• Más allá de diferencias políticas o partidistas, debe vigilarse el buen uso de recursos públicos: Rodríguez Carrillo

31- 10- 2019.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, realizó la segunda entrega de los Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC).

Se incluyen 668 informes individuales, correspondientes a 431 auditorías de cumplimiento financiero, 66 de desempeño y 171 que involucran ambos enfoques; representan poco más de la mitad de autorías que practicará este año la ASF, porque el resto se presentará en febrero del 2020, considerando en la próxima entrega las revisiones de mayor complejidad.

Éstos, sumados a los 268 informes presentados en la entrega previa, representan el 52 por ciento del total de mil 811 auditorías programadas sobre dicha cuenta pública.

El auditor destacó el relevante valor e impacto que tiene la fiscalización en la vida ciudadana, como parte central del combate a la pobreza, corrupción e impunidad.

Sobre la preocupación de la administración pública federal por el rezago que presentaban en cerca 14 mil acciones pendientes al inicio de su gestión, aseguró que la ASF se ha concentrado en revertir esta situación, logrando reducirlas a 8 mil 278 acciones, entre las cuales están mil 597 en proceso de enviarse al área jurídica para iniciar el procedimiento resarcitorio, y quedarían 6 mil 681 acciones pendientes.

Estos datos significan que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, en un año de actividades, de octubre de 2018 al presente año, ha atendido una parte importante del rezago recibido originalmente.

De las 668 revisiones, 116 fueron practicadas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, 66 por la de Desempeño, y 486 corresponden a la del Gasto Federalizado.

Colmenares Páramo planteó la necesidad de reformar el marco jurídico para revisar en tiempo real el ejercicio del gasto público. “No podemos dejar de actuar y apoyar ante el clamor de los mexicanos por una depuración de la política y la administración pública, para abatir la corrupción y la impunidad, que han socavado la confianza social en las instituciones”.

Se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que ayuden a agilizar procesos e incrementar la presencia de la Auditoría con alcance federal y local, porque las fiscalizaciones están supeditadas a la existencia de una denuncia que cumpla con diversos requisitos legales.

Los procesos de aclaración pueden tomar de seis a ocho meses, así que los resultados en términos de la integración de expedientes de denuncias penales pueden tardar hasta dos años para iniciar; no obstante, aseguró que la presentación de este tipo acusaciones penales es permanente.

“La ASF debe contar con atribuciones para realizar auditorías verdaderamente en tiempo real, para incrementar la eficiencia y efectividad sobre la promoción de las acciones legales, acortar los tiempos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal”, sostuvo.

Sobre las principales estadísticas relativas a los 668 informes individuales de auditoría se emitieron un total de 4 mil 001 acciones, que dieron lugar a: 988 pliegos de observaciones; mil 957 recomendaciones, 42 solicitudes de aclaración; 81 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 933 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias.

Colmenares Páramo subrayó que las denuncias penales de la Cuenta Pública 2018 serán presentadas, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el momento en que se tengan todos los elementos para tal efecto.

Con la presentación de los informes individuales de auditoría comienza el proceso de notificación de acciones y por ende de aclaración de observaciones emitidas para posteriormente, en su caso, integrar los expedientes, elaborar los dictámenes técnicos y cuando proceda formular las denuncias.

En cuanto a la fiscalización del desempeño de la Comisión Federal de Electricidad y de sus nueve empresas subsidiarias, se identificó un deterioro en sus indicadores operativos y financieros causados a las ineficiencias, baja rentabilidad y destrucción de valor económico, lo cual no han permitido reducir los costos del servicio.

Respecto del Seguro Popular, dijo que se efectuaron 33 auditorías: 32 corresponden a las entidades federativas y una a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Se revisaron un total de 928.7 millones de pesos (mdp), y las entidades federativas que registraron mayor monto de recursos observados fueron Chiapas (218.2 mdp), Tabasco (185.7 mdp) y Chihuahua (127.5 mdp).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), resaltó la importancia de las actividades de los organismos fiscalizadores del gasto público para atacar frontalmente y con mayor certeza la corrupción e impunidad para garantizar que las acciones de gobierno se lleven a cabo en la legalidad, y los diputados coadyuven a analizar y revisar el desempeño de los ejecutores del presupuesto que prevengan irregularidades.

Estas acciones “van más allá de las diferencias políticas o partidistas. Debemos vigilar el buen uso de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno y exigir la rendición de cuentas”, afirmó.

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, prevé un total de mil 811 revisiones a 171 entes públicos de 29 sectores de la administración pública, órganos autónomos, instituciones de educación superior y empresas productivas del Estado, así como a las 32 entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

La rendición de cuentas de los ingresos y egresos federales, estatales y municipales es fundamental para abonar a mejorar la gestión gubernamental, la discusión de los asuntos públicos y promover leyes que apuntalen el progreso integral de la sociedad. Ello resultará del análisis de la Comisión de Vigilancia en coordinación con la Unidad de Evaluación y Control para impulsar la transparencia y una aplicación eficaz y eficiente del gasto público que se traduzca en mayor confianza ciudadana.

Destacó que la revisión de la cuenta pública tiene el propósito de evaluar los resultados del manejo financiero y verificar su cumplimiento en el presupuesto y programas en beneficio de la población.

A nombre de Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala, secretario de la instancia legislativa, planteó la conveniencia de ajustar el marco legal para apoyar las actividades de la ASF e impedir nuevos actos de corrupción. Reconoció su labor y se comprometió a profundizar en las tareas jurídicas para alentar la transparencia y rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos.

Por el PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez destacó que la fiscalización es un pilar fundamental para combatir la corrupción. Por ello, la importancia de conocer los informes individuales de la cuenta pública 2018 para conocer las irregularidades y dar soluciones. Este análisis permitirá hacer más eficiente el gasto con una perspectiva de austeridad para ejercerlo con honradez y responsabilidad, se identifiquen riesgos y vicios. Quienes sean responsables de corrupción sean castigados conforme a derecho, planteó.

A nombre de Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz propuso “fortalecer los dientes de ASF”. Para que México tenga progreso deben eliminarse corrupción, conflicto de intereses y la impunidad en la administración pública; los estados y municipios siguen siendo opacos y ejercen los recursos con discrecionalidad y sin cuidar lo qué tanto cuesta a los ciudadanos obtener al pagar los impuestos. Demandó más acciones preventivas, “no queremos que funcionarios se vayan sin rendir cuentas”, y se termine el abuso de poder, ineficiencia y las mentiras”.

La diputada del PRI, Marcela Guillermina Velasco González dijo que se valora el rediseño de la estructura operativa dedicada a la fiscalización de obras públicas e infraestructura, con el objetivo de mejorar la revisión de los procesos y toma de decisiones para prevenir prácticas irregulares no transparentes que afecten el ejercicio del gasto. “El PRI continuará coadyuvando con la ASF y la Comisión de Vigilancia a hacer eficiente y transparente el uso de los recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y se traduzcan en beneficios concretos a la población”.

Del PAN, la diputada Gloria Romero León dijo que analizará y revisará los documentos de la segunda entrega del paquete de informes individuales del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, con la certeza de que más allá de posturas políticas, se trabajará para evitar que prácticas que han generado indignación social y evidenciado redes de corrupción queden sin ser sancionadas y que nuestro trabajo tenga credibilidad y confianza de los ciudadanos.

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) señaló que esta legislatura no aprueba las cuentas públicas de los ejercicios 2015 y 2017, porque son “sujetas de desconfianza por la corrupción, impunidad y tráfico de influencias que se observó en la administración pasada y no podemos ni debemos legitimar dichas prácticas”. Pidió que las auditorías de desempeño sean un verdadero mecanismo preventivo y palanca de corrección. En el marco de la política de apertura y rendición de cuentas, esperamos un relanzamiento del ente auditor para que asuma una posición más relevante en el cumplimiento de las metas del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.

De la misma bancada, la diputada Inés Parra Juárez preguntó cuántas auditorías irregulares se detectaron, cuántos funcionarios descubrieron en actos de corrupción y cuántas denuncias se presentaron ante la Fiscalía, para castigar a corruptos identificados en el proceso de auditoría 2018. Se pronunció por impulsar una acción correctiva eficaz y castigo a funcionarios corruptos que no son llevados a tribunales ni castigados, por omisión del fiscalizador, dilación en el proceso o contubernio, “que estén en la cárcel y no sigan tejiendo redes de corrupción”.

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