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Boletín N°. 2543 Aprueban reformas para salvaguardar a las mujeres que sufren violencia en el ámbito laboral

23-10-2019.- La Cámara de Diputados aprobó con 395 votos, adicionar una fracción al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de emprender medidas para proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres en el ámbito laboral.

 

Se precisa que corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres colaborar en la implementación de mecanismos que impidan prevenir la discriminación por razones de género, la violencia y el acoso u hostigamiento laboral y sexual, en términos de lo establecido en el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo.

 

En la fundamentación del dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena), señaló que la finalidad es promover la elaboración de un protocolo que atienda casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual.

 

“Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres es indispensable para su desarrollo y para el acceso a todos sus derechos, porque si es discriminada, hostigada o acosada sexualmente, abandona la escuela y el empleo; ya no podemos permitir esta violencia. No podemos ser cómplices silenciosos. Es momento de certificar el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres en todos los ámbitos”, añadió.

 

De acuerdo con el informe estadístico de los casos de hostigamiento sexual o acoso registrados en 2017 en los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual en 51 instituciones de la Administración Pública Federal. En el 91 por ciento de los casos registrados, las presuntas víctimas son mujeres que denuncian a hombres, el ocho por ciento son hombres y el uno por ciento no se especifica.

 

El mayor número de denuncias registradas fueron por mujeres de 35 a 39 años, con el 12 por ciento de los casos; en el 43 por ciento se especificó al superior jerárquico como presunto agresor; en el 30 por ciento de los casos la presunta víctima denunció el contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual.

 

Además, en el 10 por ciento de los casos la presunta víctima denunció expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. En el 10 por ciento, la afectada denunció insinuaciones e invitaciones y el 7.5 por ciento de los casos incluye expresiones directas de interés sexual por una persona.

 

En México, dijo, a pesar de que las mujeres tienen una participación laboral casi igual que los hombres, las condiciones de trabajo cambian en razón de su género. Por ello, “creemos necesario generar las leyes requeridas para lograr una igualdad de trato laboral entre mujeres y hombres”.

 

La promovente, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) señaló que las reformas tienen el propósito de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de facultar al Instituto Nacional de las Mujeres para que colabore en la implementación de mecanismos de prevención de la discriminación por razones de género, violencia, acoso u hostigamiento laboral y sexual.

 

“Vivimos momentos difíciles para todas nosotras. No podemos omitir ni ignorar las condiciones de inseguridad que asedian a una gran parte del territorio nacional. Ser asesinada, abusada sexualmente o violentada no puede ni debe ser una posibilidad al caminar por la calle. En estos momentos al menos una mujer está siendo discriminada, acosada u hostigada en su centro de trabajo o en cualquier otro espacio público, y eso vulnera el propósito de un país igualitario, fuerte y en paz”.

 

Consideró urgente y necesario respaldar mecanismos y reformar las leyes que se requieran, a fin de lograr igualdad laboral entre hombres y mujeres. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por el bienestar de nuestras mujeres para que puedan ejercer de manera digna sus derechos, libertades y nunca más sean vistas como un producto que se puede vender, canjear o intercambiar. Bajo ninguna circunstancia deben ser violentadas o discriminadas”.

 

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