23-10-2019.- Al inaugurar el trabajo de audiencias públicas sobre la iniciativa de ley de amnistía, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), afirmó que justicia social es un rubro que se le debe a quienes no tuvieron un debido proceso, y hoy está en las manos de legisladores brindarles certeza jurídica.

Durante el segundo ejercicio de parlamento abierto en la ruta de analizar la citada ley, la diputada consideró fundamental retomar la opinión de expertos en el tema con el objetivo de enriquecer la propuesta de ley.

Expresó que uno de los temas relevantes para analizar es el de reinserción social; por ello, es importante enriquecer la propuesta con las observaciones vertidas a fin de tener una ley en consenso que beneficie a los ciudadanos.

“Hemos tomado nota de todas las intervenciones. Esta ley deberá ser enriquecida con todos los argumentos vertidos. Hay el compromiso de que estas observaciones estén presentes dentro del proceso de análisis y dictaminación”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), recordó que la iniciativa presidencial sobre amnistía propone extinguir la acción penal y sanciones impuestas a personas sentenciadas contra quienes se pudiera ejercitar la acción penal hasta la fecha de entrada en vigor de la ley por delitos de aborto, contra la salud por posesión y transporte de narcóticos en caso de que se trate de personas en estado de vulnerabilidad.

Asimismo, personas de comunidades indígenas que no hayan recibido el derecho de una defensa legal en su idioma, el delito de robo simple sin violencia, de sedición o actos penalizados que sean de índole política por la participación en movimientos o protestas sociales.

Se propone, agregó, que las personas que se beneficien con la amnistía cumplan la condición de no haber cometido delito de privación de la vida, secuestro o contra la integridad personal y que no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Plantea estipular que no podrán tener amnistía los procesados o sentenciados por delitos graves y establecer en el régimen transitorio, que la Secretaría de Gobernación promueva en las legislaturas locales crear leyes de amnistía por delitos semejantes a los establecidos, y facultar a la Fiscalía General de la República, como la instancia que aplicará la ley.

Este tema ha causado controversia en la opinión pública, por ello que es importante escuchar las voces de la sociedad civil para advertir cuáles son las principales preocupaciones y cómo este asunto pudiera tener una mejor ruta en su aplicación.

La presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, afirmó que es buena la intención de poner en libertad a personas vulnerables frente a la inequidad para enfrentar un proceso, como son los indígenas; sin embargo, su éxito dependerá de que su contenido sea claro y se instrumente adecuadamente para no crear impunidad.

La propuesta no debe instrumentar ningún proceso de libertad de cualquier tipo, si la víctima del delito, y en los casos donde existan víctimas, no participan, ya que, de otra manera, se crearía un gran descontento por la impunidad, lo que llevaría a que las personas busquen justicia por propia mano.

“Nos oponemos a que sean incluidos en esta iniciativa todos los casos que hayan sufrido violaciones a derechos humanos o al debido proceso, esto no existe en ninguna parte del país; es decir, a las personas que les violaron sus derechos tienen vías judiciales y procesos para gestionar su defensa, anular pruebas y hacerlo conducente. No se puede dar una amnistía generalizada”.

La directora del Programa de Justicia México Evalúa, María Novoa, subrayó que la iniciativa tiene problemas como el que crea un mecanismo incierto que no ofrece soluciones a largo plazo para despresurizar el sistema penitenciario y ofrecer salidas alternas.

Ignora la necesidad de contar con una defensa penal adecuada o el respeto a los derechos humanos de los imputados; olvida construir una política criminal que se coordine con el sistema de procuración de justicia y contribuye a la fragmentación de los sistemas de prevención del delito, la procuración de justicia en lo judicial, penitenciario y reinserción social.

Consideró que para que tenga éxito, la amnistía debe enmarcarse en procesos amplios. Es imprescindible priorizar la persecución delictiva con base en criterios y lineamientos claros. “Sugerimos construir sobre lo ya avanzado, abrir el diálogo y mantener presente que el objetivo debe ser reconstruir la confianza en las instituciones y en su funcionamiento justo en lugar de ofrecer soluciones acotadas. Si la ley de amnistía ayuda a visibilizar la problemática que se tiene en el sistema de justicia, bienvenida”.

Angélica de la Peña, ex senadora, observó que de ser aprobada la propuesta de ley tal y como está, será fundamentalmente enunciativa; invitó a las y los diputados a realizar una revisión puntual y un alcance con otras reformas legislativas que respalden políticas públicas de prevención social del delito.

“Es necesario atender el problema estructural, no sólo decir que quienes se enfrentan a detenciones fueron víctimas de una situación de vulnerabilidad o porque no tuvieron acceso adecuado a la justicia o están en situación de pobreza. Es importante lograr que las mujeres y hombres indígenas no sean discriminados en el acceso a la justicia”.

El especialista en Derecho Constitucional, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, consideró la iniciativa presidencial positiva; sin embargo, aseguró que la amnistía para quienes están procesados, sentenciados y perseguidos por ser acusados de formar parte de grupos rebeldes con motivaciones políticas e ideológicas debe ser amplia y sin restricciones, porque de lo contrario, sólo sería enunciativa, sin efectos reales y no beneficiaría a nadie.

Estefania Medina Rubalcava, presidenta de la organización TOJIL, estrategia contra la impunidad dedicada al combate a la corrupción, consideró no necesaria una ley de amnistía. Lo que se debe hacer, agregó, es revisar qué problemas se quieren resolver con este ordenamiento, contrastarlos con las normas que ya existen y si hay que ajustar algo, hacerlo en el ordenamiento creado para ese fin.

Miguel Ángel Antemate, especialista en Derechos Humanos, explicó que el 75 por ciento de más de 200 mil personas en situación de reclusión en el ámbito nacional ya tienen una sentencia ejecutoria, por lo que no pueden ser beneficiadas en la Ley de Amnistía, además que se requiere actualizar el censo nacional de personas que están en prisión para conocer cuántas de las que han cometido un delito federal están en reclusorios estatales.

Ricardo Zínser, abogado penalista, indicó que esta ley no sería procedente toda vez que las conductas que se pretenden incluir para “este olvido” no son las acordes para la figura jurídica, como es el caso del aborto, lo cual, consideró a título personal, debe ser despenalizado en todas las legislaciones locales.

Pablo Hernández Romo, también abogado penalista, dijo que esta ley va dirigida a mujeres víctimas de las circunstancias de pobreza, a jóvenes que carecen de falta de oportunidades y población indígena, pero no beneficia a todos los primo-delincuentes capturados por delitos contra la salud, porque deja fuera sustancias que se considera no constituyen un problema grave.

Karla Michel Salas, activista del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, dijo que sí se requiere una Ley de Amnistía, que marcará un antes y un después en la justicia en México, ya que pretende reconocer los errores del Estado que han generado mayor injusticia, como la criminalización de mujeres en los casos de aborto. “Es un primer avance, una señal política”.

Ana Dulce Aguilar García, líder de Procuración e Investigación Criminal de Provoces, pidió incluir a periodistas y defensores de los derechos humanos dentro de la población objetivo de esta ley, los cuales, alertó, han sido encarcelados bajo acusaciones de delitos que no contempla el proyecto como motín, rebelión, terrorismo o sabotaje, por lo que quedarán excluidos. “Ellos son esenciales para la consolidación de Estados democráticos”.

Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la oficina en México de Elementa DDHH, aseguró que durante los últimos 13 años la guerra contra el narcotráfico y el enfoque punitivo ha derivado en una crisis en materia de derechos humanos, por lo que la amnistía a personas privadas de la libertad por delitos contra la salud representa una vía para la restitución de sus derechos, particularmente en favor de quienes, por diferentes situaciones de vulnerabilidad, y violencia, se insertan en el cultivo, producción, tráfico y venta de sustancias psicoactivas para su sustento, así como usuarios.

Por último, Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México, puntualizó que las víctimas son los grandes ausentes en este proceso de discusión. Agregó que la propuesta no incluye la creación de una comisión de la verdad, el tema de la reinserción social, ni la desvinculación de grupos criminales. “Tenemos una propuesta de Ley de Amnistía que tiene en el olvido la justicia transicional”.

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