compras públicas, “pues es cambiar la Ley de Adquisiciones”.

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