01-10-2019.- Durante la sesión, diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM, PRD y sin partido, expresaron sus comentarios sobre los programas sociales implementados por el Ejecutivo federal, como parte del análisis correspondiente al primer informe de gobierno en materia de política social.

En una primera ronda, el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) afirmó que la política social del Ejecutivo tiene como única directriz el bienestar de las familias. Sostuvo que la austeridad, honestidad y el combate a la corrupción “son los goznes para el cambio de régimen.”

Mencionó que modificaron y cambiaron los criterios programático-presupuestales para combatir el clientelismo, corporativismo y uso vergonzante de los programas sociales. “Ahora llegan los recursos de manera directa a las manos de las y los beneficiarios”.

Por el PAN, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez dijo que la política social es “autoritaria, antidemocrática y centralista”. Consideró que se caracteriza por “solamente ir por ahí dando dinero a diestra y siniestra, para poder asegurar las lealtades políticas, ser ineficientes en el gasto público reduciendo la capacidad operativa de las instituciones públicas”.

Enfatizó que los nuevos programas sociales en los que se han destinado miles de millones de pesos “no cumplen con los principios que establece la Ley General de Desarrollo Social”. Sostuvo que las y los mexicanos merecen una efectiva política sustentada en el ejercicio de los derechos humanos y, sobre todo, “necesitamos el crecimiento, sí, e inversión para producir riqueza y mejorar la calidad de vida”.

La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) señaló que su grupo parlamentario hace un llamado incisivo para convocar al actual gobierno a regresar el Programa de Comedores Comunitarios y recuperar los 1.2 millones de raciones diarias de alimentos “que hacían toda la diferencia para los más desprotegidos”.

Además, llamó a que estos programas sean revisados en tiempo real por la Auditoría Superior de la Federación, y que la Secretaría de Hacienda arranque una campaña que indique que estos apoyos son posibles gracias a la contribución fiscal de todos. Sostuvo que la redistribución de la riqueza “no se logra con políticas sociales al vapor, se necesita crecimiento, desarrollo y cohesión social”.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC) estimó que esta política ha experimentado un cambio trascendente, “pues se aleja del desarrollo social, del desarrollo de habilidades y capacidades individuales”. Precisó que “no promueve el empoderamiento de los ciudadanos y se olvida que los programas deben ser de vigencia temporal”.

Reconoció la disposición del gobierno federal para atender de forma preferencial las necesidades de las personas más vulnerables; sin embargo, “no es posible apoyar políticas que sólo buscan eternizar la pobreza”.

En tanto, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) se pronunció por que, en el mediano y corto plazos, asuntos como la seguridad social universal sean realidad y las desigualdades de todo tipo se aminoren y desaparezcan.

Consideró indispensable evaluar los programas sociales del gobierno federal para coadyuvar a su perfeccionamiento, aplicar las medidas necesarias y que se tenga mayor impacto en la población.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz (PES) resaltó que esta administración ha incorporado la universalidad, interdependencia y progresividad como partes fundamentales de sus estrategias. Está “logrando lo imposible: eliminar la corrupción”.

Precisó que algunos programas con éxito son: Bienestar para adultos mayores, Beca Benito Juárez, Apoyo para personas con discapacidad, Jóvenes escribiendo el futuro, Pronabes, Sembrando vida y Tandas para el bienestar, que representan el apoyo para los más necesitados. Sin embargo, dijo, existen dos que son Jóvenes Construyendo el Futuro, y Programa de Reconstrucción, con irregularidades o que no van bien.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) externó que para su grupo parlamentario son de particular interés las políticas públicas que buscan controlar y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, pues entre ellas se encuentran las dirigidas a la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer infantil.

Subrayó que su grupo parlamentario coincide con el Ejecutivo federal al poner el foco de atención principal en los grupos vulnerables, pero somos conscientes de que estos resultados del primer año deben ser sólo el punto de partida en las miras de prosperidad que se tienen para el sexenio.

Del PRD, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas apuntó que revisar las acciones del gobierno federal en la materia ofrece saldos desalentadores. “Lejos de actuar con altura de miras, ha convertido a la instrumentación de los programas sociales en un ejercicio que repite errores del pasado; convierte programas sociales en instrumentos de control y clientelismo político”.

Consideró que además de la carencia de reglas de operación, los programas puestos en marcha “no resisten una evaluación rigurosa para conocer los objetivos y alcances”. Agregó que para que una política avance en el logro de sus metas se requiere un crecimiento económico que se traduzca en posibilidades reales de desarrollo, “pero esto no es así, pues la economía se encuentra estancada debido a una política errática e irresponsable”.

Segunda ronda

Al iniciar la segunda ronda, el diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez mencionó que en el tema de combate a la pobreza este gobierno no va bien, pues según el Coneval existen 52 millones de personas en situación de pobreza y el hecho de repartir dinero sin tener una política social eficaz y sostenible no sería el rumbo que cambie el horizonte. “No coincidimos con el Presidente al decir que el dinero por combate a la corrupción será entregado directamente a la gente”.

Añadió que eso parece tener una red clientelar para asegurarse votos para las siguientes elecciones. Lo ideal, apuntó, es crear una red de distribución de beneficios sociales en un sentido de solidaridad y un compromiso colectivo. “Esto mediante servicios de cobertura universal y mecanismos específicos de integración enlazados a programas de promoción social, empleo, generación de ingresos y desarrollo local. El combate a la informalidad no será y no es una prioridad para este gobierno”.

Por el PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez argumentó que los programas sociales combinados con políticas generadoras de empleos y salarios son la única fórmula para que la gente pueda salir de la pobreza, pero “esperar que el aumento del consumo, vía programas sociales, estimule el crecimiento económico es un error; no se liga con el incremento de las inversiones públicas productivas, ni con las obras de infraestructura y ni forma parte de un plan para que los inversionistas reactiven los proyectos de expansión de sus empresas o la creación de nuevas fuentes de empleo”.

Resaltó que es indispensable que el Presidente de la República rectifique y comprenda que para evitar las desigualdades y los conflictos sociales se debe producir riqueza y distribuirla equitativamente. “La desigualdad social y sobre todo la pobreza, da pie para que personas sin escrúpulos se dediquen a intercambiar votos por los beneficios que proporcionan los programas sociales y eso hemos visto en este gobierno. Exigimos que esta política se desvincule de las aspiraciones electorales de Morena, queremos que se cumpla con la prohibición de usar los recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente”.

Óscar Bautista Villegas, diputado del PVEM, expresó que la estructura programática del primer año de gobierno responde a un enfoque que considera la población mexicana sujeta de derechos humanos y sociales, y en el que el gobierno debe ser garante de la efectividad. “La política social ha establecido criterios de priorización de los programas como aquellos dirigidos a zonas de población mayoritariamente indígenas con mayor grado de marginación y altos índices de violencia”.

Dijo que más allá de la eficiencia operativa de los programas, aún falta que se logren las coberturas y el ejercicio de recursos asignados. Es vital, añadió, que estos planes sean evaluados en su propia efectividad, en el abatimiento de la pobreza y la desigualdad social. “Necesitamos conocer la metodología que se está implementando para la evaluación, tanto cuantitativa como cualitativamente, para conocer si a través de estos estamos reduciendo la pobreza”.

El diputado Ernesto Vargas Contreras (PES) destacó que la situación del gran grueso de la población mexicana aún es precaria, por ello, “debemos esforzarnos para combatir la pobreza con ideas estratégicas para erradicarla desde su raíz. Las oportunidades dispares no se logran abatir sólo con paliativos; los temas de campo, agua, salud, medio ambiente, desarrollo urbano, planeación del crecimiento de las ciudades y metrópolis, todos están interconectados y por tanto hay que tratarlos integralmente”.

Puntualizó que hay necesidades apremiantes en el consumo del agua potable, lo cual requiere de una cultura para cuidarla; se requiere una reforestación más robusta de cuidados de los bosques y que el medio ambiente se vea como un principio ético. “Todos somos responsables; urge una política ecológica desde la escuela para iniciar una guerra contra la polución cada vez más amenazante”.

Juan Francisco Ramírez Salcido, diputado de MC, señaló que en esta materia falta mucho por hacer, pues las políticas de los últimos años no han sido suficientes para incidir positivamente en los niveles de pobreza y resolver las desigualdades sociales y económicas que aquejan a las y los mexicanos; sin embargo, dijo, a un año de gobierno “no se puede seguir buscando culpables; es momento de asumir el compromiso con la ciudadanía y dar resultados tangibles, bajo la llamada política de bienestar”.

Se manifestó por reorientar las estrategias, programas y líneas de acción, a fin de que vayan dirigidos a la atención de aquellos grupos que históricamente han sufrido discriminación y presentan mayores rezagos en salud, educación, vivienda y protección social. “Necesitamos una política que no sólo le apueste a proporcionar recursos que no tiene miras para salir de la pobreza, sino al contrario, permanecer en ella”.

La diputada del PT, Maricruz Roblero Gordillo indicó que las deudas en esta área son múltiples y los retos mayores, pero “hoy se corrigen con la nueva administración pública de la Cuarta Transformación. Una solución estructural no puede desarrollarse plenamente en tan sólo un año de gobierno cuando la situación actual es producto de más de tres décadas de desatención, y menos cuando el respaldo a los sectores más vulnerables sólo se estima prudente frente a la opinión pública como medio para seguir buscando el enriquecimiento a costa del sufrimiento del pueblo”.

Añadió que hoy se le apuesta al desarrollo y al bienestar social apoyando los sectores más vulnerables, “a los jóvenes que hoy se encuentran cursando sus estudios en todos los niveles, a los que dejaron su etapa escolar, a los que por condiciones de mercado no acceden a un trabajo remunerado y a los que por discriminación dejan de acceder en las mismas condiciones en los espacios públicos y privados. Estamos al lado del pueblo, venimos de él y trabajamos para él. Continuaremos trabajando para sentar las bases de una nación próspera que brinde oportunidades efectivas y concretas para todos”.

Martha Hortencia Garay Cadena, diputada del PRI, expuso que “la negligencia en el gasto social también es corrupción, así como su centralización y el mal manejo de los programas sociales, además de la cancelación sin evaluación objetiva. Hemos alertado del riesgo que se corre en crear programas sin reglas de operación y que cierran las legítimas aspiraciones de progreso que tienen las y los mexicanos más vulnerables”.

Subrayó que el manejo de la bancarización de los principales programas de transferencias directas es poco claro. El desarrollo social, apuntó, implica una visión más allá de la medición y combate a la pobreza. “En el PRI seguiremos insistiendo en impulsar una política social que pase de una visión asistencialista a una verdadera inclusión productiva de toda la población. Una verdadera transformación no puede iniciar con la visión de quitar a unos para dar a otros”.

Por Acción Nacional, el diputado Marcelino Rivera Hernández resaltó que casi la mitad de la población enfrenta situaciones de pobreza y carencia alimentaria. Cuestionó la estrategia del gobierno federal en el otorgamiento de dinero de forma directa a la población y el desmantelamiento de las estructuras institucionales de protección y desarrollo social. “Parece que el interés radica en mantener a la población sumida en la pobreza y depender de la asistencia del Estado que busca capitalizar en las urnas esta situación”.

La política social de la Cuarta Transformación, aseguró, no está vinculada con acciones económicas que detonen en inversión y ayuden a la población a tener empleos formales, bien remunerados; no promueve la educación de calidad; no fomenta la producción ni el abasto de alimentos; no apoya la atención primaria de la salud, ni muchos menos el aprovechamiento sustentable de los recursos. “Únicamente se promueven programas clientelares sin transparencia ni rendición de cuentas. La política social es mediocre. Proponemos que se mantenga una estrategia de Estado integral; impulsemos una política que garantice y amplíe los derechos sociales y humanos”.

La diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez (Morena) precisó que la política de desarrollo social del actual gobierno federal se ha llevado a cabo con una perspectiva de género, territorial y ética, pues “para combatir las desigualdades, es necesario eliminar la brecha entre hombres y mujeres; considerar las necesidades de las personas; atender las problemáticas de las diferentes regiones del país y saldar las deudas históricas con las comunidades indígenas”.

Sostuvo que se han destinado recursos para beneficiar a 197 mil niñas y niños, y a más de 188 mil madres, padres y tutores. También el gobierno federal tiene un compromiso con la juventud y ha contribuido al bienestar de las localidades rurales. “Lograr el desarrollo sostenible con equidad y justicia a nivel nacional es imperativo ético y un elemento indispensable para el bienestar; los resultados son tangibles, las y los mexicanos lo sienten en sus bolsillos; con la Cuarta Transformación llegó la hora del pueblo y de la justicia social”.

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