24-10-2019.- La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que la Cámara de Diputados busca que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 fortalezca los criterios de legalidad, eficiencia, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género.

Durante el segundo día del “Parlamento Abierto rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020” donde se abordó la temática Gobierno, la legisladora afirmó que es esencial hacer una revisión al tema de gobernabilidad, porque hay aspectos prioritarios para el país, como la búsqueda de personas desaparecidas, el mecanismo de derechos humanos de periodistas y la migración.

Esta mesa nos permite conocer el sentir de los funcionarios, quienes realmente ven las necesidades de operación del gobierno, “sabemos que es un cambio de paradigma, que nos tenemos que ajustar a un tema de austeridad, pero que todo requiere en algún momento recurso para poder hacer realidad las cosas”.

Barrera Badillo enfatizó que los diputados tienen claro que la planeación presupuestal es una de las vías directas para alcanzar los objetivos y cumplir los compromisos de una administración. “A través de éste se determina si una política pública está bien implantada o no, porque es por medio de asignaciones económicas como se procura garantizar el derecho ciudadano y una buena administración”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), mencionó que esta es la segunda reunión en la que se analiza el tema presupuestal, la cual tiene como propósito recabar elementos para la discusión de la Ley de Ingresos, que tiene planteada debatir el 30 de octubre.

Destacó la importancia de conocer los nuevos retos y necesidades de diversas áreas de la Secretaría de Gobernación, como atención a migrantes, refugiados, cédula de identidad, derechos humanos y protección a víctimas.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), estimó que el Ejecutivo debió haber revisado las necesidades y prioridades de las áreas de sus dependencias, y el Paquete Económico tendría que traer estos requerimientos. Sostuvo que el Legislativo puede hacer los cambios necesarios de acuerdo con lo que “nosotros representamos que es a los ciudadanos”.

Comentó que faltan proyectos que solucionen necesidades básicas de los ciudadanos. “Espero que este parlamento abierto nos ayude a tomar decisiones inteligentes, “porque aquí no vamos con colores, no estamos en campaña”.

La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) apuntó que el parlamento abierto es una herramienta que permite escuchar, no sólo a la sociedad, sino también a parte del gobierno respecto a la operatividad del recurso y toda la información ayudará para que en el debate del presupuesto, realmente se redistribuya con justicia y lo mejor posible.

En tanto, el diputado José Luis Elorza Flores (Morena) resaltó la importancia de analizar bien el presupuesto, porque hay zonas como Chiapas que tienen un problema fuerte de migración. Además, la gente tiene miedo por algunos padecimientos que entraron por la frontera sur como el zika o el chikungunya, las cuales no se tenían en México. “No sabemos qué enfermedades o pandemias puedan venir si no tenemos un control de la migración”.

La directora general adjunta de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Paulina Vallejos Escalona, consideró prioritario crear un presupuesto transversal enfocado en el diseño institucional de la rendición de cuentas y la transparencia.

Incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la definición de una metodología para la integración de indicadores de resultados e instituir una instancia que sea la encargada de monitorear la planeación y la ejecución de los recursos orientados al combate de la corrupción, a través de la cooperación de la SESNA y la Secretaría de Hacienda y Crédito, quienes diseñarán la distribución del presupuesto transversal y los lineamientos para tal fin.

Luis Gabriel Rojas Castro, director general adjunto en la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dijo que para esta dependencia federal se prevé un recorte presupuestal del 40 por ciento, que en nada ayuda al combate de la cultura clientelar.

Es importante impulsar la participación social, tarea estratégica de esta administración para catapultar el desarrollo económico en el Sureste del país con proyectos productivos que beneficien a las comunidades indígenas. “Las consultas garantizan que estos planes favorezcan directamente a los pueblos originarios”.

Armando Robinson Álamo, director general adjunto en la Dirección del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación, expuso que esta área tiene preocupación por la asignación de recursos para el próximo año, toda vez que, a pesar de habérseles asignado 388 millones de pesos para el 2019, tan sólo se les dará para el 2020 un monto de 255 millones de pesos.

Con este monto, añadió, se ponen en peligro los servicios que se dan como la acreditación de identidad de todas las personas que residen en el país y de los que viven en el extranjero, así como la coordinación de los registros civiles, consulta e impresión de actas de nacimiento.

La investigadora del Programa de Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Natalia Pérez Cordero explicó que se requiere que en el presupuesto 2020 se reconsidere el monto destinado al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual asciende a 700 millones de pesos, pues se aumentó un 14 por ciento que no supera el descenso de los últimos años del 30 por ciento.

Subrayó que en el caso de la recién creada Fiscalía Especializada para Investigar el Delito de la Tortura, sólo se plantea un presupuesto de tan sólo 750 mil pesos para atender nueve mil 500 carpetas de investigación registradas hasta 2017. “Este presupuesto para dichas tareas es irrisorio y, por demás, insuficiente para atender debidamente estos flagelos.

Ernesto Peralta Medina, director ejecutivo de Borde Político AC, indicó que las policías municipales tienen la responsabilidad de resolver, básicamente, el 75 por ciento de la política criminal del Estado mexicano; sin embargo, reciben el 25 por ciento de los recursos en materia de seguridad pública.

Refirió que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, 20 por ciento de los recursos destinados para los municipios se tienen que invertir en materia de seguridad; es decir para el Fondo de Fortalecimiento Municipal; sin embargo, estimó que éste debe redirigirse y aumentar el recurso a un 50 por ciento y generar reglas de operación.

Guadalupe Cruz Ariza, coordinador administrativo de la Oficina del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, señaló que en el proyecto del presupuesto para 2020, el nivel central de la subsecretaría tiene una reducción global de 6.23 por ciento, en comparación con 2019, y en gran parte este déficit se registra en la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad.

Agregó que los rubros más sensibles y afectados se identifican en el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y de periodistas, porque en 2019 se asignaron 207 millones de pesos y se tendrá un padrón de beneficiarios de alrededor de mil 465, por lo que se registran un déficit de 150 millones de pesos. Para 2020 se propone el mismo presupuesto.

Gabriel Farfán Mares, director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, AC, resaltó que México es uno de los países que menos predial recauda y “esto contrasta con el desarrollo económico del país”. Recalcó que en materia predial se tiene al menos un déficit o una brecha recaudatoria de un punto porcentual del PIB, comparada con otros países como Argentina y Brasil.

Por ello, dijo, el predial tiene un gran potencial, identificado en alrededor de 35 mil millones de pesos. Estimó que se deben realizar cambios a los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto para tener presupuestos realistas.

Ángel David Fonseca Corral, director de la Región Sureste de la Unidad de Gobierno, de la Segob, detalló que hay necesidad de construir y reconsiderar el presupuesto para que al menos actividades sustanciales como identidad biométrica, derechos humanos y otras que tienen que ver con la gobernabilidad, sean consideradas en el proceso de discusión para modificar el presupuesto. Nos hacen faltan alrededor de dos mil 22 millones de pesos” para 2020.

“Compartimos la política de austeridad y podemos argumentar que había excesos en esta dependencia”; pero, también estamos convencidos que para cumplir con las funciones institucionales es importante no tocar la parte que es músculo, necesitamos una Secretaría Gobernación operativa, con recursos suficientes para atender las amplias demandas que se están generando en materia de derechos humanos y de migración para el futuro”.

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