09-10-2019.- Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, diputados de todos los partidos políticos expresaron sus inquietudes por conocer lo que se ha hecho en los temas de violencia contra las mujeres, alerta de género, amnistía, prevención del delito, búsqueda de personas, Guardia Nacional y conflictos sociales.

En la segunda ronda de preguntas, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) sostuvo que en México los feminicidios aumentan cada año. De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y julio se registraron mil 610 víctimas de homicidio doloso, 563 tipificados como feminicidios; es decir, al día son asesinadas 10.2 mujeres mexicanas.

Preguntó cómo se evalúa la efectividad de la alerta de género y por qué ésta no ha sido implantada en la Ciudad de México. “¿Cuáles han sido las acciones encaminadas a mejorar este mecanismo en nuestro país, en donde las mujeres mueren en la ignominia de la impunidad? ¿Cuál es la propuesta para desarrollar canales de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil?”.

Enseguida, la diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) subrayó que erradicar la violencia contra las mujeres en el país y la promoción de la equidad de género es un tema prioritario “que a todos nos preocupa y nos ocupa profundamente”. Consideró que su atención requiere de intervenciones al nivel de las circunstancias para brindar una solución definitiva.

Preguntó cuáles son las actividades clave a cargo de la Secretaría de Gobernación y organismos desconcentrados que distingue a esta administración en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y promoción de la equidad de género. Cómo se trabaja en la prevención dirigida a las nuevas generaciones, particularmente a la concientización e implantación de una política de igualdad de género y cero tolerancia.

En su turno, el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (PES) señaló que la Ley de Amnistía es un instrumento de reconstrucción del tejido social, “en ningún sentido es justo un castigo contra campesinos honestos y trabajadores, como tampoco lo es la criminalización de la mujer o la falta de accesos de procesos de justicia dignos para personas indígenas”. Por ello, inquirió qué mecanismos se instrumentarán para la reinserción social de las personas beneficiadas por dicha ley.

De la misma bancada, el diputado Héctor Joel Villegas González advirtió que son muchas las tareas pendientes: continúan “altas tasas de criminalidad en varias regiones del país, los mecanismos de reinserción social no están logrando su cometido, la violencia contra las mujeres no disminuye, las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos sigue latente y, en términos generales, la justicia sigue sin ser pronta y expedita”. Se pronunció por trabajar gobierno y representantes, con el objetivo común de bienestar de la gente.

Por MC, el diputado Jacobo David Cheja Alfaro consideró que las acciones emprendidas en materia de prevención del delito no están dando los resultados esperados. Para 2019 este rubro tuvo una asignación presupuestal de 27 mil 178 millones de pesos, y para el ejercicio 2020 se tiene previsto un recorte del cien por ciento.

Destacó que 2019 ya es considerado el año más violento de la historia del país desde que comenzaron los registros, al tener hasta la fecha, poco más de 11 mil homicidios dolosos. Interrogó cómo se pretende lograr la prevención del delito si en este rubro no habrá asignación de recursos presupuestales para el próximo año.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) felicitó a la secretaria de Gobernación por cumplir con su labor y ser interlocutora de gran importancia y peso para este gobierno. “Se ve que viene muy bien preparada, por eso la felicito”.

Y preguntó: ¿Qué acciones realizarán en la investigación de Ayotzinapa tras la liberación de varios de los detenidos y la evidencia de tortura por parte de la extinta Procuraduría General de la República? ¿Cómo se fortalecerá el sistema nacional de búsqueda de personas?

Del PRI, la legisladora Irma María Terán Villalobos, dijo que es preocupante el despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur con el fin de detener a los migrantes; alarman las declaraciones acerca de que la Guardia Nacional responderá a supuestas agresiones de civiles. Al respecto preguntó: ¿bajo qué condiciones se desplegó? ¿Ha participado en la definición, actualización y homologación de los protocolos de actuación con miras a procurar los derechos humanos?

De la misma fracción parlamentaria, María Lucero Saldaña Pérez expresó que para su grupo parlamentario fomentar la cultura de la paz y contribuir al desarrollo nacional, implica diálogo con la sociedad, comunicación permanente entre poderes y con los demás órdenes de gobierno. Pero, sobre todo, la apertura de canales de participación en la solución de conflictos que ponen en riesgo la gobernabilidad del país y la gobernanza.

La diputada Sarai Núñez Cerón (PAN) puntualizó que la violencia aumenta, duele, los delitos y los homicidios se disparan y el Estado tiene a los ciudadanos viviendo con miedo. La delincuencia organizada hace gala de impunidad, calles, aeropuertos, vías del tren, monumentos históricos son tomados, secuestrados y dañados, e interrogó ¿cómo obtener resultados en materia de seguridad? ¿Cuál es el plan para pacificar al país?

La también panista, diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, dijo que la gobernabilidad del país requiere garantizar el respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, el derecho a una vida libre de violencia y el ejercicio de un presupuesto que responda a las necesidades más sentidas. Pedimos el compromiso y voluntad de Gobernación, porque son los hechos, no las palabras, los que nos permitirán avanzar para tener mejores y mayores oportunidades y una vida libre de violencia para las mujeres.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) señaló que este gobierno ha optado por una política de diálogo y de puertas abiertas ante las manifestaciones de diferentes grupos sociales; ¿qué resultados está dando esta estrategia para alcanzar la solución de las demandas, específicamente en el mecanismo para garantizar la protección de defensoras de derechos humanos y periodistas. Y qué acciones se realizan para garantizar la verdad y justicia en los casos de Ayotzinapa y la masacre de Nochixtlán, Oaxaca?

También de Morena, la diputada Miroslava Carrillo Martínez dijo estar consciente de que combatir la corrupción, erradicar el dispendio, separar el poder político del poder económico, regenerar la ética institucional y social; reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, “son temas de gran relevancia que requieren esfuerzo y visión de Estado”.

En sus respuestas, la secretaria de Gobernación enfatizó que “no hay tema que me preocupe más que la violencia en contra de las mujeres”. Precisó que se realizan diversos esfuerzos por prevenir, atender, sancionar y erradicarla. Sin embargo, reconoció que, a pesar de los trabajos llevados a cabo en las diversas entidades federativas, aún persiste.

En la dependencia estamos empeñados en transformar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y fortalecer las capacidades institucionales en la prevención y atención de la violencia de género.

Resaltó que “todas las instituciones de este país tienen que tener una perspectiva de género en su actuación y en sus políticas públicas. Se debe garantizar que el personal esté debidamente capacitado para atender bien y de manera integral a las víctimas para evitar la revictimización. Se analiza que las mujeres puedan denunciar a través de las plataformas para atenderlas de manera adecuada y oportuna. La alerta de género está en revisión para que dé mejores resultados.

Mencionó que se han otorgado a los gobiernos estatales cerca de 200 millones de pesos para crear centros de justicia para la mujer y atención de las alertas de género. Para atender la violencia contra las mujeres se emitieron alertas de género en Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Puebla, por lo que se dictaminaron favorablemente convenios de coordinación para el otorgamiento de subsidios por más de 108 millones de pesos.

Agregó que se otorgaron también subsidios para la creación o fortalecimiento a los centros de Justicia para Mujeres Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Coahuila, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas, y se formalizaron a través de la subscripción de convenios de coordinación un monto total de casi 100 millones de pesos.

Además, han promovido cinco juicios de amparo, uno en la Ciudad de México, otro en Zacatecas, Veracruz tres, y resuelto en forma definitiva dos juicios de amparo, uno en Puebla y otro en Sonora.

Sánchez Cordero aclaró que en el caso de alerta de género en la Ciudad de México, se recurrió a la determinación de un juez de distrito porque interpreta la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el sentido de que las mismas demandantes del juicio de amparo iban a constituirse en el grupo que decidiría en qué medida y forma se otorgaría la alerta. “Considero que era conflicto de interés, porque no pueden ser a la vez demandantes y resolutorias de los alcances de la alerta”.

“No estamos impugnando la alerta, estamos impugnando el conflicto de interés entre la parte demandante y quien iba a constituir el grupo de expertos para definir el alcance de la alerta de género en la Ciudad de México, porque no queríamos ese precedente”.

Explicó que la Ley de Amnistía es de justicia social, cuyos destinatarios no son quienes hayan cometido delitos graves, homicidio, secuestro, lesiones graves, usado armas de fuego y tampoco se va a otorgar a presos o indiciados por delitos graves, según lo contemplado en los diversos códigos penales de las diversas entidades federativas.

El universo de personas a los cuales está dirigida son jóvenes que han cometido delitos menores como robo, primodelincuentes y “estamos en la ruta adecuada para que obtengan su libertad y, después, encaminarlos proporcionándoles trabajo y reinserción social”.

La amnistía que propone el Ejecutivo, detalló, verá ampliado el universo de sus potenciales beneficiarios con la expedición de leyes similares en las diversas entidades federativas en el ámbito local. “Estamos diseñando acciones para que una vez aprobada esa ley, sus beneficios y beneficiarios se concreten a la mayor brevedad”.

Las facultades de la prevención del delito se comparten también con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Estamos trabajando para coordinar los esfuerzos”, es necesario involucrar a los gobiernos estatales y municipales.

Precisó que la acción más importante en la prevención del delito es la reconstrucción del tejido social. La Segob es rectora de la política interior y se ha enfocado en incorporar el paradigma de la reconstrucción del tejido social en las acciones de la administración pública federal, a través de varias vertientes: atender las causas estructurales que generan la violencia, la falta de oportunidades, la pobreza, exclusión y marginación de los jóvenes.

La titular de Gobernación mencionó que el subsecretario, Alejandro Encinas, dirige todas las acciones del gobierno para conocer la verdad en Ayotzinapa, se han acercado personas liberadas para manifestarle lo que tienen ellos y el conocimiento que tienen de los hechos sucedidos esa trágica noche. “Hemos estado conociendo aspectos de esta investigación que hasta hace muy poco tiempo no se conocían.

Los hechos pueden continuar investigándose y la Fiscalía podrá realizar nuevas acusaciones. Es importante, agregó, investigar a quienes cometieron ocultamiento, irregularidades y tortura, porque podría existir información relevante en poder de esas personas, que ayudará con la investigación.

Enfatizó que se debe asumir que la reconciliación y paz se tienen que hacer en forma conjunta. “Es necesario contar con el compromiso de gobernadores y presidentes municipales, con los sectores sociales, para que la cultura de la paz se consolide”.

Reiteró que lo antes posible, se establecerá el Consejo para la Construcción de la Paz, una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y los actores de México para que trabajemos por esta paz.

Puntualizó que la Guardia Nacional es coadyuvante y está en auxilio del Instituto Nacional de Migración. Detalló que tienen mayor presencia, no en la frontera norte ni la frontera sur, es en el estado de México, Michoacán y Ciudad de México.

Es cierto que hay despliegue en la frontera sur y norte, pero es importante que por nuestra propia seguridad nacional la tengamos en las fronteras. A la Secretaría de Gobernación le corresponde por ley la seguridad de nuestras fronteras de quién entra y quién sale de las mismas. Se tiene que profesionalizar, capacitar a sus integrantes en materia de derechos humanos, reconoció.

Finalmente, la secretaria indicó que la instrucción del Presidente es que cualquier conflicto social o problema que se suscite, se analice a través del diálogo. La dependencia ha instalado diversas mesas para tratar de llegar a acuerdos y resolverlos de esa manera, “no de la represión, no de la fuerza del Estado, sino constantemente de una comunicación fluida y permanente con los diversos sectores de la población”.

Dijo estar al pendiente del mecanismo de protección de defensores y periodistas. “Muy pronto sacaremos los lineamientos y, sobre todo, también ya lo vamos a hacer a través de la seguridad federal, ya no de las instancias de seguridad privada que teníamos contratadas”.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana jueves 10 de octubre, a las 11:00 horas.

--ooOoo--