17-10-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 277 votos a favor, 121 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el cual establece medidas para otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en sus pagos.

En el documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se realizan adecuaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las dependencias de la Administración Pública Federal en materias migratoria; publicaciones; radio, televisión y cinematografía; aduanera; energética; servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano; servicios marítimos; telecomunicaciones; acuacultura y agua.

En materia migratoria, se ajusta la cuota a los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, que marca el Instituto Nacional de Migración.

Precisa que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho referente a la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen a México con fines turísticos, se destinarán, en un 20 por ciento, al Instituto Nacional de Migración con el objetivo de eficientar los servicios que proporciona. El restante será para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno federal con objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

La presidenta de la Comisión Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) resaltó que en este dictamen se homologa el concepto de tonelada bruta por unidad, con el de arqueo bruto y se establece que el 85 por ciento de derechos de minería se destine a la educación pública.

En lo particular se emitieron 248 votos a favor, 145 en contra y una abstención.

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos: 8,12, 18-A, 20, 223, 224, 225, 271 y 275 relativos a la Ley Federal de Derechos.

Fue aceptada la propuesta de modificación de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (Morena), quien planteó reformar los artículos 8, 12 y 18-A de este ordenamiento.

Sobre el artículo 8 plantea que, por recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán 855 pesos en caso de ser visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

La reforma al artículo 12 estipula que por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de 380 pesos. Actualmente por esta asistencia se paga 149.02 pesos.

En tanto, el artículo 18-A prevé que los ingresos por la recaudación del derecho a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, se distribuirá un 18 por ciento de su total al Instituto Nacional de Migración, el cual será ejercido para la mejora de sus servicios, y un dos por ciento se otorgará a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de fortalecer la capacidad institucional del organismo.

La diputada Gloria Romero León (PAN) mencionó que en el análisis del paquete económico para 2020 no se ven favorables los términos en el que se encuentra el dictamen a la Ley de Derechos. Refirió que hay millones de mexicanos que no tienen empleo formal, salario digno y acceso a servicios públicos de calidad. “Con la ley que se pretende aprobar el escenario será seguir pagando mayores impuestos, es decir más actualizaciones en las cuotas.

Al hablar a favor, la diputada Rosalinda Domínguez Flores (Morena) señaló que es necesario ajustar el monto de la cuota por los derechos de los servicios migratorios, a fin de equilibrar los gastos que implican. El crecimiento del flujo migratorio trae consigo diversas implicaciones económicas, sociales y políticas. “Lo anterior conlleva brindar mayor protección a las fronteras del país; por ello el ajuste sólo reflejará el costo total de poner en funcionamiento todo el aparato de control migratorio”, aseguró.

En contra, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) afirmó que si se aprueba esta reforma se les quitarán recursos a miles de productores campesinos, ya que se les cobrará derecho de extracción del agua que usan para sus actividades pecuarias. Además, la eliminación del fondo minero afectará directamente a 25 entidades y 199 municipios. “Hay que darle a municipios y estados recursos para atender sus necesidades”, advirtió.

Por parte del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya mencionó que la desaparición del fondo minero porque desde su creación no logró cumplir con su misión y presentó serias deficiencias en gestión y aplicación de ingresos. “Los ingresos que generaba se utilizarán para mejorar las condiciones de los centros educativos y servicios de salud”, aseguró.

El diputado Jorge Eugenio Russo Salido (MC) dijo que votaría en contra porque no se han resuelto las demandas del sector campesino “y ya se les provoca otra sangría”. Añadió que se pretende reducir y eliminar apoyos del gobierno al campo y establece una carga fiscal por el uso de aguas nacionales, a partir de la premisa falsa de que los productores agrícolas no contribuyen a la infraestructura hidroagrícola ni al uso eficiente de las aguas nacionales, pues pagan cuotas para su mantenimiento. Además, asentó es ofensivo mencionar que los productores sólo aportan tres por ciento del PIB nacional cuando las cadenas productivas llegan al 20 por ciento.

El diputado Manuel Gómez Ventura (Morena) externó que con este dictamen se da un paso más en del desarrollo de niñas, niños y adolescentes, mediante una mejor distribución de los recursos. Sobre el fondo minero explicó que equivale a tres mil 200 millones de pesos y la Ley Federal de Derechos establece que su distribución debe apoyar al desarrollo de infraestructura social, ambiental y de desarrollo urbano en las zonas de extracción. Por ello, dijo que 80 por ciento será para construir, remodelar y equipar centros escolares; 5 por ciento se entregará a la Secretaría de Economía para fortalecer al sector, y el resto, al Gobierno a fin de realizar programas de infraestructura.

En su oportunidad, la diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) indicó que para actualizar y establecer nuevos derechos hay que tomar en cuenta el contexto de la economía nacional. Añadió que se debió limitar el cobro de más derechos, e incentivar el crecimiento económico de los diferentes sectores. Adelantó su voto en contra porque el escenario del país, al tener un crecimiento del PIB del 0.2 por ciento, muestra que las políticas emprendidas han sido un total fracaso.

El diputado Armando Reyes Ledesma (PT) anunció su voto a favor dado que las contribuciones que contempla beneficiarán “a todos los mexicanos que alguna vez fueron olvidados en la exigencia de sus demandas para atenderlas con una amplia política social y nuevas oportunidades del desarrollo de la navegación en barcos de vela o yates y otras actividades que impliquen el desarrollo de la naturaleza del país, que dejan una importante derrama económica del país.

El diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES) apoyó las modificaciones dado que están encaminadas a establecer un marco regulatorio que garantice el correcto funcionamiento de instituciones del Estado a través del pago de nuevos derechos, como en comunicaciones por la expedición de constancia para el uso o aprovechamiento de bandas de frecuencias y, en otros casos, a fin de adecuar el cobro de la autorización y examen para aspirante a apoderado aduanal, entre otros.

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