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Boletín N°. 2567 Ciudadanos confían en la lucha contra la corrupción: Sandoval Ballesteros
  • Hoy tenemos más denuncias por el combate a ésta, informa

 

24-10-2019.- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, destacó que hoy hay más denuncias sobre actos deshonestos, porque existe confianza de los ciudadanos respecto de la lucha contra la corrupción.

 

En su comparecencia ante el Pleno, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno afirmó que la institución a su cargo pasó “de ser una dependencia moribunda”, a ser un ministerio público de la probidad.

 

El trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se refleja en más denuncias, no porque los mexicanos seamos más corruptos o haya más acciones de violaciones a la normativa, sino porque hoy hay más confianza”, apuntó.

 

Al referirse a temas de corrupción en el ámbito deportivo, la funcionaria precisó: “nos hemos allegado de información de periodistas de investigación que nos han dado, con confidencialidad, datos muy importantes”. Invitó “a todos los periodistas, no sólo a los más famosos”, a que se acerquen a la dependencia federal con toda la información necesaria para combatir la corrupción.

 

Detalló que “hemos realizado auditorías al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a partir de denuncias recibidas y hemos abierto nueve expedientes de investigación. También integramos una auditoría vinculada directamente a los hechos de las denuncias”.

 

Al iniciar la última ronda de preguntas, el diputado Rodrigo Calderón Salas (Morena) dijo que en esta administración una de las tareas sustantivas es acabar con la corrupción e impunidad, pidió a la secretaria detallar los resultados en esta materia y cuántos servidores públicos y empresas han sido sancionados.

 

Su compañero de bancada, el diputado Manuel Gómez Ventura solicitó se le informara qué acciones toma la administración pública federal para garantizar la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres; así como para prevenir el hostigamiento y acoso sexual.

 

El diputado del PAN, Xavier Azuara Zúñiga expresó que el PEF está lleno de recortes para el campo, la salud, la educación, la inversión pública, la seguridad, los municipios, parece que tenemos una política huachicolera, porque se extraen cada vez más recursos de sectores productivos del país; por lo que criticó la estrategia para ahorrar más de 500 mil millones de pesos, ya que ahora “resulta que no alcanza el dinero y se disminuye el presupuesto a áreas muy sensibles”.

 

Su correligionaria, diputada María Marcela Torres Peimbert preguntó a la funcionaria qué acciones se realizan para que el Programa de Testigos Sociales funcione como debiera, y cómo va la investigación sobre el patrimonio del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

La diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) reconoció que la función pública ha tenido avances, así como la publicación de un Código de Ética, cuyos principios deberán ser eje de una nueva mística del servicio a México. Sin embargo, “no sabemos por qué, a pesar de estos importantes esfuerzos que acompaña lo dispuesto en la nueva Ley de Austeridad Republicana, hay un alza importante en el número de denuncias por corrupción o irregularidades administrativas, un 38 por ciento más al año previo”.

 

De la misma bancada, la diputada Dulce María Sauri Riancho dijo que el sistema nacional anticorrupción, creado en 2015, ha sido el gran ausente de esta comparecencia, “no se le ha nombrado ni una sola vez”. Manifestó su interés por conocer los avances que ha tenido la actual administración para la designación de las magistradas y magistrados que integrarán la tercera sección de la sala superior en materia de responsabilidades administrativas, así como de las salas regionales especializadas.

 

Por el PT, el diputado Alfredo Porras Domínguez resaltó que a la Secretaría de la Función Pública le toca la parte más sensible de ser la coadyuvante para intentar acabar con la corrupción en México. Precisó que los legisladores le están dando las herramientas técnico-jurídicas legales “para que ustedes procedan”.

 

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) señaló que la actual administración ha optado por terminar diferentes proyectos y programas; en el de las Estancias Infantiles se argumentó que existía una gran corrupción y la subsecretaria de Bienestar dio a conocer que había 97 mil 180 niñas y niños inscritos en el padrón de dicho programa, que no fueron localizados durante el Censo del Bienestar. Preguntó cuántos funcionarios públicos han sido sancionados por la corrupción en el programa de Estancias Infantiles, por la construcción del extinto NAIM y por el robo de hidrocarburos.

 

El diputado Ernesto Vargas Contreras (PES) inquirió sobre qué se puede hacer desde la SFP para fiscalizar los recursos públicos que se entregan a las federaciones deportivas nacionales. También preguntó si con la sola presencia de un comisario de la Función Pública en las entidades, es suficiente para que no se cometan actos de corrupción.

 

Del mismo partido, la diputada María Rosete Sánchez pidió a la secretaria cumplir con todo lo planteado en materia de acabar con la corrupción. “Le pedimos, a nombre de millones de mexicanos, que no permita una sola falta, omisión o encubrimiento de parte de quien sea, aunque pertenezca al primer círculo de gobierno”.

 

Del PVEM, la diputada Lilia Villafuerte Zavala pidió saber si los servidores públicos podrán hacer una carrera en la administración pública sin preocuparse por los cambios de gobierno. “Es fundamental proyectar el servicio profesional de carrera, con el objetivo de formar una nueva generación de funcionarios con mecanismos innovadores y los mejores perfiles”.

 

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) indicó que la SFP está obligada a investigar la legalidad de los procesos de compras del gobierno por medio de licitaciones públicas; sin embargo, organizaciones civiles han evidenciado que casi 80 por ciento de los contratos concedidos por el actual gobierno han sido por adjudicación directa; preguntó qué avances se tienen sobre esos temas y qué acciones se hacen para evitarlo.

 

Al dar respuesta, la secretaria explicó respecto de las Estancias Infantiles, que se encuentra en proceso la investigación de los niños y niñas inscritos en este programa y que no fueron localizados durante el Censo del Bienestar, y está en espera de la información que solicitó mediante un oficio a la Secretaría de Bienestar.

 

La Secretaría de la Función Pública aclaró que no tuvo intervención de forma directa en la normativa que se emitió respecto al tema de las guarderías. “Hoy tenemos 65 amparos contra la Función Pública, precisamente por la cancelación de las estancias infantiles”.

 

Enfatizó que en la SFP, “no hemos abdicado de la investigación en términos del huachicol, porque nuestra Unidad de Responsabilidad en Pemex ha investigado sin descanso la participación de los servidores públicos en la comisión de este robo de hidrocarburos, ya tenemos sancionados”.

 

Se tienen vistas y denuncias penales por este tema, “que evidentemente no vamos a poder dar a conocer porque están en curso, pero en agosto de 2019 ya sancionamos a diversos servidores públicos con, incluso, destitución e inhabilitación por un periodo de 10 años en la administración pública por este tema del robo de hidrocarburos”.

 

La funcionaria comentó que la corrupción como abuso de autoridad, de poder, tráfico de influencias, cohecho y conflictos de interés, “tienen más bien que ver con, si acaso, una cultura política, pero no con la cultura. No es que cuando nos conformamos como nación o como cultura surja la corrupción”. Sostuvo que desde la Función Pública se está sembrando la semilla en términos de no abdicar de ninguno de los tres ejes centrales: prevención, acción y sanción.

 

Subrayó que la justicia que “más nos duele como ciudadanos es el tema de la justicia penal, pero como funcionarios públicos, la justicia administrativa tampoco puede seguir siendo utilizada como un arma de revanchas políticas”.

 

En esta dependencia se fomentan políticas de transparencia total para que cada peso público sea monitoreado, a través de licitaciones claras y compras abiertas. “Por las compras consolidadas se han ahorrado más de 150 mil millones de pesos. Además, se han emitido 300 resoluciones, de las cuales 187 han sido sancionadoras para licitantes y contratistas”.

 

También se han impuesto multas por mil 437 millones de pesos; es decir, se han elevado los recursos resarcidos por los daños ocasionados al erario público en 25 por ciento en comparación con el periodo inmediato anterior.

 

La secretaria Sandoval Ballesteros destacó que se ha acentuado en el servicio civil de carrera con perspectiva de género, puesto que en la actualidad en la administración pública hay una proporción de 46 por ciento varones, frente a un 54 por ciento de mujeres; sin embargo, si profundizamos en la profesionalización ya no es tan equitativa, porque tenemos más del 60 por ciento para los varones.

 

Antes, generalmente los cargos públicos se veían como un botín, porque llegaba el nuevo Presidente de la República, un secretario de Estado y daba puestos a diestra y siniestra como piñata. “Nosotros queremos que el ingreso a este sistema no sea solamente una puerta de entrada, sino también un mecanismo de mejora y evaluación constante y hacer de la discriminación una rémora del pasado”.

 

Mi convicción, aseguró, es no tener funcionarios públicos corruptos propiamente, y sí capacitados y pendientes para el cumplimiento de objetivos.

 

Sobre los comisarios, dijo que “no pueden estar en esa silla de comodidad y nada más palomear los asuntos que les llegan por vía del papel o por vía de una reunión simulada. Hay que exigirles más, y les pido que se me haga llegar la información de comisarios que no están cumpliendo para que sean inmediatamente removidos y sustituidos”.

 

Al respecto del deporte, aseguró que tendría que haber una política totalmente diferente; el trabajo heroico de los atletas mexicanos se tiene que ver reflejado en apoyo irrestricto y de políticas masivas, no como premios o temas clientelares, corporativistas, de tráfico de influencias y abusos de autoridad.

 

Por otro lado, explicó que efectivamente se están realizando ahorros con las medidas de austeridad, se priorizan los gastos sustantivos y no los operativos y se reorienta a los programas sociales, de lo cual “los integrantes de esta administración estamos muy orgullosos, porque ahora hay estructuras orgánicas eficientes, estamos haciendo más con menos”.

 

La dependencia a mi cargo ha duplicado su productividad, “recibimos una instancia que protegía a los aliados y dejaba pasar todo tipo de tropelías contra el Estado, pero ahora se fortaleció con estructuras útiles para los servidores públicos, no nos contentamos con hacer auditorías de mentiritas”, concluyó.

 

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