10-10-2019.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, a fin de incluir a las personas de derecho público y órganos autónomos a las reglas fijadas por el artículo 127 de la Carta Magna, que regula las remuneraciones de los servidores públicos, federales, estatales y municipales, que no sobrepasarán el límite establecido para el Presidente de la República.

El dictamen que deriva de las iniciativas de las diputadas Dulce María Sauri Riancho (PRI) y María Chávez Pérez (Morena), así como la presentada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobado en lo general, por 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones, y remitido al Senado de la República.

En su artículo Segundo Transitorio se establece que las remuneraciones que sean superiores a la del Presidente de la República, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal del año siguiente a aquel que haya entrado en vigor este decreto, y siempre que se haya dado cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo de 2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.

El artículo 127, primer párrafo, incluye a las personas de derecho público y a los órganos autónomos, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, como se establece actualmente para los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos e instituciones.

El Tercero Transitorio, precisa que el Congreso de la Unión, así como las legislaturas de las entidades federativas expedirán o adecuarán la normatividad aplicable, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

En lo particular, se aprobó por 322 votos a favor, 21 en contra y 81 abstenciones, los artículos 116 y 127 de la Constitución Política en términos del dictamen. Con 377 votos en pro, 4 en contra y 43 abstención, se avaló la modificación del citado artículo Segundo Transitorio, a propuesta del diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN).

Con votos a favor, 62 en contra y una abstención, se aprobó la adición del Cuarto Transitorio, impulsada por el diputado Jorge Eugenio Russo Salido (MC), la cual precisa que el Congreso de la Unión realizará las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de este decreto. Se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, a efecto de que emita una opinión fundada y motivada a la Cámara de Diputados.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, expresó que es necesario un esfuerzo de austeridad para equilibrar las remuneraciones en un contexto económico nacional donde prevalece la pobreza y la desigualdad. “Los invito a ser parte del cambio que necesita el país, ajustándonos a criterios de distribución y justicia sobre la riqueza. No puede haber remuneraciones excesivas en un país pobre”.

Precisó que las remuneraciones de los servidores públicos son altas respecto de los tabuladores generales vigentes en el sector público y los que reciben sus pares en otros países.

Relató que desde la Constitución Política de 1917 a la fecha, el artículo 116 constitucional ha sido modificado en 13 ocasiones. En la séptima reforma realizada durante 2009, se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción II, se desarrolla la norma constitucional que especifica que las remuneraciones de los servidores públicos deben ajustarse a lo establecido en el artículo 127 constitucional.

En cuanto al artículo 127 constitucional, ha tenido cuatro reformas desde 1917. En el texto original de ese año quedó instituido que la compensación que recibiría el titular del Poder Ejecutivo estaría determinada por la legislación secundaria. Incluso, se establece la posibilidad de aumentarla o disminuirla. Esas disposiciones también tienen como destinatarios a los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios de la federación de nombramiento popular.

Argumentó que la reforma de 2009 fue la de mayor impacto. En ella aparece por primera vez la definición del concepto de retribución, así como la mención de que ningún servidor público pueda tener un ingreso mayor que el titular del Poder Ejecutivo. se establecen límites para las percepciones de los servidores públicos, siendo esta reforma base sustantiva de la propuesta de modificación del dictamen que hoy se presenta.

En México, en el marco de las nuevas modificaciones a los artículos 116 y 127 constitucionales, se presenta el tema bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto y su maximización de estos ejes a todos los servidores públicos del Estado, tanto a los poderes tradicionales, como a los que tienen alcance de autonomía en el texto constitucional.

Indicó que desde 2009, México ha experimentado cambios constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos, lo que requiere reformas para dar certeza jurídica e institucional a esos dispositivos, pues la problemática principal en este tema se basa en la necesidad de fortalecer los principios constitucionales y modificar la ley secundaria.

Esta última, dijo, por falta de criterios claros para la definición del monto de los salarios y compensaciones como se establece en la sentencia condenatoria de la acción de inconstitucional 105/2008 y su acumulada 108/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 19 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación.

La diputada Miroslava Carrillo expuso que el proyecto también busca la armonización sistemática de varios dispositivos constitucionales de los artículos 75, 108, entre otros. En él se pondera un concepto amplio y flexible de servidor público que se instituye como personas de derecho público y se conjunta con los órganos y organismos autónomos y entes públicos.

El modelo constitucional que se propone es gradual en cuanto a su regulación constitucional sobre las remuneraciones de los servidores públicos. Se especifica que sus alcances abarcan a toda persona de derecho público, así como a todo órgano u organismo a los que la propia Constitución y las leyes les otorguen autonomía.

“Desde esta perspectiva, ningún ente o persona de derecho público, y ningún órgano u organismo autónomo, incluidos los dispuestos en la ley secundaria, escapan a las obligaciones emanadas de los artículos reformados en el 2009”, aclaró.

Indicó que el artículo 127 es claro al mencionar que las remuneraciones de los servidores públicos en general deben ser adecuadas, irrenunciables y proporcionales a las responsabilidades, por lo que no deben rebasar el límite de las establecidas para el Presidente de la República.

En los posicionamientos, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) recordó que cuando inició esta Legislatura se sabía que iban a rebajar los sueldos de los jefes en la administración pública federal y en todo el país. “El litigio principal es la aplicación de un mandato popular del primero de julio de 2018, porque la gente sabía que se iban a rebajar los salarios de la llamada burocracia dorada”.

La Corte dice que la Ley de Remuneraciones no es que esté mal, sino que le faltan cosas. “Hay una sentencia y condena contra el Congreso que nos obliga a reformar la ley para establecer los parámetros, a través de los cuales la Cámara tiene que decidir lo que tiene que decidir, es decir, lo que dice la Constitución. Necesitamos mantener los niveles de sueldos que ha establecido la Cuarta Transformación por el bien y la moral de este país”.

Del PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega aplaudió que se discuta la regulación de la remuneración de los servidores públicos, pero esta reforma no da certeza. “Estamos convencidos que no se deben favorecer los privilegios para los servidores públicos. La oportunidad es establecer en el texto constitucional la creación de un organismo que fije la remuneración del Presidente de la República, tal cual lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la declaratoria de inconstitucionalidad a diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

Indicó que la reforma impacta en los poderes públicos, en los organismos constitucionales autónomos y en todos los que derivan del marco jurídico. Además, tiene injerencia en los estados de la República. “No hay certeza, hay discrecionalidad, autoasignación, y eso descompone el escenario para la asignación de salarios en México”. Urgió a construir un acuerdo político para este propósito porque hay coincidencias; sin embargo, “en los términos planteados, bajo un criterio técnico y económico, lo que estaríamos aprobando hoy no resolverá la problemática en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la nación”.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) dijo que el objetivo es ampliar la intromisión del Poder Ejecutivo en los otros Poderes de la Unión y también en los órganos dotados de autonomía a través de los límites de las remuneraciones de los servidores públicos. “Tiene como base el criterio arbitrario y unilateral que fijó el presidente sobre su propia remuneración mensual. La aprobación representa una validación de una decisión arbitraria y falta de objetividad por parte del Poder Ejecutivo”.

Externó su preocupación de que la reforma constitucional parta de una premisa equivocada: modificar la Carta Magna para legitimar una mala ley. “Lo que está a discusión no se trata de pesos y centavos, sino defender la división de poderes del país. Se trata del debilitamiento del Poder Legislativo. No vamos a ser cómplices de cómo destruyen la división de poderes que tanto ha costado a este país”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, dijo que a casi 200 años se estarían honrando “Los Sentimientos de la Nación”. Está implícito el recortar la distancia entre el que menos gana y se responde a un reclamo de la sociedad. “Aprobemos unánimemente esta iniciativa, porque en este punto nadie cede, no es un asunto ideológico que tenga principios partidarios que impidan que se respalde esta reforma constitucional. Si con seriedad se habla de reconciliación, este puede ser un punto de encuentro y generar condiciones entre las diversas fuerzas políticas”.

El indicador fundamental de los salarios, abundó, será el ingreso del Presidente de la República, sea quien sea. “Hoy es compañero presidente y mañana pudiera ser cualquiera de ustedes, cualquier hombre o mujer de esta asamblea o cualquier hombre o mujer que esté luchando políticamente desde la trinchera que haya elegido. Esta iniciativa no está legislando para una coyuntura ni está haciendo o tomando una determinación con interés político-electoral”.

La diputada de MC, Adriana Gabriela Medina Ortíz, resaltó que si bien es necesario moderar la opulencia que hoy distingue a los salarios de muchos servidores públicos, se deben hacer modificaciones de redacción al dictamen para no generar injusticias ni avalar una antinomia que se puede apreciar desde Tijuana hasta Yucatán. “Cambiemos la desproporcionalidad; construyamos unanimidad con la razón y no con el capricho. Hacer lo contrario implicaría un retroceso”.

El reto, dijo, es fijar un justo régimen de salarios para servidores públicos. El desafío implica aportar certidumbre jurídica y claridad a un texto que en su versión vigente ha requerido interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, y que no propicie injusticias en sí mismo y en el futuro potencie el problema de sueldos desproporcionados. “No hay parámetros, fundamentos o criterios bajo los cuales se deban fijar y presupuestar las remuneraciones de los servidores públicos. Sin las herramientas metodológicas, el recorte salarial quedará como un capricho opaco, discrecional y fundado en la ignorancia”.

Por el PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz indicó que se discute un reclamo permanente de las y los mexicanos, el cual consiste en fijar un límite a las remuneraciones de quienes prestamos un servicio a la nación. “Estamos construyendo un nuevo entramado constitucional que logre establecer incentivos, pero también controles al dispendio, a la discrecionalidad y al autoritarismo con el que se habían incorporado los sueldos de las y los servidores públicos”.

Añadió que el dictamen no afecta a los trabajadores al servicio del Estado, al contrario, hoy se van a definir las bases de cuál debe ser la remuneración adecuada. “Fijará instrumentos claros para que la equidad en el presupuesto sea correspondiente a la realidad económica y montos que ejercen los gobiernos subnacionales. Se evita cualquier intromisión, dependencia, o subordinación del Poder Legislativo o de cualquier otro a uno de los del Estado. Garantiza independencia y no hay invasión de competencias”.

Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, mencionó que hoy se genera el andamiaje jurídico que permitirá lograr que la determinación de remuneración específica para cada servidor público sea en un marco de igualdad entre todos estos entes, sin distinción mayor que la de adecuarla al desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a su responsabilidad.

“No es darle una distinción o régimen de excepción para nadie, puesto que un régimen de excepción por distinción de naturaleza jurídica de derecho administrativo o público no encuentra sentido cuando se trata de las remuneraciones de los servidores públicos. Por el contrario, la inclusión y ampliación del universo de los sujetos obligados al supuesto de la remuneración adecuada y proporcional, debe ser aplicable para todos aquellos que sirven al país”, añadió.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) dijo estar a favor de que los suelos de los funcionarios públicos sean acordes a la realidad económica del país y conforme a las responsabilidades que desempeñan, pero el dictamen “está dirigido a dejar sin materia aquellos recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad promovidas por trabajadores que, debido a las medidas establecidas en la Ley Federal de Remuneraciones, vieron disminuidos sus ingresos”.

Mencionó que la reforma establece las condiciones para el debilitamiento institucional del sistema constitucional y el fortalecimiento ilegítimo de la figura presidencial, que derivan en la fragilidad del Estado de derecho. Se deben fijar reglas claras para la determinación de los sueldos que reciben los funcionarios públicos, pero “estamos convencidos de que no es el camino correcto, porque el que nadie gane más que el presidente no constituye una medida objetiva para limitar los excesos del pasado, sino abre la puerta para la discrecionalidad”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) afirmó que su voto a favor lo hace desde lo más profundo de sus convicciones panista y jurista; sin embargo, consideró que esta reforma está incompleta “modifica fraseos, cosa menor”. Anunció que presentará una reserva para, entre otras cosas, obligar que el decreto entre en vigor una vez que se haya cumplido la sentencia para fijar, de una manera objetiva, el salario del Presidente.

Del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, dijo que están de acuerdo en terminar con privilegios, salarios considerados ofensivos para la sociedad; se abre la discrecionalidad para legitimar las decisiones del Ejecutivo. “Estamos por la puerta trasera dejando sin anclaje la ley de remuneraciones, sobre la cual se basan miles de amparos y acciones de personas que se sintieron aludidas”.

El legislador Alejandro Viedma Velázquez (Morena) puntualizó que México debe contar con un presupuesto razonable que privilegie una sociedad con igualdad y justicia. Este dictamen fortalecerá la austeridad republicana. “Votar a favor significa defender la dignificación de la política. Este decreto promueve cerrar brechas en la función pública”.

Del PAN, la diputada Gloria Romero León, consideró que esta reforma carece de racionalidad y lesiona a otros poderes. “Se percibe un atropello al Poder Judicial por la presión permanente que revoque decisiones que no son del agrado del Presidente”. Afirmó que su grupo parlamentario votará en abstención, porque de no atenderse la propuesta que se hizo al segundo transitorio, se reviste un engaño con lenguaje jurídico.

La diputada María Chávez Pérez (Morena) mencionó que la reforma ayudará a resolver la desmedida retribución asignada a la alta burocracia, erigiéndola como una casta noble con privilegios extremadamente exagerados, aunados a altos salarios que contravienen el artículo 127 Constitucional.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) señaló que se debe cumplir la sentencia de la Corte y fijar las retribuciones en correspondencia con las responsabilidades de los funcionarios, “pero no con reglas arbitrarias que no digan cómo se determinó una cantidad”. Dijo que hay propuestas para fijar esos criterios y elementos objetivos. Pidió acercar posiciones, pues hay muchas coincidencias. “Es lo que demandó la ciudadanía y lo que demandó la Suprema Corte”, recordó.

Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel expresó estar a favor del dictamen y pidió a los legisladores ser sensibles a las necesidades de la sociedad, “porque hoy estamos discutiendo una reforma constitucional para combatir dispendio y frivolidad. que fueron el pan de todos los días en la administración pública”.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, resaltó que votará en contra porque la reforma es “una red para capturar todos los amparos que están sometidos a consideración de jueces en contra de la Ley Federal de Remuneraciones”. Agregó que en el artículo 127 se debe establecer el órgano técnico, que sería la Auditoría Federal de la Federación, que establezca criterios para marcar los salarios de servidores públicos.

De MC, la diputada Ruth Salinas Reyes dijo que esta reforma constitucional es la puerta de un nuevo marco jurídico en la materia, que tenga como principio rector la austeridad, la oportunidad, la eficiencia y el pleno goce de los derechos laborales, pero también permite a los congresos locales que modifiquen su legislación en la materia para que autoricen los sueldos y remuneraciones de los servidores públicos locales.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) criticó que la reforma no establece el tope del salario del presidente como límite superior para la remuneración de los demás servidores públicos y no ofrece nada nuevo en este aspecto. Sostuvo que es una redacción rebuscada para intentar abarcar a diversos organismos públicos y una modificación innecesaria, “no le abona nada al texto que ya tenemos”.

La diputada Guadalupe Ramos Sotelo (Morena) dijo que estas reformas tienen por objeto establecer que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República. Alcanzará a los tres poderes y niveles de gobierno, así como a los órganos y organismos dotados de autonomía constitucional, tanto federales como locales, “para asegurar que todos se rijan por el principio de austeridad; trabajemos para acabar con los privilegios y remuneraciones estratosféricas”.

En votación económica, se desechó una moción suspensiva de la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) para detener la discusión del dictamen, pues con esta propuesta se renuncia a la facultad de legislar de esta Cámara, adujó. “Legislar es nuestra obligación y el Ejecutivo no puede hacerlo por nosotros. No podemos dejar que la división de Poderes pase inadvertida”.

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