09-10-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de publicidad ocho dictámenes. Uno de ellos, reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, a fin de regular las remuneraciones de los servidores públicos y determinar que deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución Política.

Además, los poderes estatales, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales deberán incluir en sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán sus funcionarios. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los estados establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, personas de derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

En los artículos transitorios se establece que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en la Constitución deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto.

Además, el Congreso de la Unión, así como las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir o adecuar la normatividad aplicable, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Otro dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo fin es sancionar a quienes hagan mal uso de material destinado a ayuda humanitaria. Cometerá delito de ejercicio ilícito del servicio público aquel que realice propaganda de una administración o de sí mismo u otro servidor con motivo de la entrega de dichos bienes.

Impone pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a 300 veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien sin derecho ni atribución alguna se apodere de cualquier bien destinado a ayuda humanitaria; además penaliza al funcionario que condicione la entrega y precisa que se podrán incrementar las sanciones en la materia.

Uno más, reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía para que en la integración del Comité Técnico del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) sea incluido un representante de los sindicatos de la producción cinematográfica nacional, y para establecer el nombre correcto de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene la finalidad de establecer un descuento de 50 por ciento en el transporte a los usuarios con alguna discapacidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá establecer, en coordinación con los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros, descuentos hasta de 50 por ciento para las personas con discapacidad, en las tarifas aplicables y con un número determinado de lugares disponibles, respecto del total de la capacidad de la unidad.

De la Comisión de Gobernación y Población se conoció el dictamen que declara la última de febrero como Semana Nacional de la Salud Auditiva, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los servicios médicos especializados, así como en el uso de las herramientas tecnológicas para realizar acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de audición, toda vez que este padecimiento afecta alrededor de diez millones de personas.

Según datos de la Secretaría de Salud, tres de cada mil recién nacidos tienen algún grado de hipoacusia y uno de cada mil padece sordera profunda de origen congénito que requieren implantes cocleares. En zonas rurales se estima que alrededor de 66 por ciento no recibe tratamiento. En edad escolar, entre 30 y 50 niños por cada mil tiene sordera unilateral, por consiguiente, presentan dificultad mayor para localizar el sonido y tienen problemas para entender el lenguaje en ambientes ruidosos.

Un dictamen más reforma el artículo 418 del Código Penal Federal para aumentar las penas para quien desmonte o destruya la vegetación, corte, arranque, tale o derribe árboles, cambie el uso de suelo forestal. Incluye un agravante para quien lo realice cuando se trate de un área natural protegida, lo anterior, debido al aumento que se ha detectado de este delito y la forma violenta en que se comete.

Se conoció el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer la prohibición para los patrones a acordar o pactar con otros a no contratar a determinado trabajador, a efecto de que dicha limitación sea clara y expresa para brindar certeza jurídica al destinatario de la norma.

También el Pleno se enteró del dictamen que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer que a la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde acordar la colaboración con las instituciones ambientales, a efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar en la ejecución de actividades tendentes a proteger el medio ambiente.

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