• Se reúne comisión con dependencia del rubro de justicia para conocer sus requerimientos presupuestales

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, dijo que en materia presupuestal las prioridades para el Estado son consolidar el nuevo sistema de justicia penal y su adaptación a las exigencias derivadas del funcionamiento de la Guardia Nacional y las reformas en materia de delincuencia organizada.

También, aumentar las capacidades de la defensoría pública, de cara a las reformas laboral, migratoria, y de extinción de dominio; como garantizar la seguridad de jueces y magistrados, y de los servicios de impartición de justicia; y abonar a la gobernabilidad mediante el fortalecimiento y modernización del Poder Judicial de la Federación.

Es impostergable, agregó, robustecer las políticas de búsqueda de personas desaparecidas a lo largo del territorio nacional, la implementación de programas para la no discriminación, y para la protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

En reunión de trabajo con dependencias del rubro de justicia “Hacia el PEF 2020”, señaló que entre los objetivos del siguiente año destacan la depuración de los estándares de medición y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para lograr su óptimo rendimiento y exista una redistribución de trabajo.

Para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se debe tener presente la necesidad de impulsar la coordinación entre los Poderes de la Unión para fortalecer el sistema de justicia, en estricto apego al respeto de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, afirmó

Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionó que ésta debe estar a la vanguardia de la impartición de justicia, mediante un uso intenso de tecnologías, la transparencia, rendición de cuentas y cercanía con la sociedad.

Abundó que debe trabajarse en la instalación de tribunales laborales que refuercen y den garantía a la reforma en la materia, así como la implementación de centros federales de conciliación y registro laboral.

A eso, se suma la tarea de promover la reinserción social efectiva, tomando en cuenta todos los sistemas penitenciarios, con respeto a los derechos humanos, y procurar mejoras constantes al modelo de atención a víctimas, agilizando los procesos de entrega de recursos.

Pidió dirigir recursos para el fortalecimiento de la capacidad técnica y de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), profesionalizar los perfiles e incentivar la permanencia, mitigando los riesgos de corrupción, cumpliendo su misión de investigar y perseguir los delitos, además de la reparación del daño a las víctimas.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) comentó que para el próximo año viene una gran cantidad de tareas que las dependencias del rubro deben implementar, desde la reforma laboral, el fortalecimiento de la fiscalía y el tema de la Ley de Amnistía entre otras; sin embargo, se percibe un compromiso por el ahorro.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena) consideró que hay una enorme deficiencia en la actuación de policías para el proceso penal; preguntó si existe algún programa para la mejora de los elementos dentro del Sistema Penal Acusatorio. En el tema de policías municipales y estatales, agregó, hay una reducción presupuestal de mil 500 millones de pesos.

Su correligionaria, la diputada Claudia Pérez Rodríguez remarcó que se debe otorgar un aumento de recursos a la FGR que realiza un trabajo fundamental. “Necesitan impulsar a sus defensores de oficios porque hay personas que llevan muchos años detenidas y se deben estudiar sus casos, sin importar su condición social”.

Del PAN, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas advirtió que hay cero recursos en el PEF 2020 para los programas de Igualdad entre Hombres y Mujeres que tenía 14.4 millones de pesos; el del Sistema Federal Penitenciario, con 16 mil 641 millones de pesos; el de Provisiones de Infraestructura para Seguridad, con 250 millones de pesos, y el de Actividades de Apoyo Administrativo, que tenía 462 millones de pesos.

La diputada de Morena, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García puntualizó que el tema de justicia es uno de los más sensibles y que más requiere la sociedad, por lo que fortalecer todas las instituciones del sector es fundamental.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) expresó su preocupación por los impactos que puede tener la disminución de recursos a distintos rubros del sector, sobre todo ante los retos en el sistema de justicia, de la defensoría pública y en materia de lo laboral.

Diego Gutiérrez Morales, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer que el monto global del presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2020 asciende a 68 mil 632. 5 millones de pesos, que significa un incremento real de 4.8 por ciento respecto al ejercicio actual. Con este monto se prevé dar vigencia a los ordenamientos constitucionales y el conjunto de leyes que imparten justicia y plena vigencia al Estado de derecho y de los derechos humanos.

El secretario de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Arturo Camacho Contreras, mencionó que el presupuesto que se otorgará a este órgano es el mismo que se dio en 2016, con el cual se buscará dar vida a la reforma Constitucional en materia de igualdad de género.

Pidió a los diputados considerar que los recursos también son utilizados para la judicialización de la vida interna de los partidos políticos, afiliación, desafiliación, renuncias, expulsiones, nombramientos, acceso y desempeño de los funcionarios públicos y el monto que se destina impacta no en el 2020, sino en el 2021.

Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, expuso que la necesidad de justicia es enorme, por lo que con el presupuesto que se destinará para esta dependencia se plantea disminuir los niveles de impunidad e incidencia delictiva.

Añadió que entre los retos está cambiar el modelo de los Centros Penitenciarios, para que cuando alguien ingrese ahí no lo vea como un castigo, sino un proceso de readaptación social; atender el gran rezago de investigaciones que hay en el ámbito estatal, el cual asciende a cerca de 8 millones de casos; detectar la corrupción de jueces y policías y mecanismos que den servicios integrales de atención a las mujeres y luego judicialicen los casos de vulneración de sus derechos.

Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, coordinador de Planeación y Administración, de la Fiscalía General de la República, dijo que para el siguiente año enfrentará los retos presupuestales para dotar a las nuevas unidades de la Ley Orgánica de esta dependencia, especializada en delitos electorales, corrupción la coordinación de planeación y administración.

Se tienen que fortalecer las ramas sustantivas como los agentes del Ministerio Público de la Federación, la policía Federal ministerial, compactar al personal de las áreas administrativas, liquidación al personal adscrito a la Procuraduría General de la República y la infraestructura, por lo que se contempla el monto de dos mil 851 millones de pesos adicionales para la Fiscalía General de la República, a fin de atender lo antes mencionado.

El director general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Arturo Ibarra Kurka, consideró necesario que el recurso destinado a esta dependencia sea elevado, pues el clamor de diversas asociaciones civiles es que haya un mayor número de defensores para las víctimas. En la actualidad esta instancia posee 142 abogados, quienes atienden cerca de 115 a 120 casos cada uno.

En su turno, José Arturo Ibarra Kurka, director general de vinculación interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señaló que el presupuesto de la comisión está compuesto por: presupuesto operativo, 481.3 millones de pesos, con un fondo de 505 millones; para 2019 se redujo a 408.1 millones de pesos y el ajuste al fondo es de 434.4 millones. “Esto representa desgaste fuerte ante la atención jurídica y una desventaja para las víctimas”.

Guadalupe Maldonado Vera, oficial mayor de la Comisión Nacional de los derechos humanos, expresó que es posible afirmar que la CNDH no contará con un aumento, sino simplemente con el ajuste inflacionario que permita mantener el mismo nivel para el ejercicio de gasto como en el 2019. “El presupuesto representa, en términos reales, un incremento del 1.7 por ciento, con respecto al 2019”.

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