10-09-2019.- En la sesión, diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES y PRD presentaron 15 iniciativas, en temas de refugiados, recaudación municipal, salario de mujeres y hombres, Registro Federal de Agresores Sexuales, derechos humanos, hábitos de lectores, fertilizantes químicos, desarrollo social, alerta de género, alimentación, paridad de género, reducir uso de plásticos desechables y etiquetado de productos.

Solicitudes de reconocimiento para los refugiados

La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena) presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para reducir de 45 a 20 días el plazo para obtener el reconocimiento de refugiado y, establecer que cuando las autoridades del país consideren que el ingreso masivo de migrantes corresponde a una emergencia humanitaria se dará respuesta en 10 días.

Indicó que ésta no es una propuesta basada en la coyuntura de las caravanas de migrantes centroamericanos que intentan cruzar el país, sino se trata de una reforma que pretende ajustarse a las necesidades de un fenómeno del que se tiene que ser responsable en el futuro, tomando en cuenta que se estima que al cierre de 2019 podrían ser más 36 mil solicitudes de refugio.

El objetivo de la propuesta enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores es convertir al gobierno en un facilitador del tránsito de migrantes, al reducir los tiempos para obtener la legalidad de su estancia e implantar programas de empleo temporal para refugiados.

Fortalecer mecanismos de recaudación municipal

Carlos Carreón Mejía, diputado del PAN, planteó reformar el artículo 115 de la Constitución Política, con la finalidad de fortalecer los mecanismos que permitan un incremento en la recaudación municipal, en el entendido de que el ayuntamiento es donde la ciudadanía expresa sus necesidades y la autoridad es la primera en recibir las demandas de la población.

La finalidad es eliminar la exención que gozan los tres órdenes de gobierno del pago de contribuciones inmobiliarias, para respetar la autonomía municipal y permitir que los mismos tengan más recursos para cumplir con la prestación de los servicios a su cargo.

Mencionó que el municipio al captar más contribuciones podrá otorgar los satisfactores necesarios a la población, incrementar los recursos destinados al combate a la delincuencia, educación, salud, infraestructura, entre otras. Al reformarse el texto, deberá mantenerse la exención solamente a las escuelas y hospitales públicos. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Salario igual entre mujeres y hombres, sin excepción

Del PRI, la diputada Irma María Terán Villalobos propuso reformar el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, para precisar que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual entre mujeres y hombres, sin excepción.

Resaltó que para gozar de los derechos como mujeres “debemos eliminar de una vez por todas la brecha salarial entre mujeres y hombres. Esta asimetría en la percepción por trabajo igual entre mujeres y hombres, en condiciones iguales, no se funda en una explicación razonable, sino en el prejuicio de los roles y en una discriminación por condición de género”.

ONU Mujeres, dijo, ha calificado la brecha salarial del 23 por ciento entre mujeres y hombres como un robo. En México esta disparidad tampoco está ausente, aunque entre los trabajadores de la escala más baja la diferencia alcanza el 5 por ciento, mientras que en los puestos directivos y profesionales la simetría se eleva hasta el 15 por ciento, según datos del Inegi. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

Expedir la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) presentó iniciativa que expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales, para contar con datos de las personas que han sido condenadas por cualquier delito de naturaleza sexual y que estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se incorporan los principios de legalidad, racionalidad, no discriminación, democracia, corresponsabilidad, solidaridad y buena fe y, estipula que el Registro deberá contener nombre y fecha de nacimiento, sobrenombres o alias, señas particulares, datos de residencia, números telefónicos, direcciones de internet, datos de su fuente de trabajo y de documentos oficiales, información escolar, registros de su ADN, copia digitalizada de la sentencia condenatoria, descripción del delito por el cual fue sentenciado, fotografía actual y datos de identificación del o los vehículos automotores que tenga.

Bernal Martínez mencionó que de 2016 a 2017, el índice de los delitos contra libertad y seguridad sexual aumentaron en más de 5 por ciento, y de 2017 a 2018 hubo un aumento de poco más del 12 por ciento, con lo que se demuestra que la simple pena y sanción de los delitos no ha sido suficiente para prevenir la comisión de estos delitos. Fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Se considerará abuso de autoridad, cuando los servidores públicos impidan el goce y disfrute de los derechos humanos

Se turnó a la Comisión de Justicia iniciativa de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), la cual reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a fin de considerar como abuso de autoridad cuando los servidores públicos cometan actos u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan el goce y disfrute de los derechos humanos.

Asimismo, cuando se retarde o niegue la protección o servicio por razones de origen, pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, estado civil, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas, opiniones religiosas o de cualquier otra índole.

De igual manera, si se realizan actos u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan el acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las diferentes modalidades de violencia contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Fortalecer y promover hábitos lectores

El diputado Ernesto Vargas Contreras (PES) presentó ante el Pleno iniciativa que plantea reformar los artículos 6 y 7 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con el propósito de fortalecer y promover los hábitos lectores.

Con la reforma se busca establecer que la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, vigilen que el contenido del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura considere la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, y resalte el interés general de esta actividad en la vida cotidiana.

La propuesta enviada a la Comisión de Educación para su análisis, define que las autoridades responsables del programa de fomento emplearán los tiempos oficiales y públicos que corresponden al Estado en los medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura.

Evitar uso de fertilizantes químicos en las tierras de producción agrícola

Se envió a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para su dictamen, iniciativa del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), la cual plantea modificar los artículos 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 7-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal para evitar la utilización de fertilizantes químicos en las tierras de producción agrícola.

El diputado proponente subrayó que la utilización de estos productos químicos genera daños a las aguas subterráneas y de los suelos en que se aplica dicha técnica; además, señaló, se ha identificado la correlación del uso de los fertilizantes con la aparición, más frecuente del cáncer gástrico, el bocio, las malformaciones genéticas, la hipertensión arterial y el cáncer de testículo, entre otros.

Añadió que con estas reformas se garantizará la adopción de medidas que inhiban la utilización de fertilizantes químicos, así como promover y orientar la investigación en la materia.

Ejecutivo federal deberá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) dio a conocer iniciativa que pretende modificar los artículos 21, 76 y 133 de la Constitución Política con el propósito de que el Ejecutivo federal reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Además, estipula que será facultad del Senado de la República aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo federal suscriba y que estos serán ley suprema de toda la Unión.

La legisladora sostuvo que es el momento oportuno de dirigir los esfuerzos hacia un proyecto de nación en el que la defensa de los derechos humanos sea considerada desde el primer momento y de forma permanente como una de las premisas fundamentales. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reglas de operación de los programas de desarrollo social

Francisco Javier Luévano Núñez, diputado del PAN, planteó la adición de un artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de precisar los elementos mínimos para las reglas de operación de los programas gubernamentales de desarrollo social, y fijar estándares de calidad en el diseño y garantizar su eficacia, equidad y transparencia.

La propuesta, expuso, es importante “si se considera que el gobierno federal inició sus actividades con programas, cuyas reglas han sido señaladas como insuficientes o, incluso, deficientes por instituciones ciudadanas. El desarrollo social debe ser transparente y eficaz porque no es un proyecto de gobierno, es una obligación constitucional”.

Entre los requisitos mínimos se encuentran; cobertura, geografía y las características de los apoyos de los programas sociales. Para lograr mejor uso de los recursos, se establecen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y comprobación del gasto. Contempla la necesidad de evaluar la eficiencia de los programas y una aplicación equitativa de los recursos. Será analizada por la Comisión de Desarrollo Social.

Políticas transversales en la eficacia de la alerta de género

Del PRI, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de fortalecer las políticas transversales en orden a la eficacia de la alerta de género y ampliar las facultades del Poder Legislativo y de los congresos locales para escuchar y evaluar los informes de los encargados estatales y el secretariado ejecutivo del sistema que rinden anualmente.

En México tres mujeres son asesinadas al día. En lo que va del año se han cometido 13 mil 530 tipos de abusos en contra de las mujeres, 60 al día. En lo que va del año, 9 mil 928 mujeres han sido violadas, 47 al día, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el Inegi, sólo el 10 por ciento de las mujeres violadas denuncian el delito. Ante esta realidad, abundó, es innegable que en el país hay violencia sistemática en contra de las mujeres. La iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género.

Fortalecer el funcionamiento del INAI

Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen, iniciativa de la diputada Gloria Romero León (PAN), la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de fortalecer el funcionamiento del INAI.

La propuesta establece como requisito que para ser comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se debe poseer título profesional de nivel licenciatura y contar con experiencia en las materias de las que se ocupa dicho instituto de por lo menos tres años.

Además, se precisa que es necesario sustituir el concepto Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Congreso de la Ciudad de México; y reemplazar el concepto procurar por garantizar la paridad de género.

Precisar que los alimentos comprenderán la asistencia médica en casos de enfermedad

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) presentó iniciativa que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal con el objetivo de precisar que los alimentos comprenderán la asistencia médica en casos de enfermedad.

Asimismo, establece que en caso de las personas con alguna discapacidad o declarados en estado de interdicción, los alimentos comprenderán, además, lo necesario para lograr, en la medida de lo posible, su pleno desarrollo; y, estipular que para las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica ésta incorporará, además, todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.

La propuesta enviada a la Comisión de Justicia busca la eliminación de estereotipos de género en todos los ámbitos, pues de la forma que está redactada en la actualidad se atribuyen rasgos y comportamientos que justifican la discriminación.

Etiquetar con advertencia sobre daños a la salud

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena) propuso adicionar el artículo 216 de la Ley General de Salud para establecer que los alimentos o bebidas que por sus componentes contengan un 10 por ciento, o más de la ingesta diaria permitida de azúcares, sodio y grasas saturadas, y den origen o causen alguna enfermedad crónico-degenerativa, como resultado del consumo frecuente o excesivo, deberá ostentar en los envases, la leyenda: “el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud”.

Además, el mensaje deberá estar escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

La finalidad de la iniciativa —turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, Comercio y Competitividad— es la política de etiquetados claros, mediante un sistema de marcado de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, fácil de entender que ayude a consumidores a tomar elecciones más saludables, así como impulsar una cultura previsora, pues en nuestro país las enfermedades derivadas de ello, han tenido un gran impacto económico. Dijo que, en 2017, la Secretaría de Salud, estimó que el costo total de la obesidad fue de 240 mil millones de pesos.

Reducir uso de plástico desechable

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (Morena) propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de reducir el uso de plástico desechable y que el gobierno sea un actor importante para instrumentar estrategias y campañas de promoción en el consumo de plásticos, y llamar a todos los sectores para mejorar los procesos de consumo y de gestión de residuos de un sólo uso, así como el destino final de los productos de plásticos, y con ello reducir los daños al medio ambiente y la contaminación.

Se propone que, en la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, se observe el principio de promover opciones asequibles e inocuas para el medio ambiente y que reduzcan los residuos derivados de materiales de plástico desechables de un solo uso.

Además, aprobar políticas de reducción de plásticos, promoviendo en la industria acciones para minimizar los empaques de plásticos y rediseñar productos; promover alternativas ecológicas para eliminar progresivamente a los plásticos de un solo uso e impulsar estrategias de control sobre la problemática del uso del plástico y fortaleciendo a las industrias. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

Paridad de género en el Poder Judicial

También de Morena, la diputada Raquel Bonilla Herrera propuso reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de que el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promuevan el cumplimiento del principio de paridad de género en todas las áreas a su cargo y con ello alcanzar la paridad en 2025.

La iniciativa, remitida a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género, establece que es necesario imponer al Estado nuevos retos en materia de igualdad y no discriminación, reconociendo las necesidades diferenciadas para transformar las situaciones de injusticia de género.

La legisladora enfatizó que “es el momento para que en nuestro país se construyan las bases jurídicas, institucionales, programáticas y presupuestarias que garanticen igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; de instrumentar mecanismos institucionales para el avance de las mujeres en los diferentes poderes del Estado”.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para el próximo jueves 12 de septiembre, a las 11:00 horas.

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