29-10-2019.- La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que preside el diputado Ricardo Villarreal García (PAN), se reunió con funcionarios de la administración pública federal, con motivo del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en materia del gasto federalizado.

El legislador estimó que este ejercicio democrático, permite a todos conocer a fondo los planteamientos que se hacen para el presupuesto 2020 y cómo se han ejercido los recursos durante este año.

La diputada Hildelisa González Morales (PT) pidió que los proyectos que permitan un desarrollo sustentable sean los que tengan una mayor atención, ya que en algunas zonas mineras hay una contaminación de los mantos freáticos con cianuro y ácido sulfúrico, que perjudica la salud de los ciudadanos. Respecto a la SEP, cuestionó si hay una previsión para el uso y manejo de los recursos que se van a destinar a apoyar la infraestructura en las escuelas.

De MC, el diputado Alan Jesús Falomir Saenz refirió que existen municipios que sufren por los desechos de las minas y que provocan daños a la salud, por lo que preguntó cuál sería el criterio para entregar esos recursos.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) se pronunció por fortalecer a los municipios; “estaremos demandado el recurso necesario para no solamente tener algo asegurado, sino su crecimiento”.

En tanto, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) comentó su inquietud por conocer a qué se debe la reducción presupuestal del 50 por ciento al Programa de Mejoramiento Urbano 2020, “al subejercicio o a que no es tan prioritario”.

El diputado Jesús Guzmán Avilés (PAN) cuestionó cómo el Programa Sembrando Vida ayuda a los municipios del país, a los cuales se les está haciendo recortes importantes para el desarrollo de infraestructura y cómo ayuda a la productividad y desarrollo del campo mexicano, si no lleva un seguimiento. También inquirió respecto a que los municipios cobren mejores prediales, pero no se mejoran las colonias, parques y áreas deportivas; y la manera de llevar a cabo el análisis para la rehabilitación de escuelas.

Por Morena, el diputado Irineo Molina Espinoza pidió conocer los avances respecto al Programa de Mejoramiento Urbano y las complicaciones que tuvieron los municipios para acceder a éste. Expresó su preocupación porque exista duplicidad de fondos relativos a educación básica y cuestionó cómo se puede garantizar que no haya duplicidad de recursos hacia un mismo fin.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) resaltó que hay países interesados en venir a México a practicar la minería porque no se cumplen las normas de seguridad. “Hay demasiada gente que está enferma del estómago y del intestino por ese consumo de cianuro que en la región se está dando”. Planteó hacer una comisión y citar a las industrias para cerciorar que cumplan los estándares internacionales.

Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) manifestó su interés por conocer a qué pueblos indígenas se ha aplicado el recurso del Programa de Mejoramiento Urbano. Expresó su preocupación por la corrupción que se da en las diferentes instituciones educativas y preguntó por los fondos de infraestructura educativa, y por el recurso minero.

Armando González Escoto, diputado de Encuentro Social, inquirió si los recursos del presupuesto 2020 garantizan la atención y cobertura educativa de los tres niveles que operan el sistema educativo y, por otro lado, si los Conalep tienen los recursos suficientes para la calidad tecnológica que imparte y para lo que fueron creados. Asimismo, cuál es el saldo del fondo minero.

Diana Quiroz, directora de enlace institucional adscrita a la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), señaló que el Programa de Mejoramiento Urbano en 2019 contó con un presupuesto de 8 mil millones de pesos y para 2020 tiene una reducción de la mitad, es decir, sólo 4 mil millones de pesos. Este año, se apoyó a 14 ciudades, 10 fronterizas y cuatro turísticas, y las vertientes son mejoramiento urbano, vivienda en ámbito urbano y certeza jurídica que tiene que ver con la regularización de la propiedad.

Consideró importante fortalecer las capacidades municipales en materia de recaudación. Refirió que Sedatu hizo un análisis al respecto, porque el impuesto predial es la pieza principal para financiar el gasto a nivel local y México es de los países de la región de América Latina y el Caribe que menos recauda por esta vía. De acuerdo con la Cepal y la OCDE de 2019, nuestra nación solo recauda el 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto vía el impuesto predial, cuando países como Argentina y Uruguay recolectan 2.9 por ciento y 2.1, respectivamente.

La poca recaudación predial en México se explica en parte por la falta de modernización de los catastros y los registros públicos de la propiedad. Estimó que, sin incrementar los impuestos, ni crear nuevos, un aumento en el presupuesto de la Sedatu para el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros de 150 millones de pesos por año, permitiría incrementar la recaudación predial en 0.5 por ciento del PIB. Actualmente, este programa para el presupuesto 2020 cuenta con poco más de 90 millones de pesos.

Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, señaló que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo tiene un recurso de 381 mil 742 millones de pesos y se solicita un techo presupuestal para 2020 de 393 mil 539 millones.

Precisó que al Fondo de Aportación Múltiple (FAM) el año pasado se autorizaron 14 mil 455 millones y se proponen que para 2020 se otorguen 14 mil 897 millones; en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se aprobaron 7 mil 90 millones y hasta este momento se tienen ejercidos 6 mil 809 millones; y para 2020, un techo presupuestal de 7 mil 432 millones.

Para el Conalep, indicó, se plantean 4 mil 767, comparado con 4 mil 541 millones que se tenían contemplados para el 2019. Mientras que para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se solicitan 2 mil 665 millones de pesos ante las tasas de analfabetismo, 31 millones de mexicanos no saben leer, escribir, que no terminaron la primaria y secundaria.

María del Socorro Gómez Leija, directora general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, indicó que el patrimonio del fideicomiso se integra por los recursos transferidos el 4 de junio de 2019 del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable Estados y Municipios Mineros y los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, recaudados durante 2019. El saldo actual de recursos del fideicomiso, específicamente al 31 de agosto, ascienden a 3 mil 257 millones de pesos.

Precisó que ya se empezó a operar este fideicomiso y aplicar los recursos, y primero se aprobaron las reglas de operación. El comité técnico acordó proceder con 360 millones de pesos de ministraciones pendientes de 41 beneficiarios en dos entidades federativas para 176 proyectos de inversión física, aprobados por los entonces comités regionales presididos por la Sedatu.

Los derechos recaudados durante 2019, depositados en el nuevo fideicomiso, no han sido ejercidos debido a la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua, así como diversos presidentes municipales de Chihuahua, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí, el 15 de febrero 2015. Una vez que se resuelva, se emitirán los lineamientos para la aplicación de los recursos recaudados durante 2019, en consonancia con la resolución de la Suprema Corte respecto de esta controversia.

Antonio Suárez Mejía, director de Regulación Minera, sostuvo que en el proyecto del paquete fiscal para 2020 la descripción de la operación del fondo tiene algunos cambios, lo cuales se plantea modificar para que éste opere de forma eficaz y adecuada.

Detalló que como está ahorita la redacción, no se tiene un criterio geográfico para todo el país, ya no es nada más para las zonas donde se realiza actividad minera; no hay una referencia a un fondo como tal, no se pide que se constituya un vehículo financiero, una bolsa especial donde se depositen los recursos.

Además, dijo, no se conservan los objetos de gasto que se habían añadido como la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares y espacios públicos urbanos; obras de pavimentación y mantenimientos de calles y caminos locales e instalación de alumbrado público; obras de infraestructura para la protección ambiental y preservación de áreas naturales, así como obras de movilidad urbana. Tampoco menciona la necesidad de emitir lineamientos ni reglas de operación para el ejercicio de esos recursos.

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