14-10-2019.- El secretario de la Comisión de Gobernación y Población, diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), propuso que la ley no sólo sea de amnistía, sino de indulgencia y la encabecé la Secretaría de Gobernación o el Ejecutivo, por medio de un comité que analice la viabilidad de la absolución.

Al concluir el primer día del foro parlamento abierto “Ley de Amnistía”, el legislador explicó que la tarea de esta figura no puede debe estar en manos de la Fiscalía General de la República, porque no debe ser juez y parte, en todo caso, debe integrar el comité, “pero que éste no sea quien determine el perdón”.

Indicó que la Ley de Amnistía es benéfica, porque el Estado ha violentado los derechos humanos de las personas. Expresó que se tiene que ampliar el catálogo de delitos, a fin de evitar que se excluya a muchas personas que han sido presas injustamente.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), anunció que ante la respuesta de los expertos y académicos se abrirá una tercera reunión, porque hay 60 especialistas pendientes.

Indicó que el 18 de octubre se continuará con el parlamento abierto, con el objetivo de escuchar todos los puntos de vista y con ello generar las mejores leyes en beneficio de la ciudadanía ante un tema tan complejo y de interés para muchos. “Sabemos que muchos están de acuerdo que exista una Ley de Amnistía para atender a las personas que han sido juzgadas sin el debido proceso”.

Fátima Gamboa Estrella Ortiz, integrante de Redes Nacionales de Abogadas Indígenas y coordinadora de Equis Justicia para las Mujeres, mencionó que liberar a mujeres e indígenas de la cárcel es un acto de justicia reparadora de las iniquidades que la violencia racista, clasista y capitalista han ejercido sobre las comunidades. “Se les ha aplicado la justicia del patrón, de cacique, del propietario y de un Estado que no ha sabido ser ni intercultural ni pluricultural”.

Añadió que el delito del tráfico de drogas es la quinta causa por la que los indígenas están en la cárcel y el 42 por ciento de las mujeres nativas en reclusión que son monolingües, carecen de una sentencia. “Es un desafío tener un defensor bilingüe; hasta hace un año había 25 en todo el país y hay mil 649 intérpretes y traductores en México”.

Por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Adrián Franco Zevada puntualizó que la Ley de Amnistía no sólo es necesaria sino urgente, y la manera en cómo se redacte dará un claro mensaje de cómo se tendrán que llevar a cabo los procedimientos penales. Abundó que se vive en una sociedad en donde la violencia exacerbada es intolerable y ciertas zonas del país han sido captadas por la delincuencia organizada y “enviar un mensaje de amnistía a estos grupos delincuenciales puede ser tomado de forma errónea; se trata de señalar casos de injusticia y repararlos; no es un cheque en blanco a delincuentes o personas que han privado de la vida a otras; deben incluirse los casos de periodistas”.

La directora ejecutiva de la Casa de las Muñecas Tiresias AC, Kenya Cuevas, expuso que la ley no considera a la diversidad de mujeres. “Es necesario que se incluyan a las trans, pues cada día seguimos viviendo actos de discriminación y violencia por muchos sectores gubernamentales que se resisten a cambiar sus prejuicios; hay que abrir el tema de las comunidades LGBT”. Agregó que es fundamental la reinserción social y, en muchos casos, las mujeres que están privadas de su libertad en la Ciudad de México es por delitos menores, siendo las más afectadas las trans-trabajadoras sexuales.

El director de Investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Carreón Perea, expresó que, si la ley contempla la acción de la Fiscalía General e instancias de la Corte, es importante dotar de los recursos necesarios para que tengan las capacidades para operar la norma. Además, consideró fundamental capacitar a los operadores sobre la aplicación de la ley e incentivar la aplicación de otras figuras del Sistema de Justicia Penal y en un futuro establecer un Código Penal Único.

El representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Alejandro Sánchez González consideró necesario desarrollar estrategias que ayuden a remediar las injusticias, reducir las brechas de desigualdad para ampliar la inclusión y reinserción de las personas menos aventajadas. “Hay coincidencias en los fines de la ley, pero no en el medio para conseguirlos, pues el impacto sería mínimo o nulo, pues algunos delitos son del fuero común, como en el caso del aborto, en donde no existe ninguno federal”.

Cristina Reyes Ortiz, abogada del Programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, señaló que esta ley no será suficiente para reparar el daño y las violaciones a derechos humanos ocasionados por la guerra contra las drogas, si no se acompaña de una transformación del paradigma de la política de drogas.

“No podemos esperar que la amnistía sea la cura de todos los males; debe ser vista como la primera piedra de una serie de medidas integrales que beneficien a más personas que han sido encarceladas por este tipo de delitos y evite la criminalización de más. Debe acompañarse de propuestas que eliminen y reformulen los delitos de drogas, para asegurar que los esfuerzos del Estado se enfoquen en la persecución del crimen organizado y no de las personas que están en ese mercado como una vía para la subsistencia propia y sus familias, así como incluir mecanismos de reparación”.

Yuritzia Gómez López, representante de la Red Cultivadoras de Guerrero, pidió a los legisladores regular la producción de amapola con fines medicinales y científicos. Refirió que ante los escasos recursos económicos y hambre, los habitantes de estas regiones son utilizados como transportadores de la goma de opio y se encuentran detenidos purgando condenas de varios años de prisión, por lo que expresó su beneplácito por esta ley que se analiza”.

Ariadna Osorio García, asesora técnica del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, expuso que es importante que a esta ley se incorpore el derecho restaurativo, a fin de atender las causas y las consecuencias del delito; es decir, que cada caso se analice de manera específica y se le dé el tratamiento adecuado.

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