• Durante el 2018, 41.1 millones de personas fueron víctimas de ilícitos vía digital

05-11-2019.- La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), afirmó que es necesario construir un marco jurídico que enfrente a la delincuencia cibernética, pues ahora hackeos y robos de identidad ya no son términos extraños, sino amenazas muy presentes.

Durante el foro “Los Retos Actuales de la Ciberseguridad y la Ciberdefensa en México”, la legisladora destacó que ante este panorama es necesario encontrar áreas de mejora que procuren la protección de los espacios digitales.

Expresó que los avances tecnológicos permiten el desarrollo social, pero si no son accesibles al grueso de la población, sólo segmentan y agravan las brechas de desigualdad, por eso el Estado debe procurar su universalidad. “La interacción virtual requiere el reconocimiento y protección de las personas en los entornos digitales y por el que el Estado debe ser el principal garante”.

Resaltó que es evidente que México no es aún un país de vanguardia, sino con rezagos considerables, los cuales no nos han permitido hacer de la tecnología y la innovación instrumentos de desarrollo progresivo. Ante ello debemos tomar conciencia de que “si no hacemos de la tecnología una aliada, otros sí lo harán y la utilizarán en nuestra contra, no es superflua la tecnología si está al servicio de la sociedad”.

Consideró que el Poder Legislativo tiene la encomienda de establecer estructuras legales que se adopten a la velocidad de la evolución de sus tecnologías y que garanticen la seguridad de la información; es decir, al Estado le urge entrar a la era tecnológica, con el objetivo de dotar a las dependencias públicas de herramientas que contribuyan al combate a la corrupción a través de la vía digital.

En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Benito Medina Herrera (PRI), consideró que la ciberseguridad actualmente es un tema que debe ser analizado desde todos los puntos de vista, con el propósito de que no llegue a convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Propuso generar una mesa crítica que atienda todos los problemas en materia de seguridad digital, de lo contrario se corre el riesgo de ser avasallados por estos nuevos modelos delictivos.

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, mencionó que se deben implantar acciones en la materia, porque la tecnología es el presente y no hay un punto de revesa. Hoy las relaciones personales se generan a través de las redes sociales y la interacción física ha quedado en segundo plano, por lo tanto, es necesario avanzar en la legislación de la protección de datos.

Con ello, agregó, se evitarán violencias como el hackeo a las empresas e instituciones públicas, el acoso, hostigamiento y bullying, los cuales ahora han encontrado un nuevo nicho para desarrollarse. Es necesario cuidar la protección y seguridad de los entornos físicos y digitales de la ciudadanía.

El director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), José Luis Ponce López, dijo que la ciberseguridad es un tema de corresponsabilidad, por lo que es fundamental que desde la academia se generen los expertos que necesita la industria.

Refirió que otro aspecto fundamental, es lograr que el talento se incorpore a la ciberseguridad y se creen redes de investigación en materia de ciberseguridad, porque en la actualidad no existe.

Luis Fernando Fuentes Serrano, director del Equipo de Respuesta e Incidentes Cibernéticos CERT-MX, dijo que hoy en materia de salvaguarda digital se implantan estrategias dirigidas a la prevención, junto con el Poder Legislativo, para diseñar las leyes para castigar los ilícitos en Internet y robustecer las investigaciones, a través de la cooperación de la ciudadanía.

Indicó que desde el diseño de esta corporación de seguridad, más de 20 mil páginas de Internet se han dado de baja por publicar contenidos maliciosos, “virus y gusanos”; así como sitios que cometen delitos castigados por el Código Penal Federal como la pornografía infantil y la venta de armas y drogas. De igual manera, se han identificado 30 mil ataques cibernéticos que afectan a empresas, ciudadanos y entidades públicas.

Nelly Montealegre Díaz, Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y experta en asuntos de ciberseguridad, apuntó que en 2016 se reportaron 22.4 millones de víctimas de estos delitos con una pérdida de cinco mil 500 millones de dólares; en 2017, se vieron afectadas 33 millones de personas y las pérdidas se incrementaron hasta siete mil 700 mdd y en el 2018, 41.1 millones se enfrentaron a ilícitos cibernéticos.

Aseguró que estas cifras no salen a la luz, porque las empresas perderían clientes, por lo que pidió a los diputados instrumentar un marco normativo que atienda las anomalías que hoy existen en la coordinación de seguridad digital en el Estado mexicano, pues las dependencias no tienen claro cómo actuar ante un ataque, asimismo crear una instancia nacional encargada de la ciberseguridad con la participación social, académica, gubernamental y privada.

Juan Carlos Guel López, representante de CIO de Kyber Intelligence, lamentó que en México apenas se hable de ciberseguridad, cuando en países desarrollados debaten sobre la inteligencia artificial para evitar ilícitos, por lo que sugirió establecer un órgano encargado de los estándares de tecnología, un centro nacional de infraestructuras críticas y uno de ciberseguridad.

Añadió que el país debe dar pasos acelerados, porque ahora los ataques cibernéticos afectan al Producto Interno Bruto de una nación e incluso a la economía mundial, por lo que es fundamental implantar una estrategia de actuación ante delitos cibernéticos. En el caso de México, los costos superan los ocho mil millones de dólares.

José Guillermo Lira Hernández, comandante del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, experto en ciberdefensa, coincidió en que se debe ejecutar una estrategia coordinada con el sector público y privado, la academia y demás personas interesadas en el tema, a fin de crear un adecuado organismo que garanticen la salvaguarda de los datos personales.

Detalló que dicho organismo podría rendir informes al Ejecutivo por conducto del Consejo de Seguridad Nacional y que éste emita las políticas públicas y los lineamientos a los que se deben sumar todos las dependencias y empresas.

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