23-10-2019.- La Cámara de Diputados aprobó prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

El dictamen avalado por 399 votos a favor, establece una sanción de 12 a 15 años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere esos dispositivos y, si el delito fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se impondrá pena de 15 a 18 años de prisión.

Con la adición de los artículos 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el 168 Ter al Código Penal Federal, el documento turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca que los equipos a que se hace referencia sean asegurados y posteriormente destruidos en su totalidad.

Se precisa la excepción de su uso y operación, por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, así como de las instancias de seguridad pública federales.

En los artículos transitorios se destaca que los particulares que posean aparatos o equipos que sirvan para bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen deberán entregarlos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destruir, o en su caso, excluir del país, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

Las autoridades contarán con un término no mayor a 180 días naturales para realizar las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informará cada año del cumplimiento de las disposiciones expresas en el decreto a las comisiones de Seguridad Pública del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), afirmó que se atiende una problemática que aqueja al autotransporte, principalmente el robo de unidades.

“Si bien el rastreo satelital de vehículos previene la comisión del delito de robo, existen diferentes medios tecnológicos para bloquear las señales de radiocomunicación. Uno de los métodos más utilizados son los inhibidores o bloqueadores, también conocidos como jammer, que emiten una señal más potente que los celulares en la misma frecuencia”, añadió.

El delito de robo a autotransporte se facilita con este dispositivo, debido a que bloquea el GPS, haciendo imposible conocer la ubicación del vehículo. Por ello, “es de suma importancia advertir que los bloqueadores son altamente utilizados por los grupos delincuenciales para el robo de autotransporte”.

Mencionó que según las estadísticas de la Asociación Nacional de Empresa de Rastreo y Protección Vehicular, de enero a noviembre de 2018 se registraron dos mil 569 robos en el ámbito nacional, y en más del 75 por ciento, los delincuentes usaron estos aparatos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018 el robo de autotransporte en México se incrementó 81 por ciento.

Además, según registros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), este delito creció casi 90 por ciento tan sólo de 2017 a 2018, y se elevó 168 por ciento en el periodo del 2012 al 2018. Estima que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante 2017 ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Pérez Díaz precisó que el robo de autotransporte representa un gran impacto en la economía, ya que implica consecuencias para todos los involucrados con la comercialización de las mercancías. “México enfrenta problemas de inseguridad que permean en todos los sectores económicos por igual, y la industria del transporte de carga es una de las principales afectadas, industria que representa el 5.9 por ciento del PIB”.

El dictamen, abundó, prohíbe la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de la telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), expresó que la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y la seguridad pública implica que todos los avances deben ser utilizados para las mejores causas, eliminar barreras y superar obstáculos, así como generar acciones bondadosas y colectivamente útiles.

El dictamen, dijo, no sólo forma parte de la agenda de la seguridad y del tema de comunicaciones, “es para una nueva dinámica en donde las y los legisladores debemos actualizarnos en ese desarrollo tecnológico”.

Añadió que la propuesta de restringir el uso de los denominados inhibidores de señal GPS es con el objetivo de que sólo puedan ser utilizados por la autoridad encargada del orden. Responde a la necesidad de eliminar desde la ley su uso indiscriminado y aplicación por parte de la delincuencia, que bloquea las señales de los transportes, en este caso los de carga, en los caminos y carreteras del país, para cometer sus ilícitos.

“Su amplio margen de comercialización y distribución, su bajo costo y la falta de regulación normativa generó que esa cadena se incorporara en aquellos que utilizan para delinquir. Han servido para la comisión de delitos relacionados con el robo de autotransporte, pues el bloquear el dispositivo de GPS, el conductor no solo queda imposibilitado a alertar sobre el hecho, sino pone en riesgo su integridad”, aseveró.

Guerra Mena añadió que se trata de evitar que los bloqueadores sean empleados para llevar a cabo conductas ilícitas mediante la generación de interferencias que ponen en riesgo las redes, los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la seguridad de las personas en general.

Ana Gabriela Medina Ortiz, diputada de MC, mencionó que la delincuencia se va adaptando tecnológicamente a los retos que le representan los dispositivos de seguridad de sus víctimas. “Ya es conocida la posibilidad de rastrear los dispositivos electrónicos por medio de señales que se difunden mediante la interconexión de las telecomunicaciones y con ello poder ubicar delincuentes y artefactos robados”.

Precisó que las organizaciones delictivas han incorporado entre sus herramientas dispositivos de bloqueo o desvío de señal para anular esa línea de defensa de los usuarios de tecnología, convirtiéndolos en víctimas potenciales. “Hoy no hay control de su comercialización o uso y el único empleo legal que se les conoce desde 2012 es en los penales”.

La prohibición, dijo, se debe a que en los últimos meses su uso ha sido una constante por la delincuencia, en el empleo de dispositivos de manera local o focalizada, desvían o bloquean las señales de celulares o mecanismos de detección instalados en vehículos o en la indumentaria de las víctimas. De este modo evita que la o el agredido y su propiedad pueda ser rastreada o georreferenciada por las autoridades o las empresas de seguridad.

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