03-10-2019.- Durante el segundo día de trabajos del “Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico 2020” en la Cámara de Diputados, promovidos por la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), se analizaron los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR).

Al escuchar las observaciones y propuestas representantes de la Asociación de Bancos de México, Concamin, Concanaco, Coparmex, maquiladoras, ventas por Internet, directas, catálogo, entre otras, la legisladora indicó que serán incorporadas al proyecto de Miscelánea Fiscal.

Informó que mañana viernes se abordarán los temas: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Ley Federal de Derechos, y Código Fiscal de la Federación. El lunes y martes se analizará el Sistema de Coordinación Fiscal con presidentes municipales, alcaldes y gobernadores.

El coordinador del PT, diputado Reginaldo Sandoval, agradeció la participación de los empresarios en el parlamento abierto y se comprometió a dialogar con las autoridades hacendarias para la recepción de las propuestas; asimismo, urgió a la realización de una Convención Nacional Hacendaria, como la mejor solución. Dejó en claro que en el 2021 no habrá nuevos impuestos, ni incrementos, ni endeudamientos.

El secretario de la comisión, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), propuso integrar entre los legisladores y ponentes un comité técnico que elabore un listado de propuestas concretas, porque “estamos en vísperas de iniciar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la última negociación para identificar hasta dónde se logra modificar la iniciativa original de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal”.

El impuesto a las plataformas está en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); tiene un año para definir una estrategia global, ordenada, sin limitar derechos ni permitir excesos. Expresó su solidaridad al comercio en línea, para “evitar una injusticia” porque el 30 por ciento de sus mercancías estará gravada y tendrá que rebajar los precios a los consumidores, con el riesgo de que se considere sospechosa, tendencia que debe erradicarse.

Al hacer sus planteamientos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) dijo que es la primera vez que un paquete económico, particularmente una Miscelánea Fiscal, se abre al diálogo y expresó que debe haber una reforma que no lastime el crecimiento y el desarrollo que han tenido muchos sectores que no habían sido explorados y que son parte de la nueva modernidad y de la circunstancia en el ámbito mundial.

Propuso buscar alternativas para que, sin atentar contra la parte sustantiva del ejercicio de esas actividades, se logre “el mismo monto por un camino más afable, consensuado con los diferentes sectores de la sociedad, que permita a las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados configurar un paquete económico que respete las prioridades y retos que tiene el país”.

Señaló que el presupuesto tiene muy poco margen de maniobra, por lo que es necesario encontrar un punto de equilibrio que permita llevar a cabo las reformas sin lastimar el desarrollo.

Enseguida, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) afirmó que en la Miscelánea Fiscal se está realizando la incorporación de diferentes preocupaciones y propuestas. Manifestó su interés por legislar reconociendo la importancia de los asuntos que presenta el Ejecutivo y las inquietudes de los diversos sectores.

Sobre las ventas directas, dijo que hay una situación doble: por un lado, las empresas que las fomentan de manera legal mediante un modelo de negocios, y por el otro lado, la parte social, la fuerza de ventas para desarrollar su propia forma de negocios. “Hay que normalizar lo que ya está planteado, los vendedores de este modelo de negocios tienen la obligación de pagar impuestos, se trata de hacerlo de la manera más fácil”.

Guillermo Gómez Aguado Suárez, del Comité Fiscal de la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que la propuesta del gravamen a servicios tecnológicos, en el caso de la recaudación del IVA por parte de las instituciones de crédito, “es preocupante si se considera dentro de la Miscelánea Fiscal”.

En cuanto al planteamiento de pasar del 1.04 a 1.45 la retención del ISR sobre inversiones, aseguró que hay una afectación muy clara hacia los contribuyentes no obligados a declarar, que son aquellos que ganan hasta 400 mil pesos anuales, por lo que propuso que la tasa sugerida pase del 35 por ciento a 23.52, lo cual ya estaría dentro del rango de persona física.

Pedro Higuera Velázquez, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció por incorporar una disposición transitoria en la Ley de Ingresos para que el SAT realice un mecanismo que agilice las devoluciones a contribuyentes con adecuados niveles de cumplimiento, mediante un proceso de certificación. Por último, dijo que el tema de deducciones de prestaciones laborales aumentó el costo de las empresas.

Juvenal Lobato Díaz, Vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que si se aprueba el límite a la deducibilidad de intereses tal como se propuso, podría afectar a la micro, pequeña y mediana empresa que obtiene financiamiento, tanto público como privado. Planteó que no aplique esta limitante cuando se contrate deuda con sistemas integrantes del sistema financiero.

Juan Carlos Pérez Góngora, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), sostuvo que la iniciativa no contempla acciones que ayuden a la simplificación fiscal de las pequeñas y medianas empresas. “Algunas propuestas de Reforma Fiscal desincentivan la inversión extranjera, no hay estímulos en este sentido, por lo que se deben hacer cambios en la iniciativa para no generar incertidumbre entre los contribuyentes y los inversionistas”.

Juan Carlos Valles Zavala, representante del Comité Fiscal del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX Nacional), respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), propuso excluir de este pago la compra de bienes que representen costo de ventas, siempre y cuando sean adquisiciones a valores de mercado. Propuso varias modificaciones legales en apoyo de las empresas mexicanas que salen al extranjero en busca de tecnología para otorgarles certeza y se regule fácilmente a la compañía del exterior para que pague impuestos en el país, sin un registro pormenorizado.

Pierre Claude Blaise, representante de la Asociación Mexicana de Venta On Line, previó dos riesgos ante las propuestas del paquete económico, debido a la etapa emergente de las Pymes porque los requisitos que se les exigirán les complicará hacer sus ofertas y muchas de ellas darán al costo los productos a los consumidores, sacándolas de la competencia. Sugirió trabajar en conjunto con los diputados para desarrollar una nueva forma que apoye a este sector y a los compradores.

Lina Ornelas, representante de la Asociación Mexicana de Internet, aclaró: “Tenemos una total disposición para cumplir con las obligaciones fiscales que están planteando”. Solicitó que el Internet se regule con un esquema simple que responda a los distintos niveles de negocio, a fin de evitar frenar su crecimiento. Pidió ampliar el plazo a un año para implantar los cambios. Sobre la retención de impuestos, propuso un modelo híbrido, como el de Colombia, y recaudar de forma más fácil.

La representante de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Sisi de la Peña, manifestó su desacuerdo con la sanción desproporcionada que se propone en el Paquete Económico 2020 y que se refiere a desconectar aquellas plataformas digitales que no puedan cumplir en tiempo y forma con los requisitos que se establecen en el ámbito fiscal. Dijo que es una sanción que va más allá de un diálogo de impuestos, y dejó en claro que están abierto a mantener comunicación con la Secretaría de Hacienda. “Nuestra postura es trabajar y colaborar con el gobierno siempre y cuando no afecten los derechos de los usuarios”.

En su oportunidad, el representante de la Asociación Mexicana de Ventas de Persona a Persona, Gerardo Yarahua, aseguró que el emprendedurismo es uno de los principales motores de la economía de nuestro país y uno de los modelos económicos incluyente que beneficia a cierto sector de la sociedad y que contribuye a la eliminación del comercio informal.

De la Cámara Nacional de Aerotransportes, Luis Alberto Osorio Sagaseta planteó las inquietudes de este sector respecto al paquete económico y afirmó que es necesario mantener un contexto competitivo que no se frene por un entorno fiscal complicado. Refirió que establecer una regla general para todas las industrias sería muy grave para la aviación y conllevaría el aumento de costos de operación, que afectaría el precio que pagan los usuarios finales.

Enseguida, el Gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales, de Google, Manuel Haces, indicó que los legisladores tienen la oportunidad de definir el futuro de Internet en el país; celebró que las reglas del IVA se actualicen para el Siglo XXI y adelantó que la empresa cumplirá con lo que se apruebe, aunque manifestó su preocupación por el tiempo de implementación, el cual debe ser de 12 meses como industria para recaudar de manera eficiente del IVA. Planteó que se exente del gravamen la educación a distancia, y que no se convierta en una barrera de acceso.

Alehira Orozco Reyes, representante de Mercado Libre, mencionó que esta plataforma ya tributa el ISR y el IVA, por lo que las medidas que se proponen en este sentido afectan a quienes realizan una transacción a través de esta vía, por lo que pidió reducir las tasas, ya que de lo contrario las ganancias de los usuarios bajarán, lo cual fomentará el comercio informal.

Mariana Carmona, representante de Vendedoras Independientes por Catálogo, dijo que ocho de cada 10 que se desempeñan en este ramo son mujeres, quienes son principalmente madres solteras o que por diversas circunstancias no encuentran un empleo formal; además, sus ingresos son de mil 500 pesos a tres mil pesos mensuales y sus ganancias no se reflejan inmediatamente porque se da en abonos: ante ello, solicitó considerar todos estos aspectos, toda vez que los productos que compraron ya pagaron impuestos como el IVA.

De la Asociación Mexicana de Ventas Directas, Carlo Ledezma, afirmó que el ramo que representa ya paga impuestos, por lo que la propuesta fiscal constituye una carga administrativa adicional, lo cual afectaría a las personas de menores recursos, lo que sería contrario a lo establecido por el gobierno: a velar por el bienestar.

Gabriel Aparicio, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, propuso enterar el cobro del IVA retenido dentro de los cinco días siguientes en que se pague la contraprestación, para generar mayor seguridad, certeza y agilizar la devolución y evitar complicaciones en el flujo de efectivo; que el SAT emita reglas generales con requisitos específicos y se incluya la obligación de devolución del IVA en un plazo no mayor a 20 días. Pidió diferenciar a las compañías de subcontratación de las que incurren en esos delitos.

De la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Fausto Cuevas Meza aportó cuatro propuestas para contrarrestar la baja en la producción, exportación y ventas en el mercado interno. Respecto a la deducibilidad, señaló que sea del cien por ciento en el primer año y se amplíe a las personas físicas; a fin de incentivar la venta de vehículos híbridos y eléctricos aplicar tasa cero del IVA, sin límite en el monto a deducir, incluso el 100 por ciento del valor y en financiamiento establecer un esquema similar a los créditos hipotecarios.

Mauricio Volpi, de Nostra Ediciones, respecto del ISR sobre la edición y producción de libros dijo que es necesario incluir los conceptos de la emisión, publicación y promoción de obras literarias y de humanidades de autores nacionales, para alentar la difusión y aumentar el número de beneficiarios con la incursión de ciencias sociales, además que se excluya el requisito de no traducción.

Óscar Méndez, representante de ejidos y comunidades con la actividad de reforestación sustentable en Oaxaca, consideró que ésta es una oportunidad para las poblaciones dedicadas al manejo responsable de los bosques, en las cuales ellas mismas combaten incendios y plagas, por lo que pidió sean exentas en el artículo 10 B que las limita y no les permite industrializarse.

Juan Pablo Calderón, enlace legislativo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), se pronunció por la deducibilidad de hasta 300 mil pesos por la compra de vehículos nuevos, así como por el total del valor en caso de los eléctricos. “En septiembre cerramos con poco más de 100 mil unidades vendidas en el mercado interno, lo que representa una caída del 7.5 por ciento, que se traduce en menos ingresos para el fisco”.

Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de Artículo 19, puntualizó que, a pesar de estar en favor del gravamen a las empresas que más se benefician de la economía digital, de hacerlo se podrían afectar los derechos humanos, especialmente el de la libertad de expresión.

Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), pidió tomar en cuenta que hay dificultad para saber si una o un usuario de una plataforma digital se encuentra en México en ese momento para la aplicación del gravamen fiscal, lo que generaría efectos nocivos en los usuarios. “Las medidas serían ineficientes, con una incertidumbre jurídica y provocarían que aplicaciones pequeñas y medianas decidan restringir el acceso para la zona de México”.

El empresario, Juan Francisco Valles, de la Asociación Mexicana de Fibras, dijo que cuando se habla de construcciones es muy difícil desagregar la deuda para la construcción y hacia el inmueble. Sugirió que tanto las construcciones como la adquisición del inmueble sean deudas excluidas de esta limitante.

Por su parte, Elena Chak, de Talenta Mx, sostuvo que el gravamen que se propone en la iniciativa sobre la subcontratación laboral afecta considerablemente a todos los sectores, y es que, según el Inegi, en este sector hay poco más de 8.5 millones de personas subcontratadas; sin embargo, “sin la subcontratación muchas Pymes no podrían tener acceso a formalizar a sus trabajadores, a darles prestaciones sociales. Propuso eliminar a las empresas que ofrecen servicios de subcontratación fraudulentos” y sugirió “una retención del IVA en un porcentaje menor”, concluyó.

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