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Bolet√≠n N°. 2277 Aprueban reformas para erradicar la violencia contra la mujer, conflicto de intereses y contratos p√ļblicos

27-09-2017.- La Comisi√≥n de Transparencia y Anticorrupci√≥n aprob√≥ el dictamen que reforma el art√≠culo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci√≥n P√ļblica, para establecer el seguimiento a datos estad√≠sticos sobre los registros de casos de violencia de g√©nero, ya que se deber√°n considerar como parte de la rendici√≥n de cuentas de los sujetos obligados.

La finalidad, explica el documento avalado, es que se visibilicen las estadísticas de los casos de violencia de género en los sujetos obligados de la ley, con el objetivo de que esta información sea utilizada para implantar acciones específicas y mejorar protocolos de acción y prevención.

Puntualiza que en 2017 se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento o acoso sexual en 51 instituciones de la administraci√≥n p√ļblica federal, en los que el 91 por ciento de las v√≠ctimas eran mujeres, por lo que conocer este tipo de datos de manera oportuna llevar√≠a a contar con mayor atenci√≥n.

Precisa que 8 por ciento de los casos son hombres, mientras que del uno por ciento no se precis√≥ el sexo de la persona afectada. El mayor n√ļmero de las denuncias fueron realizadas por mujeres de 35 a 39 a√Īos con el 12 por ciento de los casos, adem√°s que cuatro por ciento fueron mujeres denunciando a otras mujeres y seis por ciento de hombres denunciando a personas de su mismo g√©nero. S√≥lo uno por ciento fueron hombres denunciando a mujeres.

El acceso a la información puede aportar a la prevención y erradicación de la violencia por razón de género, porque permite conocer y dimensionar la medida en que ésta ocurre, además que facilita la investigación de los hechos, argumenta el documento.

Tambi√©n se aprob√≥ el dictamen que reforma la fracci√≥n II del art√≠culo 73 de la misma ley para que los sujetos obligados de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas pongan a disposici√≥n del p√ļblico y actualicen las versiones p√ļblicas del texto integro de todas las sentencias.

Se se√Īala que si las sentencias no se hacen p√ļblicas, no se conocer√°n las pr√°cticas discriminatorias y llenas de estereotipos de algunos jueces, las cuales s√≥lo se llegan a conocer al volverse medi√°ticas y afectan sobre todo a mujeres.

Enfatiza que ‚Äúno se puede tener un monitoreo de la labor de jueces y juezas si est√°n en la opacidad sus sentencias‚ÄĚ.

La comisión también avaló un dictamen que reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para precisar que hay intereses familiares, respecto al parentesco en línea sin limitación de grado, en lo colateral, por consanguinidad, hasta el cuarto grado y en lo colateral, por afinidad, hasta segundo.

Que existen intereses personales cuando se tenga amistad √≠ntima manifiesta que se haga patente mediante hechos o actitudes evidentes del servidor p√ļblico que la demuestre objetivamente, o con alguna de las personas mencionadas en el p√°rrafo anterior.

Declara que existen intereses de negocios cuando se trate de socios o sociedades de las que el servidor p√ļblico o sus familiares formen parte, o haya formado parte en el √ļltimo a√Īo.

Por √ļltimo, valid√≥ reformas al art√≠culo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P√ļblico, con el objetivo de especificar que el titular de la dependencia contratante deber√° suscribir los contratos correspondientes y ser√° responsable de vigilar el cumplimiento de los t√©rminos que se formalicen de este art√≠culo.

La finalidad es se imponga la obligaci√≥n y el compromiso a los responsables de celebrar los actos jur√≠dicos, como las contrataciones p√ļblicas, de vigilar su cabal y pleno cumplimiento, porque es en la ejecuci√≥n donde los beneficiarios, la mayor√≠a de las veces, se desentienden del deber contra√≠do, dejando en total detrimento al erario p√ļblico.

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