30-05-2019.- En México la población económicamente activa es de 54 millones 68 mil 791 personas, de las cuales 30 millones 500 mil trabajan en la informalidad, 21 millones 668 mil 791 tienen un empleo formal y un millón 900 mil es población desocupada. Ante tal situación, no podemos ser ajenos a los desafíos que enfrentan día a día los trabajadores en los espacios públicos, afirmó la diputada María Rosete (PES).

Durante el foro “Los derechos humanos de los trabajadores en el espacio público”, señaló que ésta es una actividad honesta que las autoridades de gobierno han querido aniquilar, pero no hablan de proyectos alternativos para emplear a estas personas.

Mencionó que cifras oficiales indican que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que de cada 100 pesos generados 24 provienen del 58 por ciento de empleos informales y 76 pesos del 42 por ciento que representan los trabajadores formales.

Destacó que si no se crea un círculo virtuoso entre todos los sectores involucrados en el comercio no establecido, “seguiremos teniendo ordenamientos jurídicos represivos y punitivos, la continua violación de los derechos humanos, corrupción a niveles alarmantes y la acelerada descomposición del tejido social por falta de oportunidades”.

Se pronunció por reformar los artículos 5° y 123 de la Constitución Política para establecer la figura legal del trabajador en el espacio público, normar y regular sus actividades por medio de leyes secundarias en la materia, y transitar hacia la inclusión de los empleados informales para hacerlos partícipes del desarrollo del país.

Dijo que mientras estos trabajadores no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlo es infructuoso, porque “aunque son una realidad, en la ley no existen”. Propuso establecer en el artículo 123 constitucional el Apartado C para integrar todos los derechos y obligaciones que deban regir para este sector.

Enfatizó que si se carece de trabajo formal o el salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, se busca cómo obtener recursos para sobrevivir: como el autoempleo, la migración a países con mejores oportunidades y “algunos eligen dedicarse o unirse a la delincuencia”.

A eso se agrega la calidad de los puestos, los cuales, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 31. 44 por ciento pagaban hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento era de hasta tres salarios mínimos, el 17.53 por ciento percibía uno y el 14.81 por ciento entre tres y cinco sueldos básicos y sólo el 5.37 por ciento más de cinco, mientras que el 7.57 por ciento no percibió ingresos en 2017.

Indicó que el crecimiento de la población y el lento desarrollo del país ha superado la oferta de empleos y no prevé que esta tendencia disminuya, por lo que continuará el aumento de la economía en el espacio público, ante el pronóstico del Banco de México de una expectativa de crecimiento de entre 1.1 y 2.1 por ciento a 0.8 y 1.8 por ciento para el presente año.

“Con estos escenarios de desarrollo será difícil crear los empleos necesarios con salarios que requiera la población para tener una vida digna, por lo que es urgente ver las alternativas, analizarlas y consensuarlas para demostrar que el comercio en la vía pública no es un crimen, sino una opción de vida y derecho”.

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, coordinadora del grupo parlamentario del PES, afirmó que el comercio en el espacio público debe ser reconocido como un trabajo formal digno, decoroso y honrado para que los comerciantes gocen de seguridad social, acceso a vivienda, servicios de salud pública, a una pensión y a instrumentos de crédito, igual que los empleados del sector formal.

Agregó que esta actividad es fuente generadora de empleo y dispensadora de recursos, que emplea a la mitad de la población económicamente activa y no ha sido apreciada ni valorada, pero que constituye una alternativa para el sustento familiar.

Destacó que el desempleo, la baja calidad del mercado de trabajo y la precarización de los salarios, motivan el desarrollo del comercio en los espacios públicos y generan la búsqueda de alternativas. Esta forma de autoempleo responde a la poca oferta laboral del sector formal, que exige escolaridad y experiencia mínima y mantiene la inflexibilidad de horarios, que afecta la conciliación del trabajo con la vida familiar.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo (PES), se pronunció por no mermar los derechos laborales de los vendedores ambulantes y sumar esfuerzos para no estigmatizar a estas personas que pretenden ganarse la vida buscando oportunidades que les permitan satisfacer sus necesidades y las de su familia.

Se debe avanzar en la construcción de los derechos del trabajo y regularizar su economía, para que sus productos no sean vistos “por arriba del hombro”, y que el gobierno reconozca esta actividad, como lo hace con el trabajo de los connacionales en el extranjero, que también respaldan la economía del país.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) manifestó su preocupación respecto de la edad en que se empieza a trabajar en este sector y la situación educativa. Expresó que es necesario conocer cuál es la vinculación de la educación para incidir y la actividad económica del comercio se acompañe de educación formal que permita el desarrollo de la cultura y todas las áreas del conocimiento.

Horacio Martínez Meza, delegado del Partido Encuentro Social, destacó la importancia de elaborar una ley que regule, reconozca y proteja los derechos de los trabajadores no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías, a quienes realizan sus actividades en el espacio público y a locatarios de mercados públicos.

Se invitó a organizaciones y expertos en el tema para integrar equipos de trabajo y redactar el documento, para que se lleve a los agremiados en tianguis y espacios públicos donde realizan sus actividades, a fin de presentarla en septiembre al congreso local, que tendrá la obligación de pronunciarse y votarla. “Si la rechaza tendrá que dar la cara ante la opinión pública por negarse a reconocer los derechos de los comerciantes en vía pública”.

Indicó que el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, denominado “Ciudad productiva”, refiere el trabajo de personas no asalariadas, prestadores de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías y de locatarios de mercados públicos. De ahí la importancia de elaborar una iniciativa que regule el tema urbano, el espacio público, el tema fiscal, de salud y de seguridad social, agregó.

A su vez, Carlos Alba Vega, investigador de El Colegio de México (Colmex) indicó que la mitad de las personas que trabajan en este sector son mujeres; 78 por ciento de las y los comerciantes de vía pública no son migrantes y otras arriban desde los estados vecinos pobres.

Añadió que 90 por ciento de las personas iniciaron su actividad comercial antes de los 20 años; 60 por ciento antes de los 15 y la cuarta parte antes de los 10 años; es decir, que una cuarta parte de vendedores ambulantes empezó con una infancia precoz a trabajar en la calle.

Destacó que, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, el comercio en la calle constituyó una fuente muy importante de empleo femenino el cual trabaja entre 51 y 52 por ciento, mientras que en otras su participación es de 37 por ciento. “Es una posibilidad real, concreta e importante para las mujeres”.

Además, integra más adultos mayores que a jóvenes; el nivel de escolaridad es inferior que en otros empleos y hay una menor proporción de educación media y superior que en otros; 73 por ciento de sus empleados trabaja por cuenta propia. En materia de salarios, 32 por ciento gana un salario mínimo, frente al 13 por ciento de otros empleos.

Álvaro Eduardo Rodríguez Pacheco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que la incorporación de profesionistas a la informalidad es una denuncia de la calidad de las instituciones de seguridad social y de los empleos formales, que no van más allá de uno o dos salarios mínimos.

“Hay una brecha entre aspiraciones y satisfacción con instituciones que regulan el empleo formal, pues muchos prefieren la informalidad por beneficios que brinda, la ineficiencia institucional y las contribuciones desproporcionadas”. Planteó ordenar este tipo de trabajo, porque es un recurso digno para el sustento familiar. Se pronunció por mejorar la calidad de los empleos formales y hacer más atractivo pagar impuestos e inscribirse al Seguro Social.

De la misma institución, Diana Silva Londoño dijo que es necesario conocer las experiencias de otros países, sus avances, aciertos y desafíos para avanzar en el mejoramiento de la situación del comercio en vía pública, el cual debe estar fundado en la participación democrática, aumentar la calidad y condiciones de vida de los comerciantes de a pie y el reconocimiento de sus derechos laborales.

Hegel Cortés Miranda señaló que el foro visibiliza un problema que nadie quiere ver, pero que emplea a dos millones de personas en la Ciudad de México y desarrollan un crecimiento respecto a la economía local. De esa cantidad, dijo, sólo 109 mil, cinco por ciento, pagan el permiso trimestral o semestral por realizar su actividad. “El resto está en la inexistencia absoluta, en la indefinición y la desprotección”.

Agregó que al enfoque de derechos humanos es necesario agregar el de seguridad nacional que implica una problemática con diversas aristas que deben resolverse integral y transversalmente. Se pronunció por dar certeza jurídica a este sector.

Al foro asistieron las diputadas Julieta Macías Rábago (MC), María Guillermina Alvarado Moreno (Morena) y Elba Lorena Torres Díaz (PES), así como la senadora Elvia Marcela Mora Arellano (PES) y los diputados Emilio Manzanilla Téllez (PT), Edgar Eduardo Arenas Madrigal (Morena) y Francisco Javier Saldívar Camacho (PES).

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