12-10-2019.- La diputada Sara Rocha Medina (PRI) destacó que, aun cuando es mayor el número de mujeres que laboran en la administración pública federal, “existe una barrera que impide su ejercicio en puestos de alta dirección, y las que acceden, suelen tener niveles salariales más bajos que los hombres”.

Ante estas circunstancias laborales de género, planteó reformas legislativas con el objetivo de que las autoridades fomenten la participación igualitaria en los altos cargos para abatir la brecha salarial.

Propuso modificar el artículo 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de que se garantice participación igualitaria en altos cargos públicos y puestos de mando, a los que alude el primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las normativas homólogas locales.

En una iniciativa, la legisladora pide también reformar el artículo 86 de la Federal del Trabajo para que corresponda un salario igual entre mujeres y hombres, como entre pares, a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también semejantes.

La legisladora destacó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo dos de cada 10 puestos directivos en el marco de las administraciones públicas de los estados son ocupados por mujeres.

Además, el 53 por ciento de las empleadas de la administración pública federal son mujeres; sin embargo, están concentradas en niveles de mando medio, de forma que los puestos directivos y de mayor jerarquía continúan controlados en mayor proporción por hombres. Sólo el 34 por ciento de los mandos medios y superiores son para ellas.

Por su parte, las direcciones generales y las subsecretarías de Estado únicamente se ocupan en 20 por ciento por mujeres. Se advierte que de las 19 secretarías sólo seis están encabezadas por funcionarias.

Respecto de la brecha salarial, indicó que ellas reciben un sueldo menor al de hombres que laboran en las mismas plazas. De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que dentro de las secretarías de Estado hay una diferencia del 12 por ciento en percepciones.

Rocha Medina refirió que de acuerdo con el informe “El progreso de las mujeres en el mundo”, de ONU Mujeres, la discriminación es tal que los Estados tardarán 40 años en consolidar una igualdad sustantiva en el ámbito laboral y en la participación política del sexo femenino.

Por ello, continuó, dicho organismo internacional promueve la conformación de acciones específicas que permitan fomentar la igualdad, a través de modificaciones legales y en materia de política pública. Una de estas medidas que ha dado gran resultado es la “paridad de género”, es definida como una medida de carácter temporal que garantiza la participación de la mujer en distintos espacios públicos y en la toma de decisiones.

Sostuvo que la cultura organizacional de las instituciones de la administración pública federal debe contribuir a la participación de las mujeres profesionales, reconociendo el empeño empleado en estudios especializados y su lealtad institucional. Se pronunció por incluir en el marco jurídico mexicano el principio de paridad de género en las estructuras de mando.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

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